Seguramente a buena parte de la opinión pública catalana las elecciones de Castilla y León que se celebran hoy no le despiertan ningún interés, porque pase lo que pase no parece que nada vaya a cambiar demasiado, pero puestos a hacernos alguna ilusión, podría pasar que el resultado marque el inicio de un proceso de cambio incluso constitucional. Según varios sondeos, los partidos que se reclaman de la “España vaciada”, podrían determinar primero el gobierno de la región,  posteriormente decantar la mayoría en el Congreso de los Diputados, y a continuación poner en cuestión el sistema en su conjunto.

El fenómeno de la España vaciada es la primera rebelión castellana articulada contra el régimen del 78 y tiene interés porque surge de la barriga del toro. El sistema electoral adoptado en la transición implantó un oligopolio político diseñado para controlar el territorio y las instituciones desde Madrid de forma absolutista. El régimen electoral de listas provinciales cerradas y bloqueadas es una especie de simulacro democrático que cede todo el poder al líder o a la dirección del partido y los candidatos son cooptados no por sus méritos, por sus conocimientos o por su currículo, sino principalmente por la su capacidad de sumisión. Importa tan poco el interés por el territorio que las listas electorales y los cargos políticos se llenan de intrusos nada dispuestos a defender los intereses de la gente que los vota. Cádiz suele citarse como ejemplo. Rodrigo Rato y Alfredo Pérez-Rubalcaba fueron candidatos por la provincia andaluza sin tener más relación que alguna visita vacacional. De hecho Rubalcaba, en paz descanse, era un político de primera fila, pero no por eso fue candidato por Cádiz, por Santander, por Toledo y por Madrid en varios comicios. Él, como tantos y tantos políticos de la capital, tenía que ser diputado y la circunscripción era lo de menos. Ahora, Alícia Sánchez-Camacho es senadora por designación ...de la Asamblea de Madrid. En el Partido Popular la relación de los candidatos o cargos públicos con el territorio es casi casual. Presentan a Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona y se llevan a Enric Millo a la Junta de Andalucía y a Toni Cantó de Valencia en Madrid... No trabajan para  la gente que los ha elegido. La Marquesa de Casafuerte es un buen ejemplo de ello. Incluso la dirección del PP catalán se ha quejado de que no hace nada por quienes le han votado. Y el resultado es que las provincias y en general el territorio no tienen quien represente sus intereses, con las consecuencias conocidas.

La España vaciada lo está por abandonada, olvidada e incluso expoliada, donde la gente que puede no tiene más remedio que emigrar. Y no todo el mundo puede. El aumento de las desigualdades entre pobres y ricos es aún más profundo y más injusto entre la gente que vive en las grandes ciudades y los que viven en provincias y comarcas desatendidas. Esto vale para España y también para Catalunya. No existe la igualdad de oportunidades. Estudiar carrera universitaria para un joven nacido en el medio rural es un lujo solo al alcance de los hijos de los caciques. Los servicios públicos, la sanidad, la educación y el transporte que debería garantizar la movilidad funcionan rudimentariamente. El acceso a las nuevas tecnologías y la conectividad con la red, que ya hay que entender como un derecho fundamental, han espoleado el progreso de la humanidad, pero su diferente implantación ha abierto una brecha enorme entre la gran ciudad y el mundo rural. E, incluso, algunos politólogos pseudoprogresistas pretenden acentuar la injusticia denunciando la presunta sobrerrepresentación de las zonas menos pobladas en aras de la proporcionalidad del voto. Tienen que votar las personas y no las hectáreas, dicen. Ciertamente se necesitan muchos más votos para conseguir un diputado en Madrid que en Soria, pero en Madrid y en Barcelona con un megáfono o con un tuit se llega a cientos de miles de votantes, que además están conectados, tienen la escuela, el centro sanitario, la universidad y la empresa cerca de su casa, mientras que en un pueblo de la provincia de Soria solo tienen fácil el acceso a la iglesia.

El fenómeno de la España vaciada es la primera rebelión castellana articulada contra el régimen de 1978 que implantó un oligopolio político diseñado para controlar el territorio y todas las instituciones desde Madrid de manera absolutista

Todos los sistemas electorales tienen ventajas e inconvenientes, pero resulta difícil encontrar uno tan contrario a los intereses de los ciudadanos como el que se aplica en España (y en Catalunya). Ni el gerrymandering que practican en Estados Unidos los gobernadores republicanos para dificultar el voto de las minorías es tan deshonesto. Calculan los distritos para neutralizar el voto de los negros, pero no impiden a cada distrito tener su propio representante. En Francia, el diputado lo será con el apoyo de sus conciudadanos o no lo será. A pesar de ser Francia un país centralista, cada diputado de la Asamblea además de representar a la nación, se ocupa de su distrito, porque de lo contrario no lo volverán a votar. El esplendoroso paisaje francés tiene mucho que ver con el poder político de los agricultores  y la influencia de los diputados de provincias. El sistema electoral en Francia es mayoritario y a dos vueltas. En el Reino Unido, los miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos por distritos uninominales. Es el Gobierno el que depende de los diputados y no a la inversa, por eso ahora a Boris Johnson no le llega el cuello a la camisa.

Los castellanos han adquirido conciencia como españoles maltratados a consecuencia de la hipertrofia madrileña, advertida por Pasqual Maragall en los primeros años del siglo. “El magnífico paisaje pintado por la Constitución, una España plural, con idiomas, pueblos y nacionalidades unidas en un proyecto común, se iba como destiñendo para permitir la aparición de la auténtica, inmarcesible e incombustible pintura de fondo, la de la España radial, díscola, difícil y necesitada de una mano firme en el centro para controlar sus dominios (...). Es necesario que los ciudadanos de toda España tengan una idea clara de lo que ocurre en Madrid. Porque si no hay una reacción en toda España frente a la deriva de la política en la capital, podemos pagarlo muy caro”. La campaña de Castilla y León ha sido un ejemplo del desprecio en el territorio. Los líderes nacionales se han apropiado del debate en defensa de sus propios intereses, relegando los problemas específicos de las gentes castellanas. Por si fuera poco, cuando el PP se ha inquietado con las encuestas ha movilizado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que es como invitar al conde Drácula, principal vampiro que chupa la sangre de los castellanos. Cuando Ayuso dice que Madrid es España significa que el resto del territorio está a su servicio y por eso los castellanos que buscan futuro no tienen más remedio que emigrar a la capital, la gran succionadora de las energías españolas.

La reacción que reclamaba Maragall ha tardado pero ha empezado. Tomás Guitarte abrió los ojos a muchos ciudadanos del interior organizando una candidatura electoral con un nombre tan reivindicativo como Teruel Existe. Y ahora en Castilla y León se presentan con posibilidades de conseguir escaños no solo la Unión del Pueblo Leonés, también Soria Ya!, Por Ávila, Por Zamora, Vía Burgalesa y otros. Todos ellos suponen una seria amenaza al sistema de partidos que pone en evidencia la maldad de la ley electoral, el arbitrario e injusto distrito electoral y la falta de conexión entre candidatos y electores. Obviamente, más importante que lo que pueda ocurrir hoy es que la articulación política de la España vaciada determine mayorías de gobierno en el Congreso de los Diputados y fuercen un cambio. Dada la escasa vitalidad de los partidos convencionales, la irrupción de nuevos partidos con capacidad de dinamitar el bipartidismo imperfecto diseñado en 1978 puede aportar una fértil inestabilidad al sistema. Puede que sea solo una ilusión, pero es un nuevo toque de atención y gota a gota se llena la bota. Cuando la corrupción llega a la jefatura del Estado, la monarquía se tambalea, la justicia es arbitraria, los partidos convencionales van a la deriva y The Economist dice que el Estado español es una “democracia defectuosa” en cualquier momento una chispa puede provocar un incendio o una gota puede colmar el vaso, porque el grado de insatisfacción es generalizado y transversal.

Y un añadido sobre Catalunya. Aquí, teniendo como tenemos la misma ley electoral absolutista, resulta mucho más difícil la rebelión del mundo rural, porque la distribución demográfica y la propia ley electoral lo hace inviable. Nunca la Conca de Barberà o las Terres de l'Ebre, por poner dos ejemplos, podrán construir una candidatura electoral propia que pueda competir con las áreas urbanas de Tarragona. Aunque obtuvieran todos los votos, siempre serían superadas. Lo que necesitan es un distrito electoral propio para tener diputados también propios. Esto obligaría a una ley electoral casi mayoritaria, que los partidos que solo tienen votos metropolitanos no aceptarán jamás. Por eso no se cambia la ley y por eso un mismo diputado representa intereses tan distintos como los de Sant Adrià del Besòs y de Berga y acaba defendiendo nada más que su sueldo, no sea que no lo vuelvan a colocar en la lista.