Hace casi diez años, un alto cargo empresarial con el que me reuní me pidió que dejara mi teléfono móvil apagado y fuera de su despacho. Poco tiempo después, tuve otra reunión con el president Artur Mas y me pidió lo mismo. En ambos casos pregunté por qué y me dijeron que habían circulado informaciones sobre la adquisición por parte del Estado de un potente aparato de espionaje de última generación capaz de chupar toda la información contenida en los teléfonos. En esas fechas, una compañera periodista, que entonces trabajaba en El Periódico, escuchó en su móvil una conversación de un conocido dirigente de Convergència i Unió. Los Mossos confirmaron que ambos eran objeto de espionaje. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, supo antes que casi todo el mundo, cuando nadie lo esperaba, que Artur Mas daría el paso al lado en el último momento y, aún menos esperado, que Carles Puigdemont sería el nuevo president. Màrius Carol lo cuenta en su último libro. Días antes, cuando todo el mundo estaba pendiente de la Asamblea de la CUP que debatía si debía enviar a Artur Mas “a la papelera de la historia”, Fernández Díaz le dijo con antelación a una persona que conozco: “Saldrá un empate” y efectivamente, 1.515 a 1.515. Lo sabían todo.

El espionaje telefónico no es, desde el punto de vista técnico, muy complicado. Las policías, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia lo practican habitualmente, se supone —disculpen la ingenuidad— que con autorización judicial. Pero una cosa es grabar las conversaciones y otra espiar cada movimiento de la vida de una o mil personas. Para perfeccionar el espionaje, amparado con la vigente ley de secretos oficiales del franquismo, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el general Félix Sanz Roldán, director del CNI, idearon una reforma de peso en la estructura del espionaje español para crear la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Fue a través de una llamada “orden comunicada”, que suelen tener rango de “reservada” y cuyo contenido es mantenido en “secreto”. El periodista Miguel González publicó en El País que se trataba de "organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando los agentes desde la creación del servicio en 1977" para dar cobertura a operaciones de dudosa legalidad que hacía años que asumía el centro, como “la protección de la Monarquía frente a las amistades peligrosas del rey Juan Carlos, caldo de cultivo para chantajes y escándalos”. También para "vigilar el entorno de ETA", así como el "separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución". Según el colega de El País, "el CNI reforzó su presencia en Catalunya (actualmente tiene unos 160 agentes, a las órdenes de un coronel) y dio prioridad a la búsqueda de información estratégica, especialmente "una minuciosa radiografía de los 17.000 Mossos d'Esquadra, con un pronóstico sobre su actitud frente a un eventual conflicto de lealtades".

Dado que la defensa de la integridad territorial del Estado se considera una prioridad por encima de cualquier otra, los jueces y cuerpos policiales han perseguido a independentistas y similares como en las dictaduras se persigue a los "sospechosos habituales". Si quieren romper España deben tenerlos controlados... amparados en una ley secreta. Lo que es muy significativo es que la persecución de estos "sospechosos habituales" haya continuado hasta el presente, cuando el proceso soberanista ha hecho aguas por todas partes y el principal partido independentista, que gobierna la Generalitat, está garantizando la estabilidad parlamentaria del Gobierno del Estado. Eso significa que el Estado considera a los catalanes sospechosos para siempre y que la operación de espionaje contra la gente ideológicamente sospechosa será permanente e indefinida en el tiempo. Lo pone de manifiesto la reacción del Gobierno. En ningún momento, ni el Ejecutivo ni la Fiscalía han observado indicios de ilegalidad en el espionaje. Se han limitado a decir que en todo caso todo se ha hecho de acuerdo con la ley. Es evidente que la operación más descarada empezó cuando gobernaba el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez se lo ha encontrado hecho. Pero Pedro Sánchez, que es preceptivamente informado, no se ha atrevido a frenar la infamia. Lo más grotesco ha sido la portavoz diciendo "nosotros no hemos sido" para intentar que ERC no les complique la legislatura. Como un juez lo ha autorizado se lavan las manos. También es muy significativo el silencio de los partidos de la oposición de derechas y sus medios afines. Podrían aprovechar para acorralar a Pedro Sánchez y que perdiera la mayoría parlamentaria que lo apoya, pero no pueden hacerlo porque saben que todo es cosa de ellos y han preferido ignorar el asunto, sobre todo porque la democracia, el respeto a los derechos fundamentales, les importan una mierda y consideran que contra las independentistas todo vale... y todo valdrá.

Y llegamos a la conclusión. Las informaciones sobre el espionaje sistemático con el uso del sistema Pegasus a dirigentes políticos y a personas de la sociedad civil, no solo catalanes y no solo independentistas, confirman que en España se ha producido un golpe de Estado en el sentido que le daba el jurista Hans Kelsen. Ya no se puede decir que España es una democracia defectuosa, porque no hay democracia cuando el Estado tiene barra libre para perseguir a los adversarios políticos. Hans Kelsen (Praga, 1881-Berkeley 1973) jurista europeo de referencia en el ámbito del constitucionalismo, consideraba que un golpe de Estado no necesita un levantamiento violento, sino que es suficiente “cuando el orden jurídico de una comunidad es anulado y sustituido de forma ilegítima por un nuevo orden”. En su Teoría Pura del Derecho, Kelsen señala que el golpe de Estado se produce “cuando se modifica, cambia o sustituye la Constitución sin seguir lo que dispone la Constitución en vigor”. Es obvio que en España se han tergiversado los principios que inspiraron la Constitución del 78 a base de interpretarlos en sentido contrario a la voluntad del legislador. Solo hay que revisar el debate de las Cortes constituyentes para entender que nunca se hizo un texto pensando que permitiría estos y otros abusos (ley mordaza y una serie de leyes y reglamentos avalados por el búnker judicial y el Tribunal Constitucional) que deberían avergonzar al demócrata menos exigente. Desde el año 2000, la derecha que votó en contra de la Constitución y sus ramales judiciales, empresariales y mediáticos se han apropiado de la Carta Magna para imponer un cambio regresivo de principios y valores. Y lo más dramático es que la izquierda lo ha avalado. Incluso se impide el acceso de determinados grupos parlamentarios legítimamente constituidos a formar parte de la comisión de secretos oficiales por considerarlos, también a Unidas Podemos, una amenaza a la seguridad nacional. Se mire como se mire, esto es un cambio de paradigma, es un golpe de Estado.