"La gran injusticia", Fernando Ónega

La prueba de que la amnistía fiscal no es muy defendible es esta: hace sólo dos años, cuando gobernaban los socialistas y el PP estaba en la oposición, se le ocurrió a Rodríguez Zapatero. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Descalificar la idea. Rajoy, según se recuerda estos días, la incluyó en el amplio capítulo de las ocurrencias del anterior presidente. Y varios de sus portavoces se lanzaron contra la iniciativa con la consigna de que era antisocial. Lo menos que puede hacer ahora el actual gobierno es aceptar las críticas por poner en práctica lo que hace dos años condenaba. Y, si entonces cometió un error al frenar el proyecto nonato de Zapatero, aceptar su propia responsabilidad y reconocer que la realidad es distinta vista desde la oposición.

La realidad actual es que hay que sacar dinero de las piedras. Lo dijo claramente el portavoz parlamentario Alfonso Alonso: si no se hace la amnistía, habría que subir el IVA. Estamos, por tanto, ante la típica medida que se adopta tapándose la nariz. Lo peor es el componente ético. Cada día aparece algún texto que recuerda el fraude fiscal que existe en este país, bien sea como evasión directa o en formato de economía sumergida. Desde hace treinta años se ha creado una importante conciencia fiscal. Los medios más eficientes del Estado se han puesto a disposición del control tributario, como corresponde a un Estado moderno.

Y, al mismo tiempo, en la sociedad ha cundido una sensación: sólo paga quien no puede evadirse, mientras que las nóminas pagan por todos los demás.

Lo que hace una amnistía fiscal es confirmar esa sensación, con un agravante: beneficia a quien ha evadido. ¿Qué se hace ahora con las inspecciones en marcha sobre personas y empresas que nunca han evadido ni defraudado un euro, pero sufren una auténtica extorsión por las necesidades del tesorería del Estado? ¿Con qué autoridad moral se multa y se exigen intereses a quienes quizá sólo han cometido un error en la tributación? Esta es la gran injusticia de una amnistía: crea dos clases de ciudadanos, los cumplidores, que son perseguidos, y los defraudadores, a los que sólo falta hacer un homenaje cuando afloren su capital.

3-IV-12, Fernando Ónega, lavanguardia