"Amnistía y justicia", Antonio Durán-Sindreu Buxadé

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno está suscitando todo tipo de comentarios y críticas. Es indudable que el Estado necesita de forma imperiosa mayores recursos y que la carga fiscal que globalmente soportamos es realmente muy alta.

Pero por poco que meditemos, coincidiremos en que el perfil del contribuyente beneficiado por la amnistía es el de aquel ciudadano de renta alta que tiene los recursos económicos suficientes para invertir rentas no declaradas fuera del control de la Administración. Por el contrario, el perfil del contribuyente que cumple sus obligaciones es el de aquel ciudadano que tiene sus rentas controladas por la Administración o que soporta un calvario de obligaciones que dificultan el normal funcionamiento de su empresa. Se trata de contribuyentes, especialmente en el caso de las empresas, que han tenido que aceptar sin rechistar todas las obligaciones que se les ha impuesto: desde la presentación telemática de declaraciones, pasando por las notificaciones electrónicas, hasta la obligación de documentar las operaciones vinculadas y un largo etcétera que en nada incentiva al emprendedor y al empresario en general; contribuyentes que en su mayoría están convencidos de que no pagan más impuestos quienes realmente más ganan y que confiaban en la lucha contra el fraude; trabajadores, empleados, directivos y otros contribuyentes que son más pobres o menos ricos desde el pasado febrero porque el Gobierno consideró que la forma más justa de repartir  el esfuerzo impositivo que las circunstanciasimponen era aumentar el IRPF. Y contribuyentes, en definitiva, que contemplan atónitos y con indignación que quien no ha declarado puede ahora regularizar voluntariamente pagando el módico tipo del 10% sin necesidad de que el dinero no declarado que se refugia en algún recóndito lugar fuera de nuestras fronteras se repatríe. Esta es la realidad. Ninguna consideración para quien ha cumplido y todas las facilidades para quien no lo ha hecho.

Y la Constitución es muy clara: todos estamos obligados a contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica. Los impuestos son una obligación constitucional y su recaudación se destina a financiar los servicios públicos, las prestaciones sociales y, en términos generales, el gasto público irresponsablemente gestionado, por cierto, por nuestros políticos. Pero los impuestos son, también, un deber que tenemos como ciudadanos para financiar un Estado más justo. Desde esta perspectiva, una amnistía como la que se propone vulnera, en nuestra opinión, el principio constitucional de igualdad y choca frontalmente con los principios impositivos que proclama nuestra Carta Magna.

Sea como fuere, lo cierto es que la decisión se ha centrado en optar entre el pragmatismo fiscal o la justicia tributaria. Y el Gobierno, sin duda, ha optado por el pragmatismo en detrimento de la justicia.

7-IV-12, Antonio Durán-Sindreu Buxadé, presidente de la AEDAF y profesor de la UPF, lavanguardia