inaceptables recortes en principios fundamentales como la igualdad ante la Ley
El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (Cicac) alertó ayer del peligro que la crisis pueda causar que exista una justicia para pobres y otra para los pudientes. El recorte en las partidas para justicia gratuita y la imposición de tasas estatales y autonómicas en los litigios puede cercenar el acceso a los tribunales de las economías menos boyantes. Es una situación muy similar a la sanidad, donde existe un vivo debate. Es evidente que en España se ha producido una excesiva judicialización de la actividad cotidiana, pero hay que evitar el colapso de los tribunales se alivie mediante medidas económicas que cercenen derechos de los que, además, tienen menos capacidad monetaria para defenderse. Una cosa es el sentido común y otro el libre acceso a la tutela judicial. Se deben limitar los pleitos absurdos, pero es peligroso un rasero económico, porque la injusticia no siempre va ligada a una cantidad, sino a la situación que se crea o al derecho que se atropella.
13-IV-12, lavanguardia
A la justicia gratuita tienen acceso quienes tienen unos ingresos máximos de 1.060 euros al mes. Una particularidad es en penal: la primera atención puede llevarse a cabo por un abogado de oficio, por el derecho constitucional a ser defendido, pero si el acusado está por encima de esta ratio debe pagar el letrado.
Lo que pasa es que la tendencia legislativa no va a favor de los menos pudientes, según pusieron ayer de relieve en el Cicac. Por ejemplo, debido a las tasas judiciales, quien ahora quiera plantear un recurso ante la Audiencia de Barcelona deberá pagar casi mil euros en tasas (estatales y autonómicas). Esto hará que mucha gente se lo plantee, lo cual es especialmente grave, según expusieron ayer, por cuanto el 40% de las sentencias de apelación de la Audiencia son revocatorias. Y para ir al Tribunal Supremo, las cuantías económicas de los pleitos son aún mayores.
A esto se unen los recortes que se están produciendo, y que afectan a unas cantidades que ya no son muy altas. En Catalunya hay unos 6.500 abogados que están apuntados al turno de oficio, que no está pensado como modo de vida pero que ayuda a veces a completar el mes. Actualmente, un letrado de oficio que se haga cargo de un jurado (que implica más de un año de trabajo) cobra por todo el proceso 529,94 euros. Por un divorcio se perciben 413,79 euros. Una guardia de 24 horas en violencia doméstica supone 169,14 euros, que se convierten en 60 si no se produce ninguna asistencia a detenidos. La intención del departamento, según el Cicac, es disminuir un 5% más la partida, unido al 5% que ya se ha llevado a término este año. Los datos del Cicac señalan que en el 2011 la partida de justicia gratuita fue de 56.157.944 euros; mientras que en el 2010 fue de 57.755.597; fondos que abona la Generalitat a los colegios para que se hagan cargo de la gestión de este particular. Los responsables del Cicac dijeron que los letrados cobran dos meses después de haber prestado el servicio.
13-IV-12, S. Tarín, lavanguardia