dejamos sin Atención Sanitaria a sinpapeles, y conpapeles, ...

El real decreto de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud, un título ampuloso pero menos farragoso que el texto, supone una serie de elementos nuevos en la sanidad española. Matiza el decreto el concepto de sanidad universal al reintroducir el de asegurado, que no sólo aparta de hecho a sectores de la población, sino que, según los expertos, apunta hacia diversos niveles de aseguramiento, incluido el privado, a semejanza de otros países europeos. En este sentido, no parece exagerado hablar de la reintroducción del concepto de "beneficencia", como señalan algunos, al asumir el sistema la prestación para aquellos ciudadanos que documenten su condición de "pobres".

Otro elemento nuevo es que el decreto introduce variantes según la renta del "asegurado" y no de su edad, como hasta ahora. Así, el llamado copago farmacéutico se extiende a los pensionistas, lo que lógicamente afecta a sus ingresos. También divide las prestaciones sanitarias en tres categorías: básicas, suplementarias y accesorias, lo que supone un cambio sustancial y abre la puerta a nuevos copagos, como en el transporte llamado no urgente, la ortopedia y los alimentos dietéticos para aquellos pacientes que sufren trastornos metabólicos congénitos. Unas medidas que han provocado la alarma en grupos de pacientes como los diabéticos, los que reciben tratamiento de radio o quimioterapia, o que precisan rehabilitación, así como en las familias con niños celiacos o alérgicos a la lactosa.

La lucha contra el clima de gratis total que se había establecido es un elemento positivo, pero el decreto del Gobierno va mucho más allá. Por ejemplo, a la exclusión de los inmigrantes sin papeles se añade el colectivo de personas de más de 26 años que no han tenido ninguna relación laboral y que, por tanto, no han cotizado a la Seguridad Social, grupo que, en estos momentos de crisis, es numeroso. Los afectados deberán demostrar que no cuentan con ingresos para que se les otorgue la tarjeta sanitaria. Habrá que ver cómo se aplica una medida tan controvertida porque podría dar lugar a situaciones de exclusión impropias.

Tampoco está claro que el objetivo de ahorro alcance los 7.000 millones que propone el Gobierno. Por ejemplo, en el caso de los llamados simpapeles, un colectivo de unos 150.000 ciudadanos, el ahorro será relativo, por cuanto se trata en su mayoría de gente joven que apenas utiliza el sistema sanitario. Por el contrario, los médicos alertan sobre la posibilidad de que esta desatención abra la puerta a enfermedades que hasta ahora prácticamente habían sido erradicadas de nuestro entorno, lo que acaba aumentando el gasto, como ha sucedido en países vecinos que, habiendo tomado una medida similar, tuvieron que dar marcha atrás.

Al tratarse de un real decreto, no existe posibilidad de enmiendas parlamentarias. Se trata de unas medidas que afectan a la esencia de un sistema sanitario que hasta ahora había sido considerado uno de los mejores del mundo y de una efectividad cuya consecuencia ha sido el aumento de la esperanza de vida de los españoles. Una cosa es racionalizar el sistema y otra deconstruir lo alcanzado para un sistema nuevo menos garantista. El Gobierno debe reflexionar sobre algunas de la medidas, especialmente aquellas que afectan a sectores muy concretos de ciudadanos y cuya puesta en marcha supone un ahorro relativamente bajo y, por tanto, asumible por la colectividad.

26-IV-12, C. López/A. MacPherson, lavanguardia