"La solución Bankia", Manel Pérez

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, pidió ayer que la solución del Gobierno para Bankia se aplique también para Nova Caixa Galicia, la entidad financiera de su comunidad fruto de la reconversión de sus cajas de ahorros. La misma petición, pero en formato reservado la formuló Artur Mas, el presidente de la Generalitat en referencia a Catalunya Caixa, en una conversación con Luis de Guindos, el ministro de Economía y encargado de torear la fiera de la crisis bancaria. Pero en el caso del catalán, la idea se formuló antes incluso de la nacionalización del fallido germen de gran banco del PP, cuando existían sospechas de que el Gobierno podía caer en la tentación de encontrar una solución a medida para salvar a Bankia sin nacionalización pero echando mano de los recursos públicos.

¿En qué consiste la solución Bankia? El propio De Guindos lo dijo con claridad en su comparecencia parlamentaria del pasado miércoles: el Estado aportará todo el dinero que Bankia necesite para asegurar su viabilidad.

No debe extrañar pues que este sea ahora el objetivo de quienes tienen interés en mantener bancos operativos en su territorio. El primer movimiento se ha producido con la decisión de aplazar dos semanas la subasta de Catalunya Bank.

Guindos abrió la puerta a esa decisión en su comparecencia parlamentaria antes mencionada. Y la enmarcó en un marco más amplio. Sumando todas las entidades que han pasado a ser controladas por el Estado, éste cuenta ya con una cuota del 20% del mercado bancario español. Suficiente como para que en caso de actuar de forma centralizada, el resto del sector se encuentre de manera inesperada con un competidor formidable, solvente al contar con el respaldo público, y con planes de viabilidad adecuadamente financiados.

Una advertencia del ministro que no ha sentado demasiado bien a algunos banqueros. Aunque el mensaje del ministro bien se puede leer desde otra perspectiva: está en manos de los bancos, especialmente de los más grandes, decidir si dejan que eso ocurra, jugando a no acudir a las subastas previstas o haciéndola con ofertas de derribo, o se lo toman en serio y presentan propuestas que no supongan un agujero para las cuentas públicas y el bolsillo del contribuyente.

Hasta aquí pueden coincidir los intereses del Gobierno y de los interesados en que las entidades financieras de su comunidad no acaben convertidas en simples recuerdos. Máxime en un momento en el que el acceso al crédito se ha convertido en un bien tan escaso como los puestos de trabajo.

Las diferencias de criterio entre los políticos pueden emergen al definir con más precisión los proyectos. Cuando De Guindos coquetea con la idea de una gran banca pública, ¿piensa en una entidad centralizada con sede en la capital del Reino y que una vez privatizada juegue el papel que en su día algunos pensaron era la misión de Rodrigo Rato y Bankia?

¿O lleva en la cabeza un esquema que mantenga vivas las diferentes entidades implicadas, sus marcas y que, en el futuro, puedan volver al mercado de forma independiente?

Este será uno de los puntos clave que el Gobierno deberá definir si, al final, las subastas no acaban provocando un cambio de propietarios, del Estado a alguno de los seis grupos que, en el caso de Catalunya Bank han acabado mostrando interés.

También debe tener en cuenta criterios de gestión. Bankia es un fiasco, hay consenso en este punto, resultado de concentrar bajo un mismo paraguas entidades en mala situación, especialmente las enladrilladas Caja Madrid y Bankia. El equipo de José Ignacio Goirigolzarri debe ahora recurrir a las ayudas públicas para sanear la entidad al menor coste.

Las otras participaciones bancarias del Estado, a las que tendrá que aportar aún más dinero de forma inmediata si no se produce la adjudicación, también padecen una sobredigestión inmobiliaria. Juntarlo todo puede ser tan peligroso como las otras experiencias pasadas. En fin, la crisis financiera se adentra ahora en un nuevo sendero.

25-V-12, Manel Pérez, lavanguardia

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