España cañí -57: trama de ONGs y Gobierno para desviar fondos para comprar(se) pisos

- dossier España cañí

El ex socio de un hermano del conseller factura a la fundación matriz de la trama
Fundaciones y ONG socias de la federación afín al PP

Las ONG tendrán que volver a pagar el 1% de sus ayudas para propaganda

La conselleria de Blasco y el entramado de ONG

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias previas de investigación sobre las ayudas públicas que la desaparecida Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dio a la Fundación Cultural de Estudios Sociales (Fundación Cyes, no confundir con la empresa constructora). En concreto analiza presuntas irregularidades en el uso de 1,6 millones de subvención en 2008 para un proyecto en Nicaragua que podrían haber sido utilizados en la compra de inmuebles, así como posibles defectos en la concesión de la ayuda por parte de la Generalitat. La diputada del PSPV Clara Tirado, que ejerce la acusación pública, exige que se dirima si el exconseller del ramo, Rafael Blasco, y el actual director general de Integración, Josep María Felip, así como otros altos cargos del Consell, pueden tener "responsabilidades contables" en esta adjudicación.
La iniciativa de la Sección de Enjuiciamiento número 3 del Tribunal de Cuentas de investigar las ayudas de la Generalitat a la Fundación Cyes nace de un informe de la Sindicatura de Comptes que concluyó el pasado mes de abril que la ONG no cumplía los requisitos para recibir 1,6 millones de ayuda para la construcción de dos pozos en Nicaragua. Esta actuación del auditor público se realizó a petición del Grupo Parlametario Popular en las Corts Valencianes.
Además, este informe de la Sindicatura tuvo un voto particular, el primero en la historia de la institución. El síndico Antonio Mira-Perceval asegura que la conselleria no debía haber concedido la ayuda a Cyes por no acreditar su experiencia y porque en el proyecto contemplaba la compra de inmuebles. Mira-Perceval también concluye que "no existe constancia en el expediente de que una parte de los gastos, por importe de 1.168.281 euros, haya sido pagada por la fundación Cyes por lo que la Conselleria debería haber iniciado el correspondiente expediente de reintegro por dicho importe".
Junto al informe de la Sindicatura de Comptes, la diputada del PSPV Clara Tirado adjuntó una documentación en la que aseguraba que la cartera que dirigía Rafael Blasco permitió que la Fundación Cyes comprara dos inmuebles en la ciudad de Valencia con el dinero de cooperación que tenía que haber sido destinado a la construcción de pozos en Nicaragua. Tirado cree que el dinero desviado "cuya justificación no cumple la legislación vigente" puede alcanzar los 1.331.594 euros.
La diputada socialista exige "responsabilidad contable contra la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, su conseller Rafael Blasco, Josep María Felip, director general de Inmigración, y cuantos cargos de la citada conselleria hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable, asimismo, contra el administrador de la Fundación Cyes, por los prejuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunitat Valenciana".
El Tribunal de Cuentas ha trasladado toda la documentación al Fiscal Anticorrupción, que ya investiga estas ayudas y otras otorgadas a media docena más de ONG, al Abogado del Estado y al representante legal de los Servicios Jurídicos de la Comunitat Valencian a fin de que aleguen.
Según ha podido saber este periódico, la Abogacía de la Generalitat presentó sus alegaciones el mes de junio, días después de la apertura de diligencias. Fuentes del Consell aseguraron que "no existen irregularidades" en la concesión de ayudas. En la argumentación presentada al tribunal, las mismas fuentes explican que la Conselleria rechazó las facturas de compra de pisos. Los argumentos son los mismos que ya presentara el PP a la Sindicatura.

X-11, sergi pitarch, levante-emv

El pasado 8 de octubre de 2010 Levante-EMV publicaba la información "El Consell auspicia un entramado de ONG que desvía dinero de cooperación a sus empresas". Un año y tres meses después, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha ordenado la detención de 14 personas, entre ellas tres funcionarios públicos, presuntamente por haber montado una red para enriquecerse ilícitamente de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo y por lo que se les acusa de los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Este periódico detalló en su día como la mayoría de los ahora detenidos habían colaborado con personal de la Consellería para que les adjudicaran subvenciones a proyectos de cooperación a través de la Fundación Hemisferio, antes conocida como Fundación Solidaria Entre Pueblos. Esta entidad había sido creada por las empresas Arcmed y Dinamiz-e, que a su vez realizaban trabajos directos que supuestamente no se habrían hecho. La mayoría por asesoramiento y valoración técnica, todos muy difíciles de contabilizar. Hemisferio asesoraba a pequeñas ONG con pocos recursos y les "metía" facturas de la trama de empresas. Es el caso de Fudersa, Ceiba, Asa de África y Esperanza sin Fronteras. Algunas con conocimiento y otras sin saberlo.
Este entramado de empresas se benefició de ayudas de cooperación en las convocatorias de la Consellería de Cooperación de 2009 y 2010. Según cálculos de la policía el dinero público concedido pudo superar los cinco millones de euros. Además, la Fundación Hemisferio recibió 175.000 euros de la Conselleria que dirigió Blasco para asesorar técnicamente la construcción del Hospital de Haití en el que la Generalitat iba a invertir otros 4 millones de euros, pero que no se ha llegado a realizar.
Tras la Fundación Hemisferio no sólo estaban los propietarios de las empresas Arcmed y Dinamiz-e, Alfonso Navarro Torres y Adolfo Soler Sempere, si no que según ha averiguado la policía y así lo ha hecho saber en las detenciones, estaban los hermanos Augusto César y Arturo Tauroni. El poder de la asociación en la sombra.
Como ya publicó este periódico, la Fundación Hemisferio tenía un contacto dentro de la Conselleria de Cooperación con el que se coordinaban para que las ayudas públicas se adjudicaran a las ONG que asesoraban sin que fueran los mejores proyectos técnicos. Es más, en alguno de los casos los proyectos presentados eran plagios de otros aprobados en años anteriores o directamente copiados de la página web "El Rincón del Vago".
Ayer detuvieron a tres personas relacionadas con la Conselleria de Cooperación por estos motivos. El director general de Inmigración, Josep María Felip, el ex jefe de Área de Cooperación en los años del escándalo, Marc Llinares, y el exsubsecretario autonómico de Cooperación, Alexandre Català. Todos ellos formaban parte del área de Cooperación ahora investigada.

Pisos por pozos de riego
Además del entramado de ONG que desveló este periódico, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga una ayuda otorgada por la Consellería de Cooperación y validada por Felip en la que se habrían gastado 1,8 millones de euros para construir pozos en Nicaragua en la compra de dos pisos en la Avenida Ausiàs March de Valencia.
En este caso, el detenido es el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), Marcial López López. La fundación de López fue la beneficiaria de los pisos mientras el dinero que debía haber llegado a Nicaragua nunca lo hizo.
La investigación ha podido enlazar estos dos entramados gracias a la empresa Arcmed, ya que esta firma es la que fundó Hemisferio y una de las que cobró más de 400.000 euros por estudios en los pozos de Nicaragua.

Dos demandas y un alud de rectificaciones contra Levante-EMV que ahora se confirman

Levante-EMV fue objetivo de numerosos ataques y denuncias por parte de la Fundación Hemisferio. Más de una veintena de rectificaciones y hasta dos demandas en el juzgado que los magistrados acabaron por archivar dando la razón a este periódico e imponiendo las costas a la organización. Las dos informaciones que pretendieron ser rectificadas por la Fundación Hemisferio y que el juez le denegó son "La matriz de la trama tenía poderes en cuentas de las ONG subvencionadas por la Generalitat" y "Blasco encargó a dedo el hospital de Haití a la matriz de la trama y le adelantó 177.000 euros". Le recordaba además, la buena voluntad del periódico de haberles dado voz en otras ocasiones e incluso sus pretensiones de rectificar algunos matices de las informaciones. El magistrado se apoyaba en sentencias anteriores del Tribunal Constitucional para dar la razón a Levante-EMV. Según explicó, "la rectificación debe limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar, no comprendiendo este derecho todo lo que en la respuesta signifique opinión o juicio de valor, lo que supone en suma que no puede exceder la pretensión de corrección de los estrictos hechos contenidos en la publicación, en la información divulgada". La estrategia de Hemisferio fue desde un principio frenar las indagaciones que este periódico iba haciendo y que posteriormente fueron denunciadas por Compromís. Antes había acudido al Fiscal el PSPV.