China responde a las autoinmolaciones de tibetanos con una represión masiva en Lhasa

Tensión en Tíbet. Las fuerzas del orden chinas han lanzado una vasta operación de seguridad y han detenido a cientos de personas en los últimos tres días en Lhasa, la capital de la región autónoma tibetana. La mayor ofensiva policial desde el 2008 se desarrolla en respuesta a las inmolaciones de dos jóvenes monjes en el centro de Lhasa el pasado domingo.

El Gobierno chino ha iniciado una campaña de detenciones en Lhasa que se ha saldado, por el momento, con unas 600 personas detenidas, entre residentes y peregrinos. Estos últimos habrían sido expulsados de la ciudad y obligados a regresar a sus casas, según señalaban ayer varias organizaciones defensoras de los derechos de los tibetanos y la emisora estadounidense Radio Free Asia, que tiene un servicio en tibetano y citaba fuentes locales. Una información, por otra parte, de difícil verificación debido a que los medios de comunicación extranjeros tienen prohibido el acceso a esta región.

 

Esta operación desencadenada por las fuerzas de seguridad chinas tiene por objetivo evitar que se reproduzcan los actos de protestas que tuvieron lugar el pasado domingo. Este día, dos jóvenes monjes se prendieron fuego a lo bonzo frente al templo Jokhang, un famoso lugar de peregrinación situado en el centro de Lhasa. La acción, que tuvo lugar cuando la ciudad estaba atestada de peregrinos que habían viajado a la urbe tibetana para celebrar Saga Dawa –el aniversario del nacimiento de Buda–, tenía como objetivo protestar por la represión cultural y religiosa contra la minoría tibetana por parte de China. Según la agencia Xinhua, uno de los dos jóvenes murió y el otro sobrevivió a las heridas.

Esta iniciativa, la primera de este tipo que ha tenido como escenario la capital tibetana, es lo que ha impulsado a las autoridades chinas a redoblar las medidas de seguridad en Lhasa, una ciudad que ya de por sí se halla bajo fuertes medidas de control desde los violentos disturbios que estallaron en el año 2008. Según las organizaciones pro derechos tibetanos, las fuerzas de seguridad chinas estarían llevando a cabo controles de identidad en las calles y la telefonía móvil habría sido bloqueada.

Y es que el Gobierno chino quiere evitar a toda costa que se propague el ejemplo y sigan aumentando las inmolaciones de personas de etnia tibetana. Una práctica que desde marzo del 2011 han llevado a cabo 35 personas, de las que 27 han fallecido, según los grupos de defensa de los derechos tibetanos. La última inmolación tuvo lugar ayer mismo y la protagonizó una mujer de 33 años, madre de tres hijos, que se prendió fuego cerca de un monasterio en la prefectura de Aba, en la provincia de Sichuan.

Los dirigentes de Pekín culpan al Dalái Lama, el líder espiritual de los tibetanos, de incitar las inmolaciones y alentar el separatismo. Acusación que rechazan el Dalái, el gobierno tibetano en el exilio y los grupos de activistas, que afirman que las inmolaciones son un acto de protesta contra la represión que ejerce China sobre esta etnia. Una afirmación que Pekín niega y subraya que los tibetanos han mejorado sus condiciones de vida gracias a la expansión económica de China.

Las autoridades del país asiático temen, además, que estas protestas se prolonguen en el tiempo, se solapen con otras y extiendan los desórdenes sociales. Son fechas consideradas sensibles por Pekín, ya que coinciden la celebración del festival budista, que comenzó la semana pasada y durará un mes, y el 23.º aniversario de la matanza de Tiananmen, la noche del 3 al 4 de junio de 1989, en la que murieron entre 400 y 2.000 personas según las versiones.

1-VI-12, I. Ambrós, lavanguardia