"Dívar, autoridad y poder", lavanguardia

La penosa peripecia del magistrado Carlos Dívar durante los últimos días -culminada ayer con su dimisión- invita a una reflexión que trascienda del caso concreto que protagoniza para incidir en la densa atmósfera de crisis institucional que afecta a buena parte de los órganos que integran el entramado jurídico del Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Supremo pasando por el Consejo General del Poder Judicial. Esta reflexión debe partir de una constatación básica: la de que, más allá de tener encomendada la potestad de juzgar, el magistrado ha de estar investido de autoridad.

La autoridad no tiene nada que ver con el poder, pues se trata de una cualidad moral propia de aquellos que acostumbran a decir lo que piensan e intentan obrar en consecuencia con lo que dicen. De ahí que autoridad equivalga a credibilidad y ejemplaridad. Y de ahí también que sólo en una persona creíble y de conducta ejemplar se pueda depositar la confianza. Lo que significa que se debe rechazar la idea, muy extendida en los estados modernos, de que sólo quien tiene el poder goza de autoridad, es decir, de que no hay más autoridad que la del gobierno, sus delegados y los funcionarios por él designados; cuando es lo cierto que la autoridad es siempre fruto de un reconocimiento social individualizado, que premia una larga trayectoria de servicios distinguidos a la comunidad.

De esta naturaleza social y no oficial de la autoridad se derivan dos consecuencias. Es la primera que el nombramiento o designación de las más altas magistraturas debe hacerse tras haber aquilatado cuidadosamente las cualidades personales del elegido, en especial, si está dotado o no de aquella autoridad que sólo emana de su credibilidad y de su ejemplaridad. Lo que significa que se debe huir de improvisaciones, frivolidades, cálculos partidistas y demás perversiones de la función de gobierno, que, si siempre son reprensibles, revisten especial gravedad cuando inciden en quienes tienen en sus manos, como jueces, la libertad, la honra y el patrimonio de sus conciudadanos. Y la segunda consecuencia es la que obliga en conciencia a dimitir a todo aquel juez que haya perdido la confianza de sus conciudadanos, hasta el punto de que estos se nieguen a reconocerle la autoridad precisa para juzgar, aunque mantenga la potestad de hacerlo.

Hay tres oficios que implican un plus de exigencia en quienes los ejercen: el de los que enseñan, el de los que curan y el de los que juzgan. Este plus de exigencia es, para los jueces, el de estar revestidos de autoridad moral.

22-VI-12, lavanguardia