confianza ciudadana: médicos, científicos y profesores, arriba; partidos, obispos y bancos, abajo

Metroscopia elabora desde hace un año un Barómetro de la Confianza en España, en el que pregunta a los ciudadanos por la aprobación o desaprobación que les merecen un total de treinta y cinco instituciones, grupos sociales o figuras públicas. El colectivo que consigue un mayor nivel de confianza es el de los médicos (93%), seguido de los científicos (90%), los profesores de enseñanza pública (88%) y las pequeñas y medianas empresas (87%). En la banda contraria, aquellas instituciones de las que más desconfían los españoles son los partidos políticos, a los que sólo aprueba un 9%, seguidos de los bancos (11%), el Parlamento (16%) y los obispos (16%). Les siguen en el hit parade del recelo social la patronal, el Gobierno y los sindicatos.

Analizando más detenidamente el estudio, se perciben cosas curiosas: Cáritas obtiene un grado de aprobación que duplica al de la Iglesia católica, el Príncipe merece más confianza (siete puntos más) que el Rey y la Guardia Civil golea al Tribunal Supremo (74 a 27). La radio obtiene mayor aplauso que la prensa y esta es valorada muy por encima de la televisión, a la que desaprueba la mitad del país.

La fotografía de España que resulta del estudio debería preocupar a los dirigentes políticos y sociales, aunque José Juan Toharia, presidente de Metroscopia y catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, piensa que esta desconfianza respecto a las instituciones, especialmente de las más directamente relacionadas con la gestión de asuntos públicos, no ha de inquietar a nadie. A su juicio, es un fenómeno propio de democracias maduras y consolidadas, con ciudadanos cada vez mejor informados, más críticos y exigentes. Sin embargo, el rechazo tremendo al Parlamento, verdadero órgano de la soberanía popular, con un 81% de desaprobación, merecería que los partidos, el farolillo rojo de las instituciones, propusieran un debate en profundidad sobre cómo conseguir acercarse a los ciudadanos, cómo lograr una democracia más participativa y cómo obtener mayor respeto de la colectividad.

El dato más positivo es que la sociedad entiende la labor de la educación, de la ciencia y de las pequeñas y medianas empresas. Todas ellas obtienen altos índices de confianza, como si el país tuviera claro que a través de una buena formación, de la investigación y del tejido empresarial podremos volver a crecer. Un problema no sólo económico lo tienen los bancos (88% de desaprobación), que han pasado de ser depositarios de la confianza de los ciudadanos, a causar grandes recelos por su papel en la crisis.

4-VII-12, Màrius Carol, lavanguardia

Desde hace ya al menos tres decenios se viene detectando, en todos los países democráticos, una tendencia de ambigua evaluación: aumenta la proporción de ciudadanos que expresan su desconfianza respecto de las instituciones sociales, y muy especialmente respecto de las más directamente relacionadas con la gestión de los asuntos colectivos. En la medida en que las instituciones representan los pilares básicos que articulan la vida social, esta pauta (con el correlativo ensalzamiento de lo no institucional o antiinstitucional) puede resultar inquietante. Pero si se tiene en cuenta que el fenómeno se registra fundamentalmente en democracias maduras y muy consolidadas, con ciudadanos cada vez más informados, críticos y exigentes, esta pauta no solo parece esperable, sino incluso positiva. Sea como fuere, lo cierto es que el recelo institucional parece acentuarse de forma acusada cuando se dan circunstancias excepcionales. Crisis tan generalizadas, profundas y prolongadas como la actual acaban haciendo aflorar, junto con el empobrecimiento general que generan, los aspectos más turbios de la vida colectiva, no tan claramente perceptibles en tiempos de bonanza: las corruptelas, las incompetencias, las turbiedades de todo tipo y —lo peor de todo— las impunidades. Ello, a su vez, fomenta la desmoralización colectiva y la puesta en cuestión de las normas éticas y de los valores sociales compartidos. El desgaste institucional alcanza en esas condiciones un insoportable grado máximo: no por azar, las grandes convulsiones económicas han derivado con frecuencia en hondas crisis sociales y en incontrolables terremotos políticos.

Por supuesto, estamos aún muy lejos —al menos en nuestro país— de un escenario tan catastrófico. Pese a la actual crisis, ya en su quinto año triunfal, nuestro estado de ánimo colectivo dista mucho de parecer tocado por el “efecto cambalache”: que al igual que en las vitrinas —siempre irrespetuosas— de ese tipo de tienda, la vida se aparezca mezclada sin rango ni jerarquía alguno, propiciando la sensación de que ya todo es igual y nada es mejor. La realidad es muy otra: nuestra ciudadanía sigue mostrándose perfectamente capaz de discernir con claridad y sereno juicio qué es lo que en nuestra sociedad funciona bien y qué es lo que, por el contrario, funciona mal. Ni todo le parece lo mismo, ni todo le merece el mismo juicio.

El Cuadro que acompaña a estas líneas recoge los resultados de la tercera oleada del Barómetro de Confianza Institucional que periódicamente, y desde hace ahora un año, lleva a cabo Metroscopia. Se trata de un intento de captar de forma recurrente el juicio que al español medio merece una amplia, y constante, selección de grupos sociales, figuras públicas e instituciones de todo tipo. En esta ocasión, lo que el Barómetro recoge es la medida en que el desempeño de las funciones de cada uno de ellos es objeto de pública aprobación o desaprobación. La clasificación resultante apenas varía, pese a la ligera variante metodológica empleada.

Lo primero que llama la atención es que los ámbitos institucionales que, por su desempeño profesional, obtienen los mayores niveles de aprobación resultan ser precisamente los que se están viendo más castigados por los recortes en el dinero público: es el caso, por ejemplo, de los científicos, de la enseñanza pública, de la Universidad o de la sanidad pública. En cambio, las instituciones financieras en general, que aparecen en el penúltimo lugar de la tabla, con un espectacular saldo de -78 puntos, son las que —siempre en bloque— han recibido mayores aportaciones públicas. Por comprensible que pueda ser esto desde un punto de vista económico general, no por ello escuece menos a la ciudadanía, lo que explica que un 64% esté sencillamente a favor de dejar quebrar a aquellas entidades financieras que por su mala gestión se encuentren en graves dificultades para sobrevivir. Como en oleadas anteriores, médicos, científicos, docentes, sanidad pública e instituciones protectoras (Policía, Guardia Civil, ONG y Cáritas) copan la cabecera del ranking, con abrumadores saldos aprobatorios. Merece en esta ocasión destacarse la presencia de las pymes en este máximo nivel del aprecio ciudadano. En oleadas anteriores aparecían ya bien evaluadas en lugares intermedios de la tabla: la profundización de la crisis y su especial impacto en este concreto sector empresarial (el que más empleo da) explica sin duda su creciente —y ahora ya máxima— buena imagen.

En cuanto a los medios de comunicación, la radio sigue en cabeza (con un saldo de +46), seguida de la prensa (+13). La televisión, cada vez asociada más al entretenimiento que a la información creíble, sigue por detrás con un saldo negativo (-6). La Corona (personificada por el Rey y por el Príncipe de Asturias) registra, por primera vez, una inversión en la evaluación ciudadana: el Príncipe Felipe (con un saldo de +29) queda por encima del actual Jefe de Estado (+15). La relativa pérdida de brillo social de este último no parece difícil de explicar a partir de acontecimientos aún recientes que, en todo caso, parecen haber hecho mella exclusivamente en su propia imagen personal y no en la de la institución que encarna. Así es, probablemente, como cabe entender la amplia aprobación ciudadana a la forma en que desarrolla sus funciones el llamado a ser constitucionalmente su sucesor, que no solo se consolida sino que incluso —lentamente— se amplía. Una buena noticia sin duda para todos cuantos pudieran sentir inquietud por el grado de apoyo popular, al menos en el futuro inmediato, a nuestra actual forma de Estado.

Por último, resulta llamativo el caso de la Justicia y de la Iglesia, que coinciden en algo que no parece irrelevante: cuanto más elevado el rango institucional de las mismas sometido a evaluación ciudadana, peor resulta ser esta. Así, se penaliza especialmente al Tribunal Supremo (con un inquietante saldo de -41, que probablemente refleja el juicio público de conjunto a su trayectoria en lo que cabe designar como “era Dívar”) y el Tribunal Constitucional (cuya exasperante lentitud en temas cruciales se traduce en un -37); mejora algo la evaluación de conjunto de la Justicia (“los tribunales de Justicia”) y quedan ya prácticamente a mitad del ranking los jueces y magistrados de a pie. Algo similar ocurre con la Iglesia: Cáritas está excelentemente evaluada (+53), los curas de las parroquias consiguen un honroso nivel medio (+5), la Iglesia en su conjunto presenta ya un saldo negativo (-20), mientras que los obispos (con un clamoroso -60) quedan al fondo, por encima tan solo de quienes, en todas las democracias, ocupan la cola de este tipo de clasificaciones: los políticos.

2-VII-12, J.J. Toharia, elpais