"La segunda transición egipcia", Yezid Sayigh

La victoria del candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, en las elecciones presidenciales de Egipto amplía de hecho la apertura democrática del país graciasaunmargen crucial, aunque estrecho. No obstante, queda por delante una lucha larga y difícil antes de que los líderes civiles democráticamente elegidos estén en condiciones de hacer valer una autoridad positiva y coherente sobre las fuerzas armadas del país. De no ser así, los futuros gobiernos carecerán de una verdadera autonomía para diseñar y poner en práctica las políticas correspondientes, de modo que sufrirán las consecuencias de una inestabilidad crónica. Pero partidarios del régimen anterior, políticos retrógrados laicos e incluso un puñado de figuras progresistas creen que Morsi no durará más de un año, para no hablar de un mandato de cuatro años, y esperan la previsible manipulación por parte de las fuerzas armadas del borrador de la nueva Constitución y de las elecciones a un nuevo Parlamento durante los próximos meses para asegurarse que Morsi no sea más que un presidente transitorio. Si la jugada sale bien, Egipto vivirá indefinidamente bajo custodia militar.

El anuncio de las enmiendas a la declaración constitucional por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el pasado 17 de junio es ilustrativo de la senda que se abre a la vista. El Consejo, a todos los efectos, pulsó el botón de “reiniciar”, anulando todos los acuerdos y compromisos provisionales, calendarios y logros de los dieciséis meses anteriores –salvo en la cuestión de las elecciones presidenciales– y decretó una segunda fase de transición que abarca al menos los primeros seis meses de la presidencia de Morsi. El Consejo, además, tomó esta decisión de forma unilateral y sin consultar previamente a los partidos políticos y candidatos presidenciales como había hecho en circunstancias anteriores. Todo ello viene a subrayar su singular posición como protagonista más poderoso de la vida política de Egipto pero indica, al mismo tiempo, que cree que se acerca el final de partida y ha de empezar a enseñar sus cartas en lo que atañe a las prerrogativas constitucionales y al estatus especial que aspira a perpetuar.

El modo en que el Consejo ha elaborado la segunda fase de transición le otorga dos palancas sobre el proceso que se avecina. En primer lugar, la Constitución debe ser ratificada antes de que el Parlamento, cuya disolución ordenó el Tribunal Supremo Constitucional el 14 de junio, sea reelegido. Los líderes parlamentarios han solicitado al Tribunal Administrativo del Estado que anule esta decisión, pero si este la mantiene, aMorsi le faltará el apoyo de un importante aliado político e importante protagonista institucionales en la configuración de la nueva Constitución. Si el Parlamento no se reúne, además, no está claro quién posee la autoridad para confirmar el próximo gobierno: Morsi tiene la facultad de nombrar al primer ministro, pero el Consejo, probablemente, reclamará para sí, una vez más, el derecho de ratificar al Gobierno, ampliando así su influencia.

En segundo lugar, el Consejo se ha otorgado del derecho de oponerse a todo texto provisional de artículos constitucionales que no le satisfagan, para remitirlos a una decisión final del Tribunal Supremo Constitucional, que hasta ahora se ha inclinado a su favor. Los términos de referencia son extraordinariamente vagos, hasta el punto de carecer de sentido: los artículos podrán ser recusados sobre la base de hallarse en conflicto con unos indefinidos “objetivos y principios básicos de la revolución o de las constituciones anteriores”, que a primera vista podrían abarcar las eras Mubarak, socialista y monárquica. La declaración constitucional enmendada otorga el mismo derecho de oposición a Morsi, al primer ministro, al Consejo Superior de la Judicatura o a cualquier instancia que comprenda al menos una quinta parte de la Asamblea Constituyente que redactará el proyecto de nueva constitución. Pero el factor que reviste mayor importancia es que el Consejo tiene el poder de retrasar todo el proceso considerablemente.

El Consejo se halla claramente en una posición de poder, pero se enfrenta a un dilema. No pretende que se repitan totalmente las disposiciones de las constituciones autoritarias anteriores, ya que no puede tener la seguridad de que un militar o civil aliado vaya a ocupar la presidencia en el futuro y ejerza sus facultades ejecutivas en su nombre.

Sin embargo, al exponer sus posturas con antelación, el Consejo ha incluido de lleno la cuestión de la relación entre lo civil y lo militar en el calendario y programa político. Es posible que se salga con la suya al arrancar determinadas facultades constitucionales que normalmente corresponderían a civiles en el seno de un sistema democrático: el derecho a declarar la guerra, de supervisar y controlar el presupuesto de defensa y la ayuda militar de Estados Unidos y de nombrar a los altos mandos militares y a probar importantes compras de armamento. Sin embargo, el Consejo tendrá mayor dificultad si pretende desafiar abiertamente el derecho de las nuevas autoridades civiles de Egipto a reducir la penetración militar en el gobierno local, la administración civil, las empresas estatales y en otras áreas de la economía, el ministerio del Interior y la policía, y la Dirección General de Inteligencia.

El Consejo, además, tiene en Morsi a un nuevo contendiente. Las enmiendas a la declaración constitucional han recortado sus poderes para el periodo de transición restante, dure el tiempo que dure, pero indudablemente convertirá la legitimidad conferida por su cargo en una ventaja política en la lucha futura por determinar la forma de la nueva Constitución.

Una vez se ratifique, no importará lo que establezca el equilibrio de poder entre la presidencia y el parlamento. Morsi puede, razonablemente, confiar en la posibilidad de colaborar con el Parlamento para consolidar una autoridad civil dotada de sentido. Es
poco probable que ello signifique un cambio notable, incluso si se celebran nuevas elecciones parlamentarias y disminuye la representación de los Hermanos Musulmanes, ya que muchos de los que apoyaron al rival de Morsi en las elecciones presidenciales, el exprimer ministro Ahmed Shafiq, no pretenden la restauración del antiguo régimen y pueden apoyar reformas democratizadoras en el futuro.

El Consejo tampoco puede retrasar la ratificación de una nueva Constitución o la elección de un nuevo Parlamento –si así lo decreta– por tiempo indefinido. Las prerrogativas y excepciones que pretende consagrar en la nueva Constitución le colocan por encima de cualquier autoridad civil, pero está dispuesto a renunciar a su papel directo en el Gobierno y sustituir el Gobierno militar del país por otro más sutil, la custodia militar del Estado egipcio. Para lograrlo, habrá de equilibrar los poderes residuales de soberanía que reclama con la necesidad de hacer concesiones sustanciales a quienes aspiran a un régimen civil dotado de sentido. La profundización de la transición democrática de Egipto no es de algún modo segura, pero queda un margen que Morsi y otros partidos políticos han de aprovechar.

3-VII-12, Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio, Beirut, lavanguardia