la subvención del carbón, un error que pagamos entre todos

Hace más de treinta años, cuando el gobierno socialista de Felipe González puso en marcha la reconversión del carbón, reprochó al secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, su actitud en contra afirmando que las subvenciones a las empresas industriales sin futuro son “las polillas de las vigas” del Estado de bienestar y el proyecto socialista. Hasta el 1990, sus ministros no consiguieron eliminar el entra-y-sale que obligaba a reemplazar cada minero jubilado por su hijo en Hunosa.

Desde entonces, se han invertido 24.000 millones en planes sucesivos para reducir la capacidad de las cuencas mineras y buscar alternativas para la economía de las comarcas afectadas. La principal inversión se ha dirigido a reducir las plantillas de las empresas, que han pasado de 45.000 a sólo 4.000 mineros, un 90% menos. El 48% de las prejubilacions se han hecho con menos de 44 años y con más de 2.100 euros mensuales, con el requisito de haber trabajado ocho años en la mina. El coste mediano en el último plan (2006-2012) fue de 433.000 euros por persona.

Pero si estas cifras son sorpresivas, lo es mucho más el hecho que una suela emprendida –el grupo de Victorino Alonso– haya recibido 2.110 millones, lo cual supone 96 millones de euros anuales. Este empresario leonés, que empezó la expansión de su negocio el 1980 adquiriendo explotaciones en quiebra, ha sido denunciado en varias ocasiones incluso al Parlamento por los sucesivos gobiernos por sus operaciones. Una de las acusaciones que se le han hecho es la de no pagar sus obreros hasta que no recibe las subvenciones, hecho que fue denunciado por el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, como “un chantaje”. Pues bien, ha recibido más dinero en este proceso que la empresa pública Hunosa, que en este periodo ha dispuesto de 1.289 millones para el cierre de sus explotaciones.

A pesar de todo, las cosas iban tirando y el negocio se iba reduciendo, hasta que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, enternecido por el espíritu de Rodiezmo y los consejos del empresario leonés, concedió unas ayudas adicionales al sector por valor de 798 millones, que obligaron Hunosa a comprar a las empresas privadas el carbón que no venían al mercado. Esta ayuda desmontó los planes de reestructuración de la empresa pública.

Esta situación se ha agravado por el hecho que se acaba el IV Plan del Carbón y hay que empezar el quinto (2013-2018), que supone el fin definitivo del carbón subvencionado. La desaparición de ayudas públicas ha desencadenado la ira de los implicados en este negocio, de los trabajadores y, sin duda, de los empresarios afectados. La Comisión Europea ha prohibido las subvenciones porque son competencia desleal.

En esta ocasión, los defensores del carbón han perdido su principal bandera. Hasta ahora todos los implicados en la minería defendían que se mantuvieran argumentando que en un mundo inestable es fundamental para un país sin recursos energéticos disponer de una fuente de energía autóctona. El problema es que el 2012 nuestro país ya ha resuelto esta situación con una apuesta decidida por el viento y las energías renovables...

Las ayudas al carbón se han quedado en 656 millones. Es cierto que son un 39% inferiores a los de un año antes, después de la importante inyección que los proporcionó Rodríguez Zapatero al margen del Plan del carbón. Pero no es menos cierto que son superiores a las ayudas que recibe el turismo (400 millones), que es la primera industria española, con un 12% del PIB, y triplican las del automóvil (200 millones), la primera industria exportadora.

9-VII-12, M. Díaz-Varela, lavanguardia