España cañí -63: los diputados imputados del PP, tercer grupo parlamentario en las Cortes valencianas

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Si los diputados del PP a las Cortes Valencianas imputados, o en vía de estarlo, quisieran hacer un grupo propio, sería el tercero en número de escaños, por delante de Compromís e Izquierda Unida. Porque ya son once los políticos populares (de un total de 55) que están acusados en los diversos casos de corrupción que salpican y erosionan la imagen de esta formación política; desde la presunta financiación ilegal del PP valenciano, el caso Brugal –sobre la concesión de contratos de basura en Alicante– o el caso Cooperación –sobre la desviación de ayudas que iban destinados a proyectos al Tercer Mundo–. Bastante para que en la dirección del partido que ahora dirige Alberto Fabra crezca la inquietud: “destituir un cargo de la administración por corrupción es fácil, tocar a un diputado o alcalde es más complicado”, señalan fuentes próximas al presidente valenciano.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, implicada en el caso de la redacción del PGOU de Alicante, y el ex consejero de Cooperación y síndico del PP a las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, implicado en el caso Cooperación, han sido, junto con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, los últimos que se han sometido a la acción de la justicia. No están imputados, pero los instructores, como que se trata de aforados, ya lo han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Junto con ellos, sí que están imputados en el grupo popular del Parlamento Valenciano un vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; dos consejeras, Angélica Such y Milagrosa Martínez; dos exdirigents del PP valenciano, Ricardo Costa y David Serra y, entre otros, la extresorera del partido en tiempo del expresidente Francisco Camps, Yolanda García.

Alberto Fabra se ha mostrado contundente a la hora de cesar altos cargos de la Generalitat Valenciana implicados o salpicados por las diversas instrucciones que hay abiertas. Pero su determinación ha topado, de momento, con la realidad de un partido que mantiene los viejos vicios y las viejas alianzas que consolidó el expresidente valenciano, Francisco Camps. “Un diputado es una persona elegida por el electorado, igual que un alcalde; la ley no permite al presidente de la Generalitat Valenciana actuar igual que cuando se trata de un miembro de la administración”, justifica el vicepresidente valenciano, Josep Ciscar. “Además, añade, tenemos que respetar el principio de la presunción de inocencia”.

El problema, reconocen fuentes próximas a Fabra, es que en algunos casos las evidencias son muchas, además que se trata de hechos que provocan, como a su momento dijo Fabra, “vergüenza”. es un ejemplo el ex consejero Rafael Blasco, que la jueza acusa de haberse apropiado de dinero que se tenían que destinar a proyectos humanitarios al Tercer Mundo. En otros casos, y a pesar de los indicios, los políticos se enrocan, como la alcaldesa de Alicante. Sonia Castedo, que ya ha avisado que no piensa dimitir. La situación, pero, podría dar episodios difíciles de administrar por Alberto Fabra a las Cortes Valencianas, ante una oposición que cree que ha encontrado otro filón para condicionar los debates en los plenos. Los diputados imputados no son los únicos destacados miembros del PP valenciano salpicados por los casos de corrupción. El expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, o el expresidente de la Diputación de Alicante y actual responsable del Puerto de Alicante, José Joaquín Ripoll, también están sometidos a proceso penal.

9-VII-12, S. Enguix, lavanguardia