las Comisiones Parlamentarias, juguete en manos de la partitocracia
El uso con fines partidistas es uno de los argumentos que se esgrimen contra la creación de comisiones de investigación parlamentarias. Y es cierto que crean un terreno en el que se prolongan luchas políticas a menudo ajenas a los intereses de los ciudadanos; no hay que olvidar que las mayorías en la Cámara imponen qué asuntos se investigan y hasta dónde, así como a quién se llama a comparecer.
El Parlament tiene la potestad de investigar cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalitat, y llamar a declarar a quien considere oportuno. Desde el restablecimiento de la Cámara, en 1980, se han llevado a cabo quince comisiones de investigación sobre materias diversas, desde la primera sobre medidas de seguridad de la central nuclear de Ascó, hasta la última, en el 2010, sobre las irregularidades en la gestión del Palau de la Música, para la que se llamó a declarar a Félix Millet y Jordi Montull, responsables confesos del saqueo de la entidad. Ambos comparecieron, acompañados de sus abogados, pero se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Si hubieran optado por no comparecer, en aplicación del artículo 502 del código penal se les hubiera podido imputar un delito de desobediencia. Si el que no comparece es una autoridad o un funcionario público se le suspende además del cargo de seis meses a dos años. Y ojo con mentir: el mismo artículo 502 castiga la mentira de los que prestan testimonio, con prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
Pero tras la supuesta voluntad de aclarar incidentes o gestiones dudosas, las comisiones son un arma política. La comisión del Palau buscaba poner a CiU en el disparadero y algo similar ocurrió con la creada para investigar el hundimiento del túnel de maniobras de la línea 5 del metro, a su paso por el Carmel. Hubo pocos resultados tangibles, ninguna nueva dimisión, y alta tensión política. El frente principal fue el supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas, el famoso 3% al que se refirió el entonces president Maragall apuntando a CiU, y que nadie quiso llevar más allá.
También tenía objetivo político la investigación parlamentaria sobre la gestión del incendio de Horta de Sant Joan, en el que murieron cinco bomberos de élite de la Generalitat. Se puso la cúpula de ICV en la conselleria de Interior en la picota, Los diputados no pudieron consensuar un relato único sobre el incidente, pero pactaron una batería de medidas para mejorar la coordinación y las condiciones de seguridad en la extinción de incendios. Esa es otra de las razones a favor de las comisiones de investigación, que pueden ser útiles para acordar un programa de trabajo, y medidas para que no se repitan determinadas situaciones.
La controversia política, el ruido es lo habitual. Es cuestionable que las comisiones sean un instrumento útil para investigar algunos asuntos y es una evidencia que casi nunca llegan al fondo. A veces, sólo a veces, se depuran responsabilidades. Eso sí, son compatibles con la investigación judicial, trabajan en planos distintos.
8-VII-12, S. Hinojosa, lavanguardia