mandato del Parlamento de Cataluña para un "pacto fiscal". ¿Y ahora qué?

El pacto fiscal dejó de ser ayer una propuesta electoral o del Gobierno para convertirse en un mandato del Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo de CiU consiguió la luz verde de la Cámara consolidando el acuerdo a que ya había llegado con ICV y ERC–al cual se sumaron también el socialista Ernest Maragall y el independentista Joan Laporta– y obteniendo el apoyo del PSC al grueso de la propuesta. No obstante, y a pesar de las intensas negociaciones en qué intervinieron el presidente Artur Mas y el máximo dirigente socialista, Pere Navarro, CiU y PSC no pudieron salvar la discrepancia de raíz: la agencia tributaria única catalana. Finalmente, los socialistas se abstuvieron en este punto y defendieron un consorcio tributario entre Generalitat y Estado. Más lejos del acuerdo se situó el PP, que votó en contra de la agencia tributaria catalana, si bien se abstuvo en parte del texto. C’s y SI rechazaron el conjunto de la propuesta.

En resumen, la propuesta salió adelante con el sí de 84 diputados, el 63% de los parlamentarios, y el apoyo parcial de 27 más –del PSC–, y sin que el PP expresara un no tajante. Una mayoría amplia que sintoniza de pleno con la convicción mayoritaria entre la ciudadanía y los agentes económicos, sociales y culturales que Cataluña aporta demasiado al Estado y recibe demasiado poco –el déficit fiscal– y que el modelo actual de financiación es manifiestamente insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas del país, como está poniendo en evidencia dramáticamente la recesión económica. Incluso el PP catalán es partidario de un trato fiscal “singular”, a pesar de que propugna que Cataluña se mantenga dentro del régimen común de financiación que define la LOFCA, que integra todas las autonomías salvo el País Vasco y Navarra...

Se trata de un giro copernicano respecto del sistema actual, vigente desde el 1980, porque en base a una relación fiscal bilateral plena entre Generalitat y Estado se articula un modelo similar al concierto, si bien el País Vasco y Navarra están exentos de todo tipo de contribución a la solidaridad.

El ACUERDO

1. El acuerdo se basa en las conclusiones de la comisión de estudio del Parlamento sobre el pacto fiscal.
2. El Parlamento constata que las sucesivas financiaciones no han resuelto algunos de los problemas de fondo de Cataluña.
3. El Parlamento reivindica un acuerdo de financiación que comporte un cambio de modelo.
4. El Parlamento insta el Gobierno a iniciar un proceso de negociación con el Gobierno español para lograr un modelo de financiación propia para Cataluña, dentro de este año 2012, de acuerdo con las conclusiones aprobadas por la comisión de estudio de un nuevo modelo de financiación basada en el concierto económico, y particularmente teniendo presentes los puntos siguientes:
a) La gestión tributaria (exacción, gestión, recaudación, liquidación, revisión, sanción e inspección) de todos los tributos soportados en Cataluña tiene que corresponder a la Agencia Tributaria de Cataluña, que tiene que ser la única administración responsable.
b) La Agencia Tributaria de Cataluña tiene que disponer de plena capacidad y atribuciones para la organización y el ejercicio de las funciones propias de la gestión tributaria, y tendría que colaborar administrativamente con otras administraciones locales, estatales y europeas, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal.
c) La Generalitat tiene que disponer de plena capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos soportados en Cataluña, dentro del marco de armonización fiscal comunitaria, asegurando la consecución efectiva del principio de progresividad fiscal en el sistema impositivo.
d) Se tiene que establecer la aportación catalana en el Estado en concepto del coste de las competencias o los servicios comunes y prestados que afectan Cataluña y que le son propios y en concepto de cooperación interterritorial. Esta aportación tiene que ser revisada quinquenalmente y acordada bilateralmente con el Estado.
e) Al determinar la aportación catalana, Cataluña no puede perder posiciones respecto a su situación en capacidad fiscal una vez hecha la contribución a la solidaridad. Los recursos a la solidaridad se tienen que destinar a los servicios básicos del Estado de bienestar teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal.
5. El Parlamento insta el Gobierno a establecer un sistema de financiación de los entes locales adaptado a la redistribución competencial.
6. El Parlamento insta el Gobierno a crear un grupo de trabajo con capacidad decisoria para hacer el seguimiento de la negociación del acuerdo con el Estado.
7. El Parlamento insta el Gobierno a conseguir la máxima implicación de la sociedad en relación con el acuerdo y a trasladar los objetivos a las instituciones europeas.

26-VII-12, lavanguardia