Con el Tratado de Maastricht, la fijación de los tipos de interés, los medios de actuar sobre la inflación y otras herramientas de los bancos centrales para gestionar la economía se transfirieron al Banco Central Europeo. Es algo conocido y no es en absoluto un mito. Pero el presupuesto seguía siendo una prerrogativa estatal. Era el último privilegio de los Gobiernos nacionales. Hasta ahora.

“La soberanía absoluta sobre la política fiscal ha desaparecido durante la crisis de la deuda”, afirma Josef Janning, director de estudios en el European Policy Centre. Es algo evidente en Grecia, un país bajo tutela. O en Irlanda e Italia, que deben cumplir una serie de severas exigencias en materia de reformas. En resumen, el que paga, en este caso Alemania, es quien decide las medidas de austeridad que los demás deben adoptar.

Pero eso también se aplica a Países Bajos, estima Janning. Con la crisis, los Estados cada vez están más limitados por la normativa europea. En la práctica, el nuevo pacto presupuestario es lo que les arrebata lo que les quedaba de autonomía.

No en vano, Angela Merkel considera este tratado (que entrará en vigor en 2013, si lo ratifican doce países) como “una etapa hacia una unión política”. Para los británicos y los checos, esto constituye un motivo suficiente para no participar en el mismo.

Déficit prohibido

¿Qué es lo que estipula exactamente? En primer lugar, que no puede haber déficit presupuestario. Nada del 3%: como mucho, un 0,5%. Y si, a pesar de todo, se registra un déficit, se pondría en marcha de forma automática un mecanismo de corrección. Entonces, los Estados tendrían que adoptar medidas de austeridad siguiendo las directivas de la Comisión Europea.

Por ello, el Tribunal Constitucional alemán reflexionó en diciembre de 2011 sobre este tratado y su conformidad con la Constitución: ¿es posible que un comisario europeo dicte a Alemania su presupuesto? Una pregunta espinosa, especialmente difícil en tiempos de crisis, cuando el dinamismo se convierte en una necesidad acuciante.

Para evitar la cuestión, se dice que “las prerrogativas de los Parlamentos nacionales” permanecen intactas. Dicho de otro modo, los Estados deben seguir dando su consentimiento a la austeridad exigida. Queda por saber hasta qué punto son libres en este aspecto y hasta dónde llega la autoridad de Bruselas sobre el contenido: ¿el tratado crea únicamente marcos o bien el comisario europeo responsable definirá en breve cómo y sobre qué es necesario ahorrar? Según todos los expertos, la respuesta es que depende del estado de las finanzas de un país. Cuanta más ayuda reciba, más estricta será la vigilancia, más se reducirá su libertad presupuestaria y más radicales, precisas y estructurales serán las exigencias.

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