"¿Delación o compromiso?", Salvador Cardús

Una colilla encendió el fuego de este verano en el Empordà, con consecuencias ecológicas, económicas y paisajísticas verdaderamente dramáticas. La vieja práctica de falsificar el domicilio para tener ventajas ilegítimas supone la vulneración del derecho fundamental de las familias a la elección de escuela según criterios objetivos. El incivismo en los trenes, por regular y abundante, causa molestias sistemáticas y pone en peligro a los que viajan. Y tal como recordaba recientemente en este diario el doctor Oriol Amat, según Funcas, la economía no declarada podría representar en España el 24 por ciento del PIB, con una menos recaudación de impuestos de unos 74.000 millones de euros, importe similar al déficit anual del sector público.

Pero antes de dar mi opinión sobre el sentido de estas peticiones gubernamentales de colaboración ciudadana, querría hablar de las reacciones que han provocado. Particularmente, me ha parecido muy significativo el hecho de que los más escandalizados, por una parte, mostraran una profunda desconfianza respecto de las intenciones del Govern y la calidad moral de sus peticiones, pero que por la otra, le exigiesen un mayor control sobre nuestras vidas. Es decir, al mismo gobierno que consideran que favorece la delación, que actúa irresponsablemente y que provoca el enfrentamiento entre ciudadanos, se le pide que ponga un bombero en cada curva de carretera, un policía en cada escuela, un revisor en cada vagón de tren y, por supuesto, que multiplique por diez los inspectores de Hacienda.

Un bombero, un policía, un revisor o un inspector que, no me cabe la menor duda, en caso de que pusieran tales denuncias, serían increpados por actuar de manera autoritaria... Digo que la reacción es significativa y no sorprendente porque, desde mi punto de vista, precisamente señala la verdadera dislocación social que explica la gravedad de nuestros comportamientos incívicos, incluido el hecho de que España no aparezca hasta el lugar 31 –un lugar por delante de Botsuana– de los países con menos percepción de corrupción. Es decir, una reacción que muestra a una sociedad cuyos individuos no están muy dispuestos a implicarse en la exigencia ética personal desde la cual se puede plantar cara, de manera eficaz, a los abusos incívicos. Pero no tan sólo eso, sino que tampoco dejan que las autoridades públicas actúen con la contundencia debida, y de aquí los tics antipoliciales y antiinstitucionales a que estamos tan acostumbrados.

Mi opinión, pues, es esta: la invasión progresiva de la Administración pública –y, en definitiva, del Estado– en nuestras vidas, y el exceso de tutela a la que nos ha acostumbrado, ha conducido a una progresiva desresponsabilización del ciudadano en los asuntos públicos. En este tránsito hemos acabado confundiendo el espacio público –que tendría que ser de todos– con el espacio de la Administración. (Lo vi del todo claro el día que un vecino me amonestó por barrer la acera de casa con el argumento de que ya pagábamos impuestos y que lo tenía que dejar para el Ayuntamiento). Esta falta de compromiso se hace patente en la indiferencia que provoca entre la ciudadanía el incumplimiento de los principios cívicos más básicos, y la impunidad y descaro con que se cometen. Y se expresa en el miedo a la confrontación necesaria con el incívico.

Por si acaso, todo el mundo tiene una buena batería de excusas –el peligro de plantar cara, siempre se ha hecho así, los ricos todavía peor, la inutilidad de denunciar...– que favorece la perpetuación del incivismo y del abuso que, obviamente, siempre perjudica más al más débil.

Personalmente, estoy convencido de la inutilidad de poner más bomberos, policías, revisores o inspectores si estos no cuentan con el respeto y el apoyo activo de la ciudadanía. Es más: posiblemente, si los que ya hay tuvieran este acompañamiento, serían suficientes y nos ahorraríamos aquello que realmente nos tendría que preocupar: la imparable invasión del Estado en nuestra vida de cada día y su obsesión por tutelarnos, como si fuéramos menores de edad.

Es por estas razones que me parece fuera de lugar que una petición gubernamental de más implicación personal a la hora de hacer cumplir la ley se considere una invitación a la delación. Desde mi punto de vista, simplemente, se trata de la exigencia concreta de un mayor compromiso cívico

22-VIII-12, Salvador Cardús i Ros, lavanguardia