"Derecho a curar", una insumisión legal pro Derechos Humanos del mundo sanitario

> el vídeo de la campaña, youtube, 1'09'' <

Médicos del Mundo pone en marcha la iniciativa "Derecho a curar" para sumar adhesiones, de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, contra la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública a partir del uno de septiembre. En el registro que con este fin puso en marcha, el pasado mes de julio, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ya se han apuntado más de 1.300 profesionales.

Según Alvaro González, presidente de la ONG "se trata de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que choca contra la ética profesional. Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa".

La web www.derechoacurar.org incluye diversos materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para pedirle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes. Médicos del Mundo también ha elaborado diferentes materiales como cartelería, pegatinas e insignias para redes sociales. Además, la campaña cuenta ya con el apoyo de sociedades médicas, asociaciones profesionales y ONG.

Compromiso ético

El acceso a la salud sin discriminación para todas las personas es un derecho humano reconocido en los principales instrumentos legales y normas internacionales. Desde el Juramento Hipocrático hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial (AMM), la profesión médica ha expresado en forma de código deontológico su compromiso con la misión de proteger la salud sin ningún tipo de discriminación.

La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente recoge: "Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para asegurarlos y restablecerlos".

A partir de esta premisa, Médicos del Mundo hace un llamamiento al personal de salud (sanitario y administrativo) para que objete frente a la exclusión del acceso a la salud de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente del colectivo de inmigrantes sin permiso de residencia. "El personal de salud puede y debe hacer saber que curar es mucho más que una obligación, que es un derecho y que debemos poder ejercerlo sin restricciones", concluye Álvaro González.

Médicos del Mundo considera que la reforma supone un grave retroceso en términos de derechos sociales y rechaza las justificaciones para la adopción de esta medida. "Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria", afirma el presidente de Médicos del Mundo. "Son numerosos los estudios que demuestran que las personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población española".

22-VIII-12, cadenaser

"Yo atiendo personas y no cartillas ni papeles, y estoy obligado a asistir a cualquiera que acuda a mi consulta". Así de categórico se muestra Antonio Pareja, responsable de la Unidad de Epidemiología y Control de las Infecciones del hospital de Son Llàtzer, el segundo más importante de Baleares, sobre la exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario. Como él, decenas de profesionales de las islas han anunciado que ejercerán la objeción de conciencia contra el real decreto-ley 16/2012, que limitará la asistencia a este colectivo a partir del 1 de septiembre. No tiene miedo a las consecuencias ni a las posibles acusaciones de insumisión: "Seguiré atendiendo a inmigrantes aunque haya represalias, y colaboraré para que se les visite dentro del hospital".

El rechazo a la medida del Ejecutivo se ha hecho notar en varias comunidades, aunque de una forma especial en Baleares, la comunidad con más población inmigrante de España -el 21% frente a la media del 12%, según el Instituto Nacional de Estadística-. Hasta la semana pasada, un total de 77 facultativos isleños habían declarado su voluntad de objetar en los registros de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), que suma más de 1.300 médicos objetores en toda España. A ellos se ha sumado también el Colegio Oficial de Enfermería de Baleares, que anima a seguir atendiendo a los inmigrantes contra el criterio del Consejo General de Enfermería de España, al que pertenecen.

Los argumentos son varios, pero uno de los más esgrimidos son las normativas actuales. "La Constitución, la ley General de Salud Pública y nuestro código deontológico nos permiten no aplicar el decreto. Si un médico puede negarse a hacer un aborto por sus creencias, yo, por las mías, puedo atender a todo el que me lo pida", defiende Pareja. Para este profesional con 26 años de experiencia el decreto no sólo es injusto, sino también contraproducente desde un punto de vista epidemiológico. "Puede haber un repunte de las enfermedades infecciosas en los inmigrantes y los locales, que luego irán en peores condiciones a urgencias". Según Pareja, la medida será "más cara a la larga" y no supondrá ningún ahorro porque "el 99% de la población inmigrante está sana y no recurre al sistema sanitario". La proximidad de la fecha de entrada en vigor del decreto dibuja un panorama dispar entre las comunidades. Las autonomías del PP se debaten entre el acatamiento y un modelo alternativo. Este último es el caso de Galicia, donde el presidente Alberto Núñez Feijóo ha prometido buscar resquicios legales para atender a los indocumentados. En el caso de Baleares, el conseller de Sanidad, Antoni Mesquida, se ha mostrado contrario a dejar de atender a este colectivo, y por ello el gobierno de las islas estudia varias fórmulas de asistencia, aunque siempre dentro del cumplimiento de la ley. En Baleares, los profesionales sanitarios no pueden acceder a las bases de datos de los inmigrantes desde hace semanas, lo que ha motivado las quejas de varias oenegés del sector sanitario.

Otras comunidades como Catalunya, Andalucía, País Vasco, Asturias y la Comunidad Valenciana han mostrado su disposición a seguir dispensando asistencia sanitaria a los simpapeles. Lo mismo ocurre con Navarra, que anunció ayer un programa de ayudas por valor de 1,6 millones de euros anuales, que entrará en vigor en octubre, y que permitirá que 2.150 extranjeros mayores de 18 años reciban una atención integral.

Por otro lado, las organizaciones asistenciales incrementan estos días las acciones de rechazo al decreto del Gobierno de Mariano Rajoy. Médicos del Mundo anunció ayer el lanzamiento de la campaña "Derecho a curar", en apoyo de los profesionales objetores. Por su parte, Cáritas aseguró que el decreto pone las bases para "un sistema estatal paralelo de beneficencia" que cuestiona el cumplimiento de los derechos humanos.

23-VIII-12, E. Carranza, lavanguardia