clamoroso fracaso de la política de amnistía fiscal del Gobierno Rajoy

La amnistía fiscal ha resultado como esos suflés mal batidos y peor horneados que acaban en el plato desinflados y abatidos. En los cuatro primeros meses de la medida sólo se han recaudado 50 millones de los 2.500 previstos, es decir, apenas el 2%. En el Ministerio de Hacienda culpabilizan al PSOE del fracaso por haber presentado un recurso contra la regularización especial, que fue aceptado ante el Tribunal Constitucional. No es un argumento baladí, porque, si la medida se declarase inconstitucional, los contribuyentes acogidos al plan quedarían en situación precaria ante Hacienda. Pero, además, los expertos consideran que, en unos momentos en que el dinero sale de España (de forma legal o no) por las incertidumbres del país, la medida no resulta tan atractiva como podría parecer...

Mariano Rajoy es un hombre de modales impecables, paciencia infinita y decisiones pausadas, así que Montoro no debe temer un rapapolvo airado del presidente, pero es indudable que este ha fruncido el ceño cuando ha sabido el dato. Sobre todo porque era una medida que resultaba difícil de explicar a tantos contribuyentes que habían cumplido con sus obligaciones. En este sentido, el coste político de regularizar el pecunio de ricos que habían generado dinero negro y que lo habían sacado ilegalmente del país resulta evidente. Si el Gobierno hubiera obtenido los 2.500 millones que se anunciaron, se podría haber reducido la mala imagen de la medida en aras del pragmatismo político.

...Haría bien el ministro Montoro en buscar otras fórmulas para perseguir el dinero no declarado fuera del país, mientras se dan razones poderosas para que el dinero legalmente declarado vuelva.

10-IX-12, Màrius Carol, lavanguardia

El Gobierno ha recaudado 50,4 millones hasta julio gracias la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo, lo que supone solo el 2% de lo que espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria.

La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada con una medida "excepcional y extraordinaria" para el año 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros y aflorar el capital oculto en España.

La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal.

Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.

De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia.

Expectativas frustradas

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado que la admisión a trámite del recurso "ha frustrado" las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional.

Según Mollinedo, la amnistía no arrancó bien en el mes de marzo porque ofrecía poca seguridad jurídica e iba dirigida a ciudadanos de rentas muy altas o a los administradores de grandes compañías.

La orden ministerial que se publicó tiempo después de aprobar la amnistía mejoró la situación al permitir que se declarara dinero en efectivo, ya que, según Mollinedo, hay 50.000 millones en billetes de 500 euros no declarados.

En cualquier caso, el secretario general de Gestha cree que la admisión a trámite del recurso del PSOE dificulta enormemente la posibilidad de que el Gobierno recaude lo previsto.

10-IX-12, ep, lavanguardia