¿el próximo jueves se anuncia el divorcio entre Cataluña y España?

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+ mandato del Parlamento de Cataluña para un "pacto fiscal". ¿Y ahora qué?

El caso del independentismo catalán es hoy por hoy una de esas realidades difíciles de cuantificar. Sus seguidores podrían ser alrededor de un millón (como los que participaron en las consultas soberanistas de hace un año o los que, según algunas fuentes, desfilaron el martes pasado por Barcelona), pero también podrían ser únicamente la mitad (que es la cifra de votos que han obtenido en las elecciones los partidos explícitamente independentistas).

Sin embargo, los soberanistas también podrían ser muchos más. ¿Cuántos? ¿Los que se deducen del último sondeo del CIS sobre Catalunya: un millón trescientos mil? ¿Los que votan a formaciones nacionalistas: más de un millón y medio? ¿O los que se derivan de aplicar al censo electoral el porcentaje de ciudadanos que, según el CEO, consideran la independencia como la mejor fórmula para Catalunya? Y eso significa un 34% de los cinco millones de votantes potenciales: es decir, casi dos millones de personas.

De hecho, las cifras pueden resultar aún más vistosas. Según el mismo instituto, en el supuesto de que se convocara un referéndum para decidir la independencia de Catalunya, más de la mitad del censo (el 51,1%) votaría a favor, mientras que sólo uno de cada cinco catalanes lo haría en contra. El resto se abstendría. Pero la mayoría secesionista sería aún más aparatosa en el contexto de participación que se desprende del sondeo. Es decir, con una afluencia a las urnas del 72% (algo menos de cuatro millones de catalanes) y un voto a favor de la separación de más de dos millones y medio de electores (pues esa es la cifra absoluta que supone el 51,1% del censo), el resultado sería aplastante: esa independencia (de momento imaginaria) contaría con el apoyo de más del 70% de las papeletas emitidas. Sólo un 29,3% de los votos respaldaría la continuidad en España.

Por ahora, sin embargo, en la agenda política parecen estar más cerca unas elecciones anticipadas que una consulta repentina. El problema en el caso de un adelanto electoral consiste en vislumbrar qué impacto podrían tener sobre los resultados el auge del independentismo y la polarización identitaria que vive Catalunya respecto a España...

aun en el caso de dar sólo por buenas las cifras más modestas de apoyo a la independencia -algo más de un millón de votos- no hay que olvidar un pequeño detalle: este grupo lo forma una clase media hiperparticipativa (y la mejor muestra de ello fue la manifestación del 11-S); es decir, una suerte de minoría determinante (ese concepto que con tanta perspicacia maneja el historiador Ucelay-Da Cal), cuyo peso cualitativo en el devenir político y social desborda el meramente cuantitativo...

La transición nacional esbozada por Mas no es ajena al encorsetamiento que la Constitución demostró a Ibarretxe pero cuenta con la fuerza de la imagen de un millón y medio de personas manifestándose por la independencia, el referente de consultas soberanistas multitudinarias en toda Catalunya y una red de más de quinientos ayuntamientos declarados independentistas. Las encuestas tampoco auguran problemas a CiU en unas elecciones plebiscitarias. El PSC no está ni se le espera, y el PP catalán puede sufrir el castigo de los recortes.

En el actual ordenamiento jurídico, la declaración de independencia de Catalunya requeriría la modificación del artículo 2 de la Constitución, que prevé la "indisoluble unidad de la nación española", y para ello se necesita una mayoría de dos tercios de los diputados en el Congreso y en el Senado, la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones estatales, la ratificación de nuevo por dos tercios y la votación en referéndum de la reforma.

Y la convocatoria de un referéndum de independencia en Catalunya debería contar con la autorización de las Cortes, la propuesta del presidente del Gobierno y la convocatoria del Rey. Misión imposible.

Otra cosa es que el Govern plantee una consulta no vinculante a partir de la ley de Consultas catalana, que el PP ya piensa recurrir.

¿Topar contra las Cortes, el Constitucional o contra ambos? Mas busca su propia vía aprovechando la presión de la sociedad catalana. Y no esconde sus referentes. Mas aspira a que España, aunque sea por la puerta de atrás, dispense a Catalunya el mismo trato que Canadá a Quebec en el ámbito fiscal y a la hora de decidir libremente. La sentencia del Supremo canadiense de 1998 que conjuga ley con voluntad de la sociedad es el libro de cabecera.

15-IX-12, C. Castro/I. Garcia Pagan, lavanguardia

La víspera del trascendente encuentro en la Moncloa de Artur Mas con Mariano Rajoy para hablar del pacto fiscal el president de la Generalitat se reunirá con los presidentes de las cuatro diputaciones para esbozar el embrión de lo que podría llegar a constituir la Agencia Tributaria Catalana. Se trata de un acto simbólico para evidenciar la determinación política de asumir la gestión de todos los impuestos que pagan los catalanes. Mas firmará con Salvador Esteve, de Barcelona; Joan Reñé, de Lleida, Josep Poblet, de Tarragona y Jaume Torramadé, de Girona, un convenio de colaboración en la gestión tributaria. La iniciativa se inspira en lo que hizo Enric Prat de la Riba con la Mancomunitat y planteará explícitamente objetivos de coordinación en la lucha contra el fraude fiscal, pero la idea es que algún día las cuatro diputaciones y la Generalitat constituyan el consorcio que dará luz a la Agencia Tributaria Catalana que deberá sustituir a la Agencia estatal.

15-IX-12, lavanguardia

Òmnium Cultural ha encargado a varios especialistas en derecho fiscal informes sobre cómo las empresas catalanas que son las que recaudan los impuestos de los asalariados podrán ingresar sus impuestos en la hacienda autóctona y no en la agencia tributaria española. Los fiscalistas están buscando circuitos legales para poder pagar los impuestos en Catalunya sin correr riesgos de ser sancionados o acusados de cometer delito fiscal. Òmnium se comprometió cuando celebró su 50 aniversarios a plantear una campaña de objeción fiscal con España si se prolongaba la situación que califican de “expolio”. Ahora la entidad catalanista habla de un plan de “lealtad fiscal con Catalunya”, pero está esperando el desarrollo de las conversaciones entre Rajoy y Mas sobre el pacto fiscal, y pretenden coordinarse con la Generalitat en caso de que no haya acuerdo entre los presidentes catalán y español para colaborar con el Govern en iniciativas de insumisión fiscal.

15-IX-12, lavanguardia