Antonio Ávila, ciudadano ejerciente
Todo partió de la denuncia de un ciudadano, Antonio Ávila, de Pallejà, muy concienciado con el respeto a ley de protección de datos. Ávila denuncia todas aquellas cámaras que incumplen la normativa o bien porque son de instituciones privadas que enfocan a la vía pública o algunas de las que, colocadas en la calle, no queda acreditado a quién pertenecen. Por ello, se dirigió a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades elevando una denuncia. El documento tuvo entrada el 16 de mayo. La respuesta llegó el pasado 27 de julio con información que dejó al denunciante estupefacto: la Administración era incapaz de identificar al propietario de ese dispositivo de videovigilancia. "De las actuaciones practicadas se infiere que dicha cámara no corresponde a ningún servicio municipal del Ayuntamiento de Barcelona, sin que se haya podido identificar a la entidad presuntamente responsable de dicha cámara”, se señala en la comunicación de la agencia catalana de protección de datos, que firma su directora, Maria Àngels Barbarà i Fondevila, y que va dirigida a Ávila.
A pesar de que se asegura inequívocamente que no se ha podido localizar al titular de la cámara, la misiva de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades añade que “en cualquier caso, en el marco de las actuaciones de investigación efectuadas a consecuencia de su denuncia, el Ayuntamiento ha manifestado a esta Autoridad que ha precintado dicha cámara”. El denunciante asegura que no hay modo de certificar que, efectivamente, dicho dispositivo haya sido precintado. De haberlos sido, lo habría sido en el plano electrónico, pues la cámara era todavía hasta ayer perfectamente visible en el anclaje donde lleva, como mínimo, desde mayo, aunque todo parece apuntar que lleva allí muchísimo más tiempo.
La instalación de cámaras de la vía pública, según la ley orgánica que la regula, corresponde a las fuerzas de seguridad y a las corporaciones municipales por medio de los cuerpos policiales.
Ahora bien, tiene que pedirse permiso a la Comisión de Videovigilància –un organismo formado por jueces y fiscales– y justificar la necesidad. Una vez da el visto bueno, la autorización la concede el delegado del Gobierno.
El jefe del área de inspección de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Carles San José, confirma el inaudito hallazgo. “Es rarísimo que no pueda saberse de quién es la cámara”, confirma este alto cargo. “Nunca nos habíamos encontrado con este supuesto, la verdad, no se había dado nunca en el pasado”, afirma San José.
La ingenuidad puede llevar a pensar que un seguimiento del cable que une la cámara con algún receptor en algún lugar cercano o remoto podría conducir a la Administración a localizar al propietario, del mismo modo que para llegar a la salida del laberinto del minotauro se seguía la cuerda. “No se sabe dónde lleva el cable”, confirma San José y no lo sabe porque el Ayuntamiento, encargado de la investigación sobre el terreno no informa al respecto, aunque confirma que “no estaba legalizada”, según consta en el informe que obra en poder de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. El Ayuntamiento de Barcelona asegura en el informe que cita Carles San José que la “cámara incontrolada ha dejado de funcionar”.
Antonio Ávila lleva desde el 2003 luchando contra las cámaras de videovigilancia incontroladas y contra otras intromisiones en la intimidad. En su historia, ha logrado que las diferentes administraciones hayan retirado siete cámaras de las calles por alguna irregularidad. “Donde quiera que vaya, yo denuncio si veo cualquier cosa”, explica el hombre que ha destapado la existencia de una cámara que, formalmente, no es de nadie. Esa inquietud le ha llevado a presentar denuncias en lugares y ciudades como Ávila, Sevilla, Nerja, Madrid o Zaragoza. Y todo empezó porque un día a su esposa la grabaron con cuatro cámaras en una pequeña tienda de barrio.
21-IX-12, E. Figueredo, lavanguardia