"Fracaso y desastres de la "guerra contra las drogas"", Diego Arroyo

Narcotráfico: Un conflicto social en América Latina

dimecres, 17 octubre 2012

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Si algo parece vertebrar una posible homogeneidad entre los países de América Latina, y muy especialmente Centroamérica, es la lacra del Narcotráfico. Los tentáculos del Narco se extienden desde sus emporios de México y Colombia – colonizando países vecinos como Perú, Venezuela y Nicaragua – hasta especializados laboratorios de cocaína en Argentina y Chile[1]. El hecho de que el Narco, surgido a la sombra de la mal llamada Guerra contra las Drogas, tenga sus oficinas centrales en el continente latinoamericano responde a un cúmulo de acontecimientos histórico-políticos junto con la realidad social y cultural propia de las tierras que se extienden desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego. 

Una tradición histórico-cultural

Con el descubrimiento de América, los conquistadores descubrieron su más inmenso tesoro: la riqueza botánica. Si por algo destacaban los pueblos nativos es por el inmenso conocimiento del uso de la flora autóctona, hecho que atrajo a cientos de médicos y boticarios de la península para posteriormente exportar a la Vieja Europa todo lo aprendido. Ya los primeros cronistas de la época dejaron constancia de “los usos lúdicos, religiosos y terapéuticos de la flora psicoactiva”[2]. La producción y consumo de ciertas drogas naturales, destacando por encima de todas la coca, tiene un fuerte arraigo social y un importante componente de tradición. Es por ello que las zonas campesinas donde se aglutina la mayor parte de la población indígena son las grandes productoras de materia prima del Narco: en el Chapare de Bolivia y en el Alto Huallaga de Perú se cultivaban a finales de los años noventa entre el 80% y el 90% de las hojas de coca que alimentaban la producción de cocaína en el mundo[3]. Precisamente, la política estadounidense iniciada  en la década de los ochenta de financiar gobiernos para que lleven a cabo políticas de erradicación total de los cultivos, con el fin de asfixiar a la oferta, tuvo como consecuencia un empobrecimiento de los campesinos y de las comunidades indígenas del Alto Huallaga, hasta  el punto de producir una crisis de hambre en la región y dar un coartada al grupo narcoterrorista Sendero Luminoso para aumentar su popularidad. Conviene tener presente que el número de personas que dependen económicamente de la producción de materias primas para el mercado de la droga alcanza las 470.000 personas en Perú, las 300.000 personas en Colombia y más de 70.000 familias en Bolivia. En el caso particular de Bolivia, la estrategia de erradicación de la coca apuntaba a una desaparición de las bases existenciales de entre un 5% y un 11% de la población andina.[4]

Un vecino problemático: Estados Unidos

En cualquier caso, si existe un factor determinante para explicar la virulencia con que los países de esta parte del globo sufren al crimen organizado, que gracias al narcotráfico ha extendido su poder a otros negocios ilícitos, es la proximidad geográfica y política con los Estado Unidos.

En primer lugar, hay que reseñar que Norteamérica es el país con mayores índices de consumo del planeta, tanto por el porcentaje de población que ha tenido contacto directo con las drogas prohibidas – según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 42% de la población ha consumido marihuana y el 16% cocaína[5] -, como por la cantidad total de droga consumida dentro de su fronteras. Lejos de disminuir por la posición prohibicionista y de tolerancia cero de sus sucesivos gobiernos, en el 2010 el consumo alcanzó máximos históricos con un 8,7% de consumidores de drogas ilícitas sobre el total de la población[6]. Esto supone ser el principal mercado mundial de estupefacientes, lo que es una inmensa oportunidad de negocio para el Narcotráfico, que centra casi todos su esfuerzos en el abastecimiento de unos veinte millones de consumidores, a través de la importación por las distintas rutas desde Latinoamérica.

Pero quizás más importante a la hora de explicar la existencia del Narco en tierras Latinoamérica, y su tremendo poder, es la gran influencia de los Estados Unidos en la vida política de todo el continente, que algunos han denominado sarcásticamente como “el patio trasero de los Estados Unidos”. La cuestión es que precisamente la primera potencia mundial quien abandera el prohibicionismo en materia de drogas y quien se ha convertido en adalid de la “nixoniana” War on Drugs. Es necesario tener claro el contexto histórico en que aparecen y se desarrollan las distintas posiciones liberticidas en materia de drogas. Fue a finales del siglo XIX cuando distintas organizaciones y personalidades empapadas de un espíritu neopuritano, emprenden una cruzada contra aquellas sustancias que eran “traidoras a la patria y a la decencia”, en palabras de la poderosa Anti-saloon League. Este movimiento va ganando apoyos y adeptos para su causa, y decide expandir su mensaje internacionalmente, convocando distintas Conferencias que proponen una “cruzada internacional contra bebidas y drogas”, que serviría como prolegómeno para el primer tratado que sentará las bases del deber – y derecho – de los Estados para velar por el uso legítimo de ciertas drogas: la Convención de la Haya (1914) incorporada en el Tratado de Versalles (1919)[7]. Precisamente, en 1914, encontramos la primera ley – la ley Harrison – que prohíbe de facto la producción, la venta y la posesión de opio, morfina y cocaína. Es con esta ley que aparecen aquellos males  que después adolecerán a América Latina por la War on Drugs: aumento vertiginoso del contrabando, corrupción policial y perfil socialmente problemático del consumidor tipo por su mejor acceso al mercado negro.[8]

Tras la aprobación y posterior derogación de la Ley Seca debido a su rotundo fracaso – violencia, corrupción, insalubridad y criminalización de la población – , los otros gánsteres del alcohol deciden dedicarse al tráfico de drogas, ya que aun sigue vigente la Ley Harrison a la vez que se aprueban un conjunto de normas que endurecen aún más la venta y consumo, además de añadirse año tras año nuevas drogas a la lista de sustancias ilícitas. Después de más de cuarenta años de legislación inflexible, represión policial e ingentes recursos públicos, el número de consumidores ha crecido exponencialmente, por lo que el presidente Nixon decide declarar la drogas como “enemigo público número uno” y emprende la “War on Drugs”.

Las dos principales características de esta nueva forma de afrontar la cuestión de las drogas son las militarización e internacionalización, cuya huella en América Latina pronto deja una marcada impronta. La estrategia de los tecnócratas de Washington era asfixiar al Narco con el uso de toda violencia que fuera necesaria, a la vez que se cortaban sus suministros de materias primas erradicando los cultivos que les abastecían. Es por ello que Estados Unidos comienza un estrecha relación con la mayoría de gobiernos de la región, ofreciendo dinero, armamento y recursos humanos a cambio de una guerra total del Estado frente a los narcotraficantes.

Jaque al Estado

Empujados por una comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, que presionaba a todos los gobiernos de la zona para encrudecer la guerra total contra el Narco como requisito previo para recibir inversiones y ayudas de los países desarrollados, muchos estados se vieron abocados al enfrentamiento directo usando la fuerza militar y destinando grandes esfuerzos y recursos públicos. Pero unos Estados con poca fortaleza institucional debido a las vicisitudes históricas de la zona, con economías que no acaban de despegar y con una infrafinanciación que impide crear el contexto necesario para el surgimiento del bienestar, no pueden hacer frente a uno de los negocios más lucrativos del mundo, y que a su vez cuenta con estructuras multinacionales que en la mayoría de casos tienen más financiación, más efectivos y mejores suministros que el propio Estado. Incluso en casos como el de México, uno de los Estados latinoamericanos más potentes, ni sumando los efectivos de sus fuerzas militares (50.000)[9] y la Policía Federal (35.000)[10] dedicados a la lucha contra el Narco, son capaces de superar los aproximadamente 100.00[11] narco-soldados reclutados por los Cárteles.

Si a eso se añade que la guerra directa contra el Narco solo consigue un aumento de la debilidad del Estado por las influencias de los narcotraficantes con figuras influyentes dentro del poder estatal, que se produce un shock socio-económico que acaba afectando a los pocos sectores productivos y empobreciendo al país, y a la vez el Narco va conquistando parcelas que corresponden al propio Estado y haciéndose con el control de amplios territorios del país – lo que termina por afectar a las fuentes de financiación estatal –, los Estados latinoamericanos se convierten en tambaleantes castillos de naipes. Ello es especialmente sangrante en el caso de pequeños Estados como Nicaragua, Honduras y Guatemala, que solo son capaces de recaudar el 13% de sus limitados PIBs – cuando en los países desarrollados es alrededor del 30% del PIB – , hecho que les deja completamente a merced del Narco y condena a sus poblaciones a la pobreza extrema.

Lo que está sucediendo en muchos casos, en este pulso entre Estado y Narco, es que conviven dos entes que compiten por el poder – para fines muy distintos –, un Estado democrático de Derecho frente a un Narco-Estado, lo que acaba por anular la libertad de las personas que viven en ese territorio, ya que en palabras de De la Court: “lo único que un Estado libre no puede tolerar es que coexistan otros Estados dentro del Estado”. Es decir, si no existe monopolio del poder no existe diferencia entre lo público y lo privado, que en palabras de Maquiavelo: “va directamente contra cualquier posibilidad de orden civil”.[12] El Estado se vuelve incapaz de cumplir sus funciones mínimas por la intromisión del Narco en su esfera de actuación, que lleva a un empoderamiento del mismo hasta el punto de alcanzar popularidad y apoyos entre la población de los territorios bajo su control. A fin de cuentas, en casos como el de México, más de medio millón de persona trabajan bajo sus órdenes en cerca del 60% de los municipios[13]. La Guerra directa contra el Narco supone un deslegitimación del propio Estado, tanto por los métodos utilizados como por la falta de confianza y apoyo de los ciudadanos.

 

Las consecuencias de la Guerra

Las terribles consecuencias de este enfrentamiento armado y político ante la super-estructura del Narco tiene su plasmación más directa en las miles de muertes que ha desencadenado a lo largo y ancho del continente este conflicto. Se calcula que solo en México durante el mandato de Calderón, momento en que se declaró la guerra total contra los cárteles, se han producido más de 50.000 victimas [14]. Este número incluye en su mayoría personas relacionadas con el Narco, según estadísticas federales el 90%, pero ya en el año 2010 las muertes colaterales de civiles en la lucha contra el Narco aumentaron en un 172%[15]. Pero este fenómeno de violencia social no es únicamente propio de México – pese a ser el caso más sangrante -, sino que en palabras del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, la War on Drugs ha dejado un reguero de 125.000 muertes en la región de Centroamérica [16]. Estos factores hacen que muchos países latinoamericanos tengan las tasas de homicidios más altas del mundo, especialmente en el área de Centroamérica y el Caribe, donde se registran más homicidios que en países en guerra[17]. Según el Small Arms Survey[18], en esta región se cometieron más de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes entre 2004 y 2009, figurando entre los sietes países más violentos del mundo Honduras, Guatemala y El Salvador, que lidera la clasificación con 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. A estos datos a nivel estatal, hay que añadir que según la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública[19], en América Latina se encuentran las dos ciudades con mayor índice de asesinatos: Ciudad Juárez y Caracas. Ambas ciudades están situadas en territorios donde la guerra contra el Narco ha alcanzado mayores cotas de virulencia. Según esta misma organización, de las diez ciudades más peligrosas del mundo, cinco son latinoamericanas: Ciudad Juárez (1), Caracas (2), Tijuana (4), San Salvador (7) y Medellín (8).

En el caso de Colombia, se llega a hablar de una verdadera tragedia humana: el conflicto civil interno, que incluye el combate a las drogas, contribuye para generar más de un millón y medio de desplazados internos y se calcula que cerca de un millón de niños sufren las consecuencias de la guerra, tales como asesinatos, secuestros, mutilaciones, desplazamientos o reclutamientos compulsivos en la guerrilla o en los grupos paramilitares.[20]

Esta escalada de la violencia en el mismo seno de la sociedad también se ve reflejado en el desaforada número de secuestros, que en palabras del procurador General de Justicia del estado de México: “la actividad de los secuestros se convirtió en una actividad paralela a la venta de drogas que efectúan los delincuentes”. Los cárteles utilizan esta técnica para la propia financiación y como método de extorsión para conseguir prerrogativas por parte del Estado y el empresariado. Según un estudio presentado por la organización holandesa MKV-Pax Christi[21], México es el país del mundo con mayor índice de secuestros. Asimismo, dentro de esta nefasta clasificación, encontramos otros cuatro países latinoamericanos: Brasil (5), Ecuador (7), Venezuela (8) y Colombia (9).

Cierto es que no se puede atribuir únicamente al crimen organizado la alta tasa de asesinatos y secuestros, ya que a ello contribuye la dinámica histórica de Estados incapaces de garantizar los derechos y las libertades más elementales. Pero es precisamente esta debilidad de la que se aprovecha el Narco para extender su poder, y la guerra frontal a la que se ha visto empujado los Estados de la zona no hace más que aumentar esa debilidad, flirteando en algunos casos con la fallida del Estado. La explosiva unión de homicidios y atentados contra la libertad personal convierten al continente en una de las regiones del mundo más peligrosas del mundo. El Ministerio de Exteriores de España, recomienda tomar grandes precauciones a sus nacionales antes de viajar a Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador y México. Además, incluye doce ciudades mexicanas entre las más peligrosas del mundo, ostentando Ciudad Juárez el primer lugar de la lista[22]. Según el Índice de Paz Global[23] que elabora Institute for Economics and Peace, y que clasifica los niveles de paz de cada país en función de un total de veinticuatro indicadores[24], de entre los países con menos paz del mundo podemos encontrar a varios latinoamericanos, que se ven penalizados por sus altas tasas de criminalidad, violencia y conflictos entre el Estado y el crimen organizado: Colombia (139), Guatemala (125), Venezuela (124), México (121) y Honduras (117). 

La narco-corrupción

Este mismo índice también mide los niveles de corrupción a través de dos indicadores. Por un lado la percepción que tienen distintos expertos sobre la corrupción del sector público y por otro lado la cultura política del país. Pues bien, de los anteriores países mencionados, ninguno consigue aprobar alguno de estos dos indicadores, siendo la media total de corrupción un 2.84 y de cultura política un 4.38. Estos pobres resultados tienen su plasmación en un realidad en que Narco y Estado, en todas sus instancias, forman una entramada que muchas veces es difícil de separar. Gracias a la capacidad financiera de poseer el monopolio de unos de los mercados más rentables del mundo, el crimen organizado es capaz de extender su área de influencia por todos los recovecos de la administración estatal y de la política. Su poder alcanza a la magistratura, la Policía, las Fuerzas Armadas, los altos cargos del funcionariado e influyentes figuras políticas.

Antes de discernir sobre la compleja relación entre narcotráfico y corrupción, conviene delimitar qué entendemos por corrupción. Pese a la gran cantidad de literatura que existe sobre el tema, se hace difícil encontrar una definición capaz da acotarlo correctamente. Sin lugar a dudas, la definición más ajustada nos la aporta la prestigiosa experta en corrupción y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman: “La corrupción tiene lugar en la interacción entre los sectores público y privado. Cada vez que un empleado oficial tiene poder discrecional respecto a acciones distributivas que afecten al sector privado, se crean oportunidades de soborno”. Es por ello que el narcotráfico engendra altísimos niveles de corrupción, ya que los distintos agentes que componen o gobiernan el Estado dirigen las herramientas de prohibición, persecución y represión el mercado de las sustancias psicotrópicas. Es decir, la maquinaria estatal tiene una poder discrecional tan absoluto sobre el sector privado de las drogas, que intenta eliminar la propia existencia de dicho sector, pero únicamente consigue de la existencia de una para-sector incrustado fuera de los límites de la legalidad.

Existe un fuerte debate entre académicos acerca de si es el narcotráfico el que engendra corrupción, o es gracias a la corrupción previamente existente la que permite la aparición del Narco. Suele ponerse de ejemplo a Colombia, un país que históricamente no había destacado en el cultivo de coca – en contraposición con Bolivia y Ecuador – pero que ha terminado siendo el principal productor-exportador de cocaína. Se suele argumentar que el gran incentivo del narcotráfico para impulsar sus cultivos en este país es la propia debilidad del Estado colombiano en la década de los setenta, que no persiguió con suficiente energía la incipiente industria de las drogas, y la histórica permeabilidad de sus estructuras estatales para consentir y promover la corrupción. Pese a ello, mientras que en 1998 Transparencia Internacional clasificaba a Colombia como el país más corrupto de la región y séptimo del mundo, en la clasificación del 2010[25] se encuentra entre los menos corruptos de América Latina. Otros países que en anteriores ediciones de este Índice de Corrupción obtenían mejores resultados, hoy en día han empeorado – el caso de México es revelador – su clasificación. Puede decirse que en el caso de la corrupción, igual que en el de la producción,  aparece el denominado Efecto Globo. Cuando el Estado consigue disminuir sus niveles de corrupción, el narcotráfico no puede operar tan cómodamente en el país y decide extenderse por otros países de la zona, lo que acaba afectando a los niveles de corrupción del país donde decide instalarse. Es un juego de suma cero, en el que el total de corrupción no disminuye, sino que lo que un país pierde lo gana otro. Aunque el debate en torno a si fue primero el huevo y la gallina sigue plenamente vigente. Todos los estudios reconocen que la fuerte relación circular entre corrupción y narcotráfico se debe sobretodo a Estado débiles incapaces de hacer cumplir la ley, sin los recursos suficientes y que muchas veces no pueden asegurar su presencia en todo el territorio. Por ello, no se puede afirmar un relación directa y las estadísticas no ofrecen correlaciones claras, pero es un hecho constatable que ambos fenómenos se retroalimentan.

Ataques a los Derechos Humanos

Un denominador común que tienen todas las guerras son los ataques indiscriminados contra los derechos más básicos de la personas por parte de ambos bandos. El caso de la War on Drugs no es una excepción, sino que muestra con gran nitidez las consecuencias de la militarización de los conflictos. Por un lado, los cárteles no dudan en asesinar, extorsionar, secuestrar y confiscar tierras para conseguir sus objetivos. En los últimos años se observan fuertes presiones por parte del Narco contra los agricultores, para que cultiven en régimen de servidumbre, y aquellos que se niegan son expulsados por la fuerza de sus tierras.

Se han comentado anteriormente los altos niveles de violencia consecuencia de la guerra contra las drogas, pero conviene saber que el tráfico de estas sustancias no es el único negocio del narcotráfico. El crimen organizado también actúa en el tráfico y prostitución forzada de mujeres, además de controlar las mafias que permiten cruzar la frontera a miles de inmigrantes. En la mayoría de casos se cometen flagrantes atentados contra las libertades de personas que caen en las redes del narcotráfico y sus actividades periféricas, que también reclutan a menores contra su voluntad para realizar los trabajos de distribución y sicarios. Algo que sucede por la imposibilidad del Estado de garantizar los más mínimos estándares de libertad y derechos, a causa de una debilidad que se ve acrecentada por una guerra contra un enemigo poco visible y con más medios – los cárteles -, pero en donde el enemigo de fondo es algo imposible de combatir: el consumo de drogas.

Parece un obviedad resaltar que el narcotráfico viola constantemente los derechos y libertades más elementales del ciudadano, porque es algo que está en la propia esencia del crimen organizado. Lo que resulta más sorprendente, a priori, son las violaciones de estas libertades y derechos en las que caen los Estados para hacer frente a la guerra que libran contra el Narco. La ONG Human Rights Watch ha publicado recientemente el informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, que “examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México”. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los Estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.[26]

Esta misma organización acusó al gobierno de Uribe que en el desarrollo de su política de seguridad democrática –su plan maestro para acabar con las FARC y el poder del narco- las zonas llamadas de ‘rehabilitación y consolidación’, donde la batalla era más directa, se convirtieron en zonas de expulsión de poblaciones, persecuciones políticas y desapariciones. El gobierno mismo de Uribe también decretó el ‘Estado de conmoción interior’, acentuando una tendencia ya observada en gobiernos anteriores: instituciones como el Poder Judicial cediendo las funciones de juicio a tribunales militares, que realizan procesos sumarios y acentúan la práctica de tribunales de excepción en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Sensibilizada con estas críticas y denuncias de ONGs internacionales, la Unión Europea aprobó, en julio de 2003, una declaración de apoyo a la política de Seguridad Democrática de Uribe, pero condicionó tal apoyo al cumplimiento por parte del gobierno Uribe a 27 recomendaciones de la Sección de DDHH de la ONU en Bogotá.[27]

La gran mayoría de acusaciones de distintas organizaciones se dirigen hacía los dos países que más han interiorizado la Guerra contra el Narco como el gran objetivo del Estado: México y Colombia. La diferencia es que mientras en el caso de México la tensión no para de acrecentarse, Colombia ha virado en su política de drogas hacia posiciones más posibilistas. Se ha pasado de la Guerra Total de Uribe y el Plan Colombia, a las declaraciones del Manuel Santos en The Guardian[28] reconociendo el fracaso de la War on Drugs y la necesidad de estudiar una futura legalización. Esta nueva actitud del gobierno colombiano respecto a la cuestión del narcotráfico y las drogas, que el propio Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmara que este organismo reconoce los avances y la mejoría de Colombia “en todo orden de cosas”, como el clima político y el debate público.[29]

Un obstáculo para el desarrollo económico

La existencia del narcotráfico y la consiguiente Guerra en la que se enzarzan éste y los Estados de la región, supone un ataque directo contra el desarrollo económico de Latinoamérica, piedra angular para el necesario despegue del progreso social del continente. La existencia de este conflicto interno crea un profunda desconfianza entre los inversores extranjeros y los empresarios locales, que observan como sus propiedades y su propia vida corren peligro de situar sus negocios en áreas de influencia del crimen organizado.

Probablemente, la mejor aproximación sobre la nefasta influencia del narco en la economía de un país nos la aporta el economista Francisco Thoumi, un académico colombiano que ha estudiado este fenómeno en su libro Economía política y las drogas ilegales en Colombia: “Esta industria debilita la legitimación de los derechos de la propiedad, desinfla el crecimiento de la economía formal, dificulta la obtención de impuestos, demanda más gasto público y legitima la violencia como la mejor arma predatoria de negocios”. En la misma línea se posiciona el Banco Mundial[30], que nos ofrece cifras macroeconómicas a los perversos efectos enumerados Thoumi. Según la directora gerente del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, “el 8 % del Producto Interno Bruto (en América Central) se ve afectado por causa del crimen organizado y el tráfico de drogas”, lo que supone apróximadamente unos 13.000 millones de dólares en terminos nominales [31].

Asimismo, gracias al Informe de Competetividad Global[32] que elabora el Foro Económico Mundial, que analiza el entorno económico y competitividad de 142 países, podemos calibrar de manera relativamente fiel cómo afecta el narcotráfico y la War on Drugs a las distintas economías nacionales. Pese a la constante mejoría de la gran mayoría de países latinoamericanos, algunos países de subcontinente centroamericano –Guatemala, Nicaragua y El Salvador (91)–  ven lastrada su competitividad por un gran deterioro de la seguridad, causado por el auge de la violencia relacionada con las drogas. Dentro del apartado Country Profile Highlights[33], donde se hace un pequeño análisis de los países más representativos de cada región, encontramos que el Foro Económico Mundial congratula a los países que más sufren el Narco y su guerra por unos resultados más que positivos: México se sitúa en el puesto 58 y Colombia en el 68. Pese a ello, también resalta que lo que más perjudica a la competitividad de ambos países y lastra su ranking final, es que pese a los inumerables esfuerzos para combatir el crimen organizado, la falta de seguridad – Colombia puesto 138 y México 139– exige un alto precio a la comunidad empresarial y es el gran factor que desincentiva la competitividad.

Si hacemos hincapié en los datos desglosados para cada país, observamos que los grandes problemas de la economía mejicana, por este orden, son: crimen, corrupción e ineficacia gubernamental. En el caso de Colombia solamente cambia el orden: corrupción, ineficacia gubernamental y crimen. El informe también realiza una clasificación de todos los distintos sub-indicadores que acaban conformando la clasificación global de cada país. Por el lado de México, destacan negativamente los costes derivados del terrorismo (121), los costes derivados del crimen y la violencia (134), la desconfianza en la policía (133) y el crimen organizado (139). En cuanto a Colombia, lastra su clasificación sus pobres resultados en materia de: costes derivados del terrorismo (142), costes derivados del crimen y la violencia (133) y el crimen organizado (138).

A tenor de los resultados de estos países -que se encuentran a la cola mundial en cuanto a seguridad, crimen organizado y violencia-,  y que son extensibles a la mayoría de país que sufren la lacra del Narco, podemos trazar una línea de causalidad entre un desempeño económico que no acaba de permitir un enriquecimiento de la totalidad de la población latinoamericana y la fuerte presencia del crimen organizado, junto con la lucha que sostiene con el Estado, como factor que dificulta el desarrollo del continente. 

El circulo vicioso de la pobreza

Tras analizar a lo largo del documento las distintas aproximaciones al problema del narcotráfico y cómo afecta a las distintas esferas de la sociedad, podemos llegar a la conclusión que es la falta de un Estado que asegure las más mínimas libertades y garantice los derechos más elementales, especialmente aquellos que atañen a la vida, el progreso y la propiedad, lo que dificulta el correcto desarrollo del Latinoamérica. Esta falta de fortaleza estatal se ve agravada por un Narco que pone en jaque su legitimidad y su presencia en grandes porciones de territorio. Igual que en el caso de la corrupción, no se puede asegurar a ciencia cierta si la debilidad del Estado engendra el narcotráfico, o es la fuerza de los cárteles lo que lleva a los estados a sus límites, pero si que ambos fenómenos se retroalimentan.

Algo similar ocurre con los altos niveles de pobreza que sufren aun hoy los latinoamericanos, que responde a una serie de causas propias entre las que se encuentra sin lugar a dudas el narcotráfico. No es casualidad que allí donde encontramos más presencia del Narco y sus organizaciones periféricas –el fenómeno pandillero– encontremos niveles más altos de pobreza. El Narco se aprovecha de las zonas rurales empobrecidas para el cultivo y producción de drogas, así como utilizan las grandes bolsas de pobre urbana y desempleo entre los jóvenes para obtener una extensa red de distribución.

No es por tanto casual que los países latinoamericanos con más presencia del narcotráfico –que según un estudio de la administración Obama son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, , Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela– posean a su vez los niveles de pobreza y/o desigualdad más altos a tenor del Informe sobre Desarrollo Humano[34] del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Narco no es el único causante, pero contribuye en gran medida a un circulo vicioso que condena a la pobreza a gran parte del territorio latinoamericano.

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Narcotráfico pesa a A. Latina – BBC Mundo http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2800000/2800891.stm

[2] Historia Elemental de las drogas – Antonio Escohotado  p. 69

[3] Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas y exigencias externas” (pp. 164-170 y 177-184) – Rafael Duarte Villa

[4] Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas y exigencias externas” (pp. 164-170 y 177-184) – Rafael Duarte Villa

[5] Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050141

[6] El consumo de drogas Estados Unidos alcanza su máximo histórico – CNN México

http://mexico.cnn.com/mundo/2010/09/17/el-consumo-de-drogas-estados-unidos-alcanza-su-maximo-historico

[7] Historia Elemental de las drogas – Antonio Escohotado  p. 102

[8] Historia Elemental de las drogas – Antonio Escohotado  p. 106

[9] Four Gunmen Die in Clash with Mexican Troops – Los Angeles Times http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=352959&CategoryId=14091

[10] Mexico sees hope among drug violence – CNN http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/02/09/mexico.violence/index.html?hpt=C2

[11] 100.000 foot soldier in Mexican Cartels  – Washintong Times http://www.washingtontimes.com/news/2009/mar/03/100000-foot-soldiers-in-cartels/

[12] Sumisiones Voluntarias – Gabriel Albiac p. 30

[13] Narco S.A – CNN Expansión http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco-sa

[14] Ya son 50 mil los muertos en la guerra antinarco: Zeta – Proceso http://www.proceso.com.mx/?p=276308

[15] Muertes colaterales en lucha contra narco crecieron 172% en 2010 – Nuevo Mundo Radio http://nuevomundoradio.com/internacional/el-mundo/latinoamerica/1580-muertes-colaterales-en-lucha-contra-narco-crecieron-172-en-2010.html

[16] El Crimen Organizado ha dejado 125mil muertes en Centroamérica – El Informador http://www.informador.com.mx/mexico/2011/332366/6/crimen-organizado-ha-causado-125-mil-muertes-en-centroamerica.htm

[17] En Centroamérica y el Caribe se registran más homicidios que en países en Guerra  – El Mundo http://www.elmundo.es/america/2011/10/27/noticias/1319735110.html

[18] Small Arms Survey – http://www.smallarmssurvey.org/

[19]  Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo por índice de homicidios – El Nuevo Diario http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/55601

[20] Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas y exigencias externas” (pp. 164-170 y 177-184) – Rafael Duarte Villa

[21] México, el país con más secuestros del mundo http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/372109.mexico-el-pais-con-mas-secuestros-en-el-mundo.html

[22] Doce de las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo están en México – ABC http://www.abc.es/20110113/internacional/abci-mexico-muertes-201101131451.html

[23]  Global Peace Índex – http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scor

[24] Wikipedia: Índice de Paz Global http://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Paz_Global

[25] Corruption Perceptions Index 2010 – Transparency International http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results

[26] “Ni Seguridad, Ni Derechos” – Human Rights Watch http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

[27] Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas y exigencias externas” (pp. 164-170 y 177-184) – Rafael Duarte Villa

[28] Juan Manuel Santos: ‘It is time to think again about the war on drugs’ http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/13/colombia-juan-santos-war-on-drugs?CMP=twt_gu

[29] Colombia ‘ha mejorado en el clima político’: Human Rights Watch – Caracol http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-ha-mejorado-en-el-clima-politico-human-rights-watch/20111011/nota/1560889.aspx

[30] Narco afecta economía de Centroamérica: BM – El Universal http://www.eluniversal.com.mx/notas/768475.html

[31] El PIB nominal de Centroamérica en 2011: 161.032 millones de dólares.

[32] The Global Competitiveness Report 2011/2012 – World Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

[33] The Global Competitiveness Report 2011-2012: Country Profile Highlights http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CountryProfilHighlights_2011-12.pdf

[34] Informe sobre Desarrollo Humano 2011 – PNUD http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete_reprint.pd