Kostas Vaxevanis: "Un periodista que sólo cumple con su deber", Carmen del Riego

El derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución, tiene límites. Los periodistas lo sabemos, y el Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia muy elaborada que determina cuándo prima este derecho (que es sobre todo de los ciudadanos) o hay un bien superior que proteger: el honor, la intimidad o la imagen.

Para que el derecho a la información prevalezca sobre estos bienes jurídicos, el Constitucional exige unos requisitos. El primero, veracidad, que no supone que tenga que ser una verdad absoluta, sino que se valora que el periodista haya sido diligente a la hora de buscar y contrastar la verdad, utilizando todos los medios a su alcance para que los datos sean rigurosos y hayan sido contrastados, ya que de exigirse una verdad objetiva se dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información (sentencia 75/2002 de 8 de abril del Tribunal Constitucional).

Pero no sólo eso. En ningún caso resulta admisible el insulto o las calificaciones difamatorias, y no se puede invocar a la libertad de información cuando lo que se desvelan son aspectos de la vida privada o de la intimidad que no resultan relevantes para la información.

Pese a estos límites, el Tribunal Constitucional español ha destacado el carácter prevalente de la libertad de información, por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático, como establece la STC 235/2007, aunque no sea una prevalencia automática, sino que sólo pueda invocarse en los supuestos en los que no concurran otros factores, como la presunción de inocencia, en los que la ponderación lleve a primar intimidad, honor o propia imagen.

Con este repaso a nuestra legislación, quiero llegar a la conclusión de que el periodista griego Kostas Vaxevanis, detenido por publicar el nombre de 2.059 griegos con cuentas en Suiza, es decir, presuntos evasores fiscales, si fuera español y estuviera en España, no sólo no estaría detenido ni tendría que enfrentarse el jueves a un tribunal que le puede condenar a dos años de cárcel por revelación de datos confidenciales, sino que estaría cumpliendo uno de los requisitos que el Tribunal Constitucional estipula para que el derecho a la información prime sobre cualquier otro: el interés público. Es ese interés el que el propio Vaxevanis invocó en su comparecencia ante el juez: “Me limité a hacer mi trabajo en nombre del interés público, revelar la verdad que todos los demás están intentando ocultar”.

Vaxevanis, con esta afirmación, estaría haciendo bueno, además, uno de los principios básicos del Código Ético que asumen los periodistas que forman parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que establece que el primer compromiso ético del periodista es la verdad. No parece que la lista difundida por Vaxevanis haya sido puesta en tela de juicio. Su origen es la actual presidenta del FMI, cuando en el 2010 era ministra de Economía de Francia, elaborada con datos filtrados por un extrabajador de HSBC.

El Gobierno griego, alguno de cuyos responsables está en la lista, debería haber tenido la misma diligencia en llevar ante los tribunales a los defraudadores que en meter en la cárcel a un periodista que sólo ha cumplido con su deber profesional. Una actuación que nos reconcilia con la profesión y nos hace decir que merece la pena.

31-X-12, Carmen del Riego, Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, lavanguardia