"El periodismo argentino, en peligro", Ricardo Kirchsbaum
Pocas semanas atrás, manifestaciones espontáneas y masivas irrumpieron en muchas ciudades de Argentina. Ciudadanos de a pie salieron a la calle convocados a través de las redes sociales para expresar su malestar por varias decisiones del Gobierno. La más importante, el proyecto de una nueva reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (se trataría de modificar la Constitución, ya que un tercer mandato no está permitido).
Los manifestantes querían también enfatizar su desaliento ante la inseguridad creciente y la ausencia de una política de protección a los ciudadanos.
Sólo un canal de televisión abierto y uno de cable mostraron las imágenes en vivo de esa gigantesca protesta. Los otros medios transmitieron breves flashes con títulos que los desacreditaban, caracterizando a la gente que salió a la calle como integrante de un sector burgués que sólo se interesa en su hedonismo.
El canal abierto y el de cable que sí dieron la palabra a los manifestantes pertenecen al Grupo Clarín, a quien el Gobierno quiere obligar, con un supuesto límite para este 7 de diciembre, a desinvertir y a entregar al menos una de estas emisoras a la competencia, oficialista, por cierto.
La decisión se basa en una ley de Medios Audiovisuales aprobada hace tres años, hecha a medida para debilitar a este grupo. ¿En qué se basa esta acusación? Valga un ejemplo: el diario Clarín tiene un sistema de televisión por cable importante. Seguramente por esa razón se ha impuesto en la ley una restricción del número de canales de cable que puede tener una empresa. Sin embargo, hay competidores con igual o más números de emisoras de pago pero lo distribuyen por satélite –o por la red telefónica– en vez de por cable. Para ellos, no hay limitación alguna.
Como dos de los artículos de la ley de medios presentan un claro sesgo anticonstitucional, Clarín recurrió a la justicia, que aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Pero el Gobierno ya ha decidido que el 7 de diciembre debe empezar el proceso de desinversión, señalando que lo harán de facto si los medios no lo hacen por sí mismos. En este momento, a excepción de tres diarios en Buenos Aires (además de Clarín, mantienen su independencia La Nación, Perfil y El Cronista) y de un puñado del interior de Argentina, casi no quedan medios independientes en el país.
Hay, sí, muchísimos periódicos, revistas, radios, canales de televisión analógica y de cable y sitios informativos digitales que son privados en cuanto a propiedad pero actúan como una verdadera cadena paragubernamental subvencionada con publicidad del Estado o pagados por empresarios amigos que luego ven retribuida su fidelidad con concesiones públicas.
No por azar ninguno de estos diarios y revistas –sólo en Buenos Aires son siete u ocho– está afiliado a ningún sistema de verificación de difusión o audiencia. Su circulación es muy baja, contradictoria con el gran caudal de dinero oficial que reciben. A ello se suma el uso descarado de los medios públicos (son parte de la facción gobernante) para hacer propaganda del Ejecutivo de Kirchner. Siguen así la misma política que en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Los próximos meses serán más difíciles para la libertad de expresión en Argentina. Esto no nos trasciende: hiere la palabra, el debate de ideas y el acceso a la información pública, algo que de manera persistente niega el Gobierno. Las acusaciones a los periodistas de los medios independientes, en especial los de Clarín, superan cualquier norma de convivencia plural.
Se nos ha catalogado como “la cadena del desánimo”, no se nos responden las preguntas o se nos acusa de infinitas segundas intenciones. Todo hecho conflictivo en el país –desde una protesta salarial de las fuerzas de seguridad hasta las denuncias por corrupción que rozan al vicepresidente del país– sería responsabilidad del periodismo no adicto. Es una campaña de descalificación y presión como nunca se vio en las últimas tres décadas de democracia.
Creemos que la sociedad argentina, después de los cruentos años militares de 1976 a 1983, hizo una apuesta por la libertad y la convivencia. El Grupo Clarín –que publica el diario de mayor tirada y tiene una diversificación multimedia– rinde exámenes todos los días con sus contenidos y depende de la opinión de sus audiencias.
El Gobierno no quiere nuevas voces, sino herir la capacidad de emisión de las que no le son fieles. Hay que estar alerta y denunciar esta situación grave para la libertad de expresión y el derecho a informar. La arbitrariedad y las presiones desvergonzadas son contrarias al espíritu democrático.
4-XI-12, R. Kirchsbaum, president de la Xarxa Mundial d'Editors i editor general del diari Clarín, lavanguardia