"Custodios del legajo", Ramon Aymerich

La fe pública es uno de los grandes misterios de la economía moderna. La capacidad de determinados colectivos profesionales para trocar en oficial y público aquello que es privado a cambio de una simple prestación económica constituye una rara excepción en una economía que desde hace veinte años discurre por la senda liberalizadora. Es posible que no haya sabido leer a fondo las decenas de brochures con las que notarios y registradores han justificado en la última década el valor de su actividad. Pero ni así han conseguido despejar la niebla que la rodea. A los gobernadores de los bancos centrales, siempre rodeados de misterio, se les ha bautizado a menudo como guardianes del templo. ¿Cómo deberíamos bautizar entonces a esos colectivos?

Registradores y notarios están entre los grandes beneficiarios de la burbuja inmobiliaria española. En los años buenos no dieron abasto. Con el pinchazo de la burbuja llegó la crisis, los despidos y los ceses de actividad. Ahora, Ruiz-Gallardón, tal vez pensando en la profesión de su presidente, Mariano Rajoy, ha acudido en auxilio de los registradores. La solución con la que ha dado es transferir a registradores mercantiles y de la propiedad actividades que eran propias (y públicas) del Registro Civil. Y redactar una ley por la que el número de actos de forzosa inscripción se dispara.

Es decir, el Ministerio de Justicia externaliza parte de su actividad, crea nuevas necesidades por ley (más inscripciones) y renuncia a los ingresos que de ello se derivan, que se transfieren a los registradores. No habrá que pagar por inscribir la defunción o el nacimiento de un familiar. Sí habrá que hacerlo por cada certificado que se solicite con posterioridad. La pregunta es ¿dónde está la mejora? ¿En qué medida una decisión como esa beneficia a la economía y a los ciudadanos en general?

Tengo una vecina que cada vez que lee una noticia como esa empieza a chillar y a pedir la intervención de los “hombres de negro”. En su infinita candidez, piensa ella que, si se rescata la economía española, los hombres de negro impedirían semejante barbaridad. Empezó a desarrollar esa manía con lo del AVE a Galicia. Pero los motivos de queja se le acumulan día tras día. Y no es la única. Como ella, mucha gente prefiere el rescate de la economía porque sospecha que las cosas no se hacen con racionalidad.

No está nada claro que un rescate vaya a ser mejor para todos. La lógica asegura que los rescates conllevan mayores condiciones, mayores sacrificios. Pero de toda la historia que se acaba de contar lo único que parece claro es que muchas de las reticencias del Gobierno español para retardar el rescate no tienen nada que ver con la oportunidad del momento, sino con la voluntad de determinados sectores y colectivos estratégica-mente bien situados para que las cosas se hagan a su manera.

Que no es la que conviene a todos.

15-XII-12, Ramon Aymerich, lavanguardia