Rajoy: política contradictoria... o mera ausencia de ella (y de él)
No siempre se puede tener toda la consistencia entre lo dicho y lo hecho, sobre todo en periodos de gran desorden económico. Aun así, impresiona la acumulación de contradicciones en la economía española en las últimas semanas. Veamos algunos ejemplos.
El Gobierno central predica la flexibilización de la economía, aunque esto ha tenido poca más aplicación práctica que la flexibilización del mercado laboral, con luces y sombras. Sin embargo, el borrador de anteproyecto de ley del Registro Civil, aprobado por el Ministerio de Justicia, obliga a inscribir en el Registro Civil el régimen económico de los matrimonios, cuando ahora se aplica el régimen propio de cada región si no hay acuerdo en contrario. Además, dispone la celebración de los matrimonios civiles ante notario. Más trámite burocrático y más costes económicos para los ciudadanos. Todo en dirección opuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea al Gobierno español, que entre muchas medidas de reforma recomienda liberalizar profesiones muy reguladas como notarios, registradores de la propiedad... (pág. 24 de “Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012”, de 30/V/2012). De hecho, la resistencia del Gobierno español a seguir las recomendaciones de la Comisión explica la resistencia a solicitar el rescate, aunque se tenga que hacer tarde y mal.
El Gobierno predica la reducción del coste de la actividad emprendedora y la innovación. Con buen motivo, pues España es origen de poco más del 1% de las patentes presentadas en la Oficina Europea, frente al 40% de Alemania y el 15% de Francia. Ahora, inglés, alemán y francés quedan como lenguas oficiales únicas para patentes, lo que permite reducir de 36.000 a 6.000 euros el coste de patentar en la UE para empresas de los 25 países que han adoptado la medida. Pero no en España e Italia, que no han adoptado la patente única porque no incluye castellano e italiano como oficiales (tratado aquí el 16/XII/2010, en “¡Viva la unidad de mercado!”). Cierto es que el castellano es hegemónico en América Latina y tiene peso creciente en EE.UU., pero en Europa no tiene el mismo rango ni cuantitativo ni cualitativo. Sobre todo, en materias como innovación. Pero todo lo relativo a la lengua es cuestión de principios en España, que impone la obligatoriedad del castellano a sus ciudadanos en el artículo 3 de la Constitución. Es la única lengua impuesta –en sentido estricto–, a pesar de las tonterías que se han de oír sobre imposiciones y lenguas.
Y qué decir de la rigidez con que el Gobierno central hace cumplir a las regiones el ajuste presupuestario, mientras se niega a compartir ni un gramo de la flexibilidad que obtiene de la Comisión. Pero, a la vez, bloquea y recurre al Constitucional el uso de recursos tributarios por las autonomías para paliar recortes en servicios básicos. Ya saben, el euro por receta, etcétera. Pero ya profundizaremos en esta cuestión otro día, que tiempo y contradicciones no faltan.
18-XII-12, Germà Bel, lavanguardia
