repetidos, e inevitables, fracasos y desastres de la "Guerra contra las Drogas"

El Gobierno de Calderón dejó de informar hace más de un año sobre los muertos en la guerra contra el narco. El nuevo fiscal general, Jesús Murillo, ha roto el silencio con un dato abrumador: desde diciembre del 2006 la violencia ha segado la vida de 70.000 personas. Y no hay once carteles en México como se creía, sino entre 60 y 80 organizaciones criminales.

> reforma de las Convenciones ONU sobre drogas <
> contra el prohibicionismo en materia de drogas <

La guerra ha terminado. Esa ya no es la prioridad del Gobierno de México. Su objetivo será, a partir de ahora, brindar seguridad y paz a los ciudadanos con una nueva estrategia que persigue reducir drásticamente el secuestro, la extorsión y el homicidio, moderniza la Fiscalía e incide en la prevención del delito.

El cambio de rumbo en la política de seguridad, enunciado el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto ante todos los gobernadores del país, implica además un fuerte distanciamiento crítico con el planteamiento belicista de su predecesor, Felipe Calderón. La nueva Administración atribuye a la anterior no haber logrado reducir el delito, porque promovió una estrategia meramente reactiva que provocó una fragmentación de grupos criminales que los hizo más peligrosos.

En un acto solemne y breve, el presidente mexicano –que tomó posesión el 1 de diciembre– trazó los ejes básicos de su plan, entre ellos dividir el país en cinco regiones en las que se aplicarán operativos específicos, crear una fuerza de seguridad de ámbito nacional (inspirada en la Guardia Civil española y la Gendarmería chilena) con 10.000 efectivos de manera inicial, el establecimiento de un mando único policial en los estados y la reorganización de la Policía Federal con la creación de “15 unidades enfocadas a combatir el secuestro y la extorsión”, además de un Plan de Prevención del Delito que contará con un presupuesto de unos 6.800 millones de euros en el 2013.

La estrategia de Peña Nieto incluye normas de defensa de las víctimas y la revisión de la controvertida figura del arraigo –que permite la detención sin cargos por 40 días prorrogables–, así como la modernización de la Procuraduría General (Fiscalía) para que “la investigación científicocriminal sea la piedra angular de la justicia”; la depuración del Instituto Nacional de Migración –acusado de connivencia con el crimen organizado– y la recuperación del control de las cárceles, que en su mayoría funcionan a la orden de las mafias.

La política del recién estrenado Gabinete del Partido Revolucionario Institucional busca desnarcotizar la agenda de seguridad. Un enfoque opuesto al del gobierno del Partido Acción Nacional, que hizo de la guerra contra el crimen organizado su mantra político con una estrategia basada en la persecución de capos de la droga y el despliegue de casi 80.000 elementos de las fuerzas armadas sin adiestramiento ad hoc ni hoja de ruta. El fracaso de su ofensiva tuvo consecuencias atroces.

El ministro del Interior, Miguel Osorio Chong, dio una idea del sombrío panorama que hereda. Entre el 2006 y el 2012 el secuestro se incrementó un 83%, el robo con violencia un 65%, la extorsión un 40%, los delitos sexuales un 16% y el robo en carretera más del 100%. “En los últimos años, producto de la violencia relacionada con el crimen organizado, han muerto miles de personas y también se cuentan miles de desaparecidos”, dijo.

19-XII-12, E. Sabartés, lavanguardia