Resulta insólito que el Gobierno, en pleno día de Navidad, hiciera pública una nota oficial a través del Ministerio de Hacienda para anunciar una rectificación con respecto a la nómina de diciembre de los funcionarios. El asunto no tiene la trascendencia ni la urgencia suficiente para movilizar el aparato del Estado en una fecha festiva tan señalada, ya que la cuestión se hubiera podido comunicar sin más problemas el día siguiente, ayer, que era laborable en casi toda España.
El anuncio del Ministerio de Hacienda señala que devolverá a los funcionarios, en el plazo de tres meses, el importe de las cotizaciones sociales correspondientes a la paga extra de Navidad que se les descuenta en la nómina de diciembre pese a que no han cobrado dicha paga, ya que les fue suprimida en el marco de las medidas especiales de ajuste del gasto público.
El descuento en la nómina de diciembre de las cotizaciones sociales correspondientes a la paga no cobrada de Navidad equivale a una rebaja salarial en ese mes del 3,6% de media. Pero, por encima de eso, constituye un nuevo agravio hacia los trabajadores de la Administración Pública, Este hecho había generado una espiral de profunda indignación en ese colectivo laboral, ya castigado con otros recortes de su poder adquisitivo, que el Gobierno ha querido atajar lo más pronto que ha sabido y podido.
En su insólito comunicado, Hacienda lamenta el impacto negativo que la falta de adecuación de la cuota por derechos pasivos y aportaciones a mutualidades por la paga extra de diciembre ha podido tener en el colectivo de los funcionarios, para a continuación señalar que en el primer trimestre de 2013 subsanará este efecto, restituyendo un importe equivalente a las cotizaciones de la paga extra por estos conceptos que se han descontado en la nómina de diciembre. El ministro de Hacienda, sin embargo, deberá justificar las razones de su rectificación, ya que hace tan sólo unos días, en respuesta a una pregunta parlamentaria, defendía la procedencia de dicho descuento en la nómina de diciembre. Así, había dicho que es legal la cotización de los funcionarios por la extra de Navidad aunque este año no la cobren, porque la suspensión de dicha paga es independiente de la cuantía anual de las cotizaciones anuales, que se reparte entre catorce pagas.
Todo un galimatías, en suma, que ofrece una imagen muy negativa de improvisación y de falta de rigor que el Ministerio de Hacienda habría podido evitar a tiempo y en su momento sin tener que esperar al mismo día de Navidad para resolver el asunto.
