España cañí -89: Baltar, Fabra... cuando el caciquismo sobrevive también en democracia
Los hechos que conforman el texto de la querella, están directamente vinculados con el congreso provincial que celebró el Partido Popular de Ourense y que llevó a su hijo, Manuel Baltar, a sucederle en el cargo, toda vez que los decretos firmados por José Luis Baltar se realizaron del 15 de enero al 17 de marzo de 2010, antes y después del cónclave popular.
año después de retirarse de la política dejando a su hijo la presidencia de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar va a tener que comparecer en el juzgado como imputado. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, admitió ayer a trámite la denuncia del fiscal contra Baltar padre por un presunto delito de prevaricación por contratar irregularmente a 104 personas en las vísperas del congreso provincial del PP de Ourense del 2010, en el que su hijo, José Manuel Baltar Blanco, derrotó a Juan Jiménez Morán, el candidato apoyado por las cúpulas gallega y española del PP. Aquel congreso fue el primer y decisivo paso de la sucesión dinástica que dos años después, en enero del 2012, se efectuó en la presidencia de la Diputación de Ourense, que pasó de Baltar padre a Baltar hijo. El patriarca ocupó la presidencia de la institución durante 20 años, a lo largo de los cuales se jactaba de colocar a sus afines. Llegó a hacer sonoras chanzas, como la de cantar “si no eres del PP, jódete”. Las contrataciones masivas por las que debe responder ahora Baltar fueron criticadas inicialmente por sus rivales del PP de Ourense, afines a Feijóo y Rajoy. Después, el PSOE las llevó a la justicia. La Fiscalía Anticorrupción archivó el año pasado la denuncia, pero la fiscalía de Ourense la ha reactivado, en un momento en el que en Galicia se suceden los escándalos por casos de corrupción. Baltar padre ha quitado importancia a la querella, asegurando que él ya se “inhabilitó” al retirarse. Su hijo promovió el año pasado un ERE en la Diputación, tras reconocer un exceso de personal, derivado de las contrataciones del fundador de la saga. El caso de Baltar y el del alcalde de Santiago agitan al PP gallego en vísperas de su congreso de dentro de dos semanas. 8-I-13, A. Lugilde, lavanguardia
Contratos por doquier para centros dependientes de la Diputación, algunos ruinosos como la imprenta provincial o el Teatro Principal, o permanentemente en el debate por exceso de plantilla como el Centro Cultural, donde llegaron a trabajar una treintena de ordenanzas y porteros, según la oposición, aunque a finales de 2011 desde el organismos aseguraban que la cifra era de "19 trabajadores, que hacen funciones de porteros, ordenanzas y personal de sala".Las contrataciones incluidas en la querella, salvo la veintena que José Luis Baltar aprobó 12 días antes del congreso del PP de Ourense sin petición alguna, se llevaron a cabo con solicitudes o informes de necesidad de sus jefes de servicio. Empleos temporales y de tres meses de duración, la mayoría. Los empleados fueron diseminados por los distintos centros dependientes tal y como ha recopilado el fiscal jefe de Ourense en la querella dirigida al juzgado de instrucción. Buena parte de los responsables de las distintas unidades, así como el jefe de personal de la Diputación e hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, comparecieron durante la fase de investigación del ministerio público. Estos son algunos de los destinos:
12 empleos en el Centro Cultural. El director del recinto de exposiciones y conferencias Marcos Valcárcel, con un salario de unos 50.000 euros anuales, elaboró un informe sugiriendo la necesidad de contratar personal. Fueron doce las personas dadas de alta.
9 altas en el Teatro Principal. La exmujer del actual presidente de la Diputación dirige desde 1996 el deficitario Teatro Principal, una sala que solo ingresó 70.000 euros en entradas del millón de euros que cuesta su mantenimiento anual. En algunas funciones hubo desfases entre ingresos y gastos de 20.000 y 30.000 euros La directora Olga Mojón, que pidió cobrar más que sus 51.000 euros al año equiparando sus responsabilidades con las del secretario o la interventora -Baltar le negó el aumento- también elaboró un informe de necesidad. Nueve personas fueron colocadas en el recinto cultural.
22 obreros . La Diputación de Ourense es titular de 1.800 kilómetros de carreteras, asfalto suficiente para salvar en línea recta la distancia de Ourense con París. El servicio de Vías y Obras que ha sufrido una reducción importante de personal desde que Baltar hijo tomó el relevo forzado a cuadrar las cuentas del ente ourensano, dio cobijo en el proceso de contratación cuestionado en vía judicial a 22 personas.
4 para la imprenta propia. La imprenta provincial, que llegó a tener en nómina a 26 personas entre enero de 2010 y septiembre de 2011, y dio en ese último ejercicio 360.000 euros en pérdidas, recibió a cuatro de los contratados.En casi dos años se utilizó, por ejemplo,para timbrar 92.000 papeles con la leyenda "Diputación" en tamaño folio,9.000 marcapáginas con el mismo membrete y 131.375 sobres."En tiempo de campaña se uso mucho la tinta azul", delataron sin perder la ironía fuentes de la oposición.
Contratación a dedo de 104 personas, sin informes y en ocho decretos firmados de "su puño y letra". Es uno de los pilares que sustentan la acusación del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, contra el expresidente de la Diputación de Ourense durante dos décadas. José Luis Baltar cometió según el fiscal un delito de prevaricación continuada, tal y como refleja la querella a la que tuvo acceso FARO.
Recalca en la querella que se trata de contratos temporales, y las personas "fueron elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública", además de asegurar que "el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación de los contratos por el propio, José Luis Baltar".
Las mencionadas contrataciones, documentadas en los decretos firmados por el expresidente del organismo provincial, se realizaron "con ausencia de procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico, prescindiendo en cualquier caso, de todo principio constitucional que inspira dicha contratación pública sustentado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en concreto, con desprecio absoluto por la Ley 7/1995 de 2 de abril reguladora del régimen de las Bases del Régimen Local", remacha el fiscal.
Para sostener en el escrito de la querella contra Baltar Pumar que "igualmente dichas contrataciones vulneraban además frontalmente la ley de Presupuestos del Estado 26/2009, en concreto, su artículo 93 que prohíbe la contratación de personal temporal o funcionarios interinos para todas las Administraciones Públicas salvo casos excepcionales para casos urgentes e inaplazables", y añadir que "sin que en ninguna de las contrataciones citadas apareciese ni constatada, ni tan siquiera expresada la excepcionalidad para la necesidad urgente".
LasContratación temporal
Para apuntalar su acusación, el ministerio público asegura que los decretos de contratación "se realizaron con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública, en los que la publicidad es sin duda piedra angular". De esa forma, tanto los puestos de trabajo que habían de ser cubiertos como las personas destinadas para cubrirlos "con la apariencia de contratación temporal, fueron decisiones del querellado -José Luis Baltar- que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y que quería de manera directa que fuesen esas personas, y no otras, las que ocuparan los puestos", por lo que "hizo pasar por inaplazables y necesarias las contrataciones bajo su propia consideración" y que se constatan en los decretos.
Además de sostener el fiscal jefe en el escrito de querella que "en ninguno de los casos de las 104 contrataciones existió previa convocatoria u oferta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o en el tablón de edictos, o de cualquier otro modo o manera que evidenciara la publicidad de las ofertas de contratación", con lo que sostiene que se trata de una "omisión consciente" que realizó Baltar con el único objetivo de "designar a las personas contratadas por su única decisión sin sujeción a a las elementales normas que rigen la contratación".
También deja constancia que sobre estas contrataciones y sobre sus "adecuaciones a la legalidad", José Luis Baltar "nunca solicitó informe alguno, ni tan siquiera de manera verbal, existiendo únicamente sobre el particular dos informes, uno de la Intervención y otro de la Secretaria de la Diputación, posteriores a los propios decretos que firmó para las contratación de esas personas".
Otra de las cuestiones a las que alude el fiscal jefe es que la situación de "ilícita contratación" y su duración "se viniese desarrollando sin control o inspección, contribuyendo la omisión y silencio de la comisión de control y seguimiento de la selección de personal temporal que creo la propia Ordenanza provincial", y de la que formaban parte dos diputados provinciales, un representante de la Junta de personal, un representante del Comité de empresa y 4 representantes de los sindicatos mayoritarios en el organismo provincial.
Los hechos que conforman el texto de la querella, están directamente vinculados con el congreso provincial que celebró el Partido Popular de Ourense y que llevó a su hijo, Manuel Baltar, a sucederle en el cargo, toda vez que los decretos firmados por José Luis Baltar se realizaron del 15 de enero al 17 de marzo de 2010, antes y después del cónclave popular.
5-I-13, V. Rodríguez/J. Fraiz, farodevigo