dimisiones masivas en la Sanidad Pública de Madrid: ¿un Gobierno torpe o equivocado?
¿Cuáles son los planes de la Comunidad de Madrid?
Sin previo aviso y sin que mediara ningún tipo de contacto con los profesionales sanitarios, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presentó el pasado 31 de octubre el llamado plan de medidas de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario público, que incluye la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales de Madrid y de un 10% de los centros de salud (27). Según Lasquetty esto conseguiría un importante ahorro, ya que el gasto sanitario per cápita de estos hospitales asciende a 600 euros y, con la externalización de todos sus servicios, se reduciría a 441 euros.
¿Porqué se han opuesto los profesionales sanitarios a los planes de la comunidad?
Primero, porque se han adoptado las medidas sin contar con ellos. Segundo, porque no comparten en absoluto la decisión de privatizar la gestión cuando, a su juicio, esta resulta a medio plazo más cara para los contribuyentes. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) defiende que el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347 euros, lo que supondría un coste inferior al que se generaría si se concede a una empresa privada.
¿La privatización de la gestión tendrá algún coste para el usuario?
No, en principio no. La atención sanitaria será gratuita al menos en lo que se refiere a la cartera básica de servicios. Pero los profesionales aseguran que la calidad y, sobre todo, la equidad se verían erosionadas. Defienden que se produzcan recortes y control de gastos, pero no la privatización.
¿Los hospitales cuya gestión será privatizada atenderán a cualquier paciente?
No. Se trata de hospitales de nivel 2 –centros de tamaño medio, con un número de camas que en ningún caso supera las 300–, es decir, centros que no practican intervenciones de patologías complejas o terapias de ciertas enfermedades (trasplantes, neurocirugía, oncología médica...). Este tipo de intervenciones, mucho más caras, se realizarían en hospitales denominados de nivel 1, como el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, La Paz o el 12 de Octubre.
¿Cuál es la deuda sanitaria en Madrid que obliga a tomar estas medidas?
Según el consejero Lasquetty, la deuda sanitaria es inexistente. La causa del recorte se explica en la necesidad de cumplir con los presupuestos del 2013. Según el Gobierno de Ignacio González, hay que reducir el déficit en hasta el 0,7% del PIB. Ello supone un ajuste de 1.700 millones de euros. Y se quejan de que, aunque muchas comunidades verán aumentados sus ingresos, a Madrid se le verán reducidos en 1.000 millones.
Los profesionales sanitarios siguen en lucha, aunque han cambiado la táctica. Se acabaron las huelgas (cinco semanas de lunes a jueves), que lo único que hacen es mermar un salario más que nunca necesario tras los recortes en el sector público, pero no la movilización. Por lo pronto, el lunes, masiva manifestación bajo el lema “La sanidad no se vende” en pleno centro de Madrid, pese a que ese día era fiesta en la comunidad y que los planes de privatizar la gestión de hospitales y centros de salud fueron aprobados la última semana de diciembre. Y ayer, más de la mitad de los directivos de los centros de salud presentaron su carta de dimisión, que se hará efectiva en el momento en que el Gobierno de González publique los pliegos con los ambulatorios escogidos para externalizar su gestión.
¿Cuál es la contestación del equipo de gobierno madrileño a estas nuevas medidas de protesta? La misma que en el 2012: seguirán con sus planes porque, según el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en declaraciones a la cadena Ser, la externalización de los centros de salud, además de suponer una “reducción de costes”, es una “mayor motivación” para los profesionales que pueden gestionar la actividad. En caso de que no haya profesionales sanitarios para gestionar, se dará la gestión a empresas.
Llama la atención, sin embargo, el empeño de los responsables de la comunidad madrileña de compararse ahora con la sanidad catalana. El propio Lasquetty señaló que la externalización de los centros de salud es una “experiencia que está funcionando” en comunidades como Catalunya, donde la atención primaria “está llevada por médicos que trabajan libremente”. En la misma línea se manifestó el lunes el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, quien defendió la externalización de la gestión sanitaria poniendo el ejemplo de Catalunya, donde “el 50% de la sanidad pública está gestionada por hospitales privados”.
Pero el modelo catalán al que ahora se amarra Madrid no es válido, fundamentalmente, porque las empresas que participan en la red pública no tienen ánimo de lucro. El modelo sanitario catalán se compone de un 30% de hospitales públicos pertenecientes al Institut Català de la Salut y un 70% concertados, entre los que la mayoría son también de capital público (ayuntamientos, consejos comarcales, Generalitat, universidades), pero en forma de empresas públicas, consorcios y fundaciones. Sólo en dos casos hay detrás empresas con ánimo de lucro, como es el caso del Sagrat Cor. El resto son organizaciones en las que, si hay algún tipo de excedente, el dinero ha de volver a la institución en forma de mejoras de infraestructura o equipo: no se reparte beneficio. En la asistencia primaria la proporción es la inversa: el 80% de los centros pertenecen al ICS. El 20% restante está en manos de cooperativas de profesionales (las llamadas EBA, de las que hay una docena) que se administran como empresas privadas, o bien pertenecen a fundaciones y consorcios, como los hospitales, informa Ana Macpherson.
Con el aviso de renuncia de 322 miembros de 137 centros de salud –de un total de 270–, hoy mismo, se reanudarán las negociaciones por un lado entre los sindicatos y la Consejería y, por otro, miembros de este departamento con el comité coordinador profesional, las primeras tras la aprobación de la ley de Medidas de Acompañamiento de los presupuestos del 2013. En ambas el principal escollo sigue centrándose en los planes de externalización de los seis nuevos hospitales y los 27 centros de salud. Los sindicatos de la mesa sectorial sostienen en su documento de propuestas alternativas (con un ajuste de 510 millones de euros) que la retirada de la externalización de la gestión sanitaria produce ahorro, mientras que el departamento de Lasquetty se opone a esa tesis.
En la reunión con el comité coordinador profesional se volverá a presentar un documento de propuestas alternativas a los planes de la Consejería que estimaba un ahorro de más de 1.100 millones de euros. Para el equipo de Fernández-Lasquetty, esa cifra de los profesionales está “hinchada” en algunos de sus puntos.
9-I-13, C. López, lavanguardia