"Drogas y narcotráfico. Más allá de los paradigmas vigentes de la Salud Pública y la Seguridad. ", María José Guerra Palmero

Ayer nos enterábamos de que el Chapo Guzmán, capo máximo del llamado cartel de Sinaloa, era presentado por  la DEA y la Comisión contra el Crimen de Chicago como “el enemigo público número uno” emulando así la gloria del famoso Alcapone en la época de la Ley Seca. Esta noticia me da pie para intentar mostrar cómo los enfoques habituales sobre las drogas y el narcotráfico deben ser seriamente criticados y revisados. La perspectiva prohibicionista parece que trae más mal que bien y la expansión de la violencia en México y el resto de Centroamérica amenaza seriamente la viabilidad política del Estado. El debate que hace unos años se abría en torno a alternativas al prohibicionismo parece cerrado y clausurado. Y esto es enormemente preocupante. La deriva mafiosa del capitalismo ligado las facilidades dadas en los paraísos fiscales, y aún fuera de ellos con dudosas amnistías fiscales como las de nuestro país, para el blanqueo del dinero del lucrativo sector del crimen organizado y a modelos de desarrollo como el macro-proyecto de Eurovegas, ante cuyo empresario capitalista se inclina servilmente el gobierno de España, revela un paisaje aterrador de claroscuros.

La perspectiva sobre el problema político que plantea el narcotráfico  debe de ampliarse para llevarse al orden transnacional si se quiere luchar contra la estela de violencia y amedrentamiento que el crimen organizado está imponiendo en todo el mundo, eso sí con intensidades diversas, en una tupida red de complicidades económicas y políticas. Europa y Estados Unidos no pueden mantenerse, como países creadores de la demanda, al margen del problema de violencia creciente en Centroamérica. La magnitud del comercio ilícito de las drogas debe ser combatida prestando transparencia  y nitidez a los circuitos del dinero. Tal magnitud representa hoy una amenaza a los Estados democráticos, y por lo tanto, no puede tratarse la cuestión de la drogas meramente desde los tibios enfoques bioéticos ligados a la Salud Pública o desde una visión limitada a la restrictiva seguridad nacional. Son, nos parece, paradigmas parciales y superados por la enormidad de las circunstancias.

Hay que avanzar hacia una comprensión más acertada del problema y ensayar nuevas alternativas tal y como se proponía en el informe Drogas y Democracia. Hacia un cambio de paradigma de 2009, avalado por los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Henrique Cardoso (1). En lo que sigue, intentaré desbrozar algo el terreno del análisis del fenómeno para terminar lanzando el debate sobre las estrategias alternativas.

Salud Pública y Seguridad: los enfoques tradicionales.

¿Cuál ha sido la perspectiva europea con respecto al problema de la drogadicción? Los expertos hablan de la implementación de políticas de reducción de daños. La peculiaridad europea frente a EEUU, y su enfoque prohibicionista y criminalizador, sería una visión “humanizadora” del problema de la droga, centrada en los consumidores, como vamos a relatar.

Los países consumidores europeos han centrado su atención en la persona adicta, han desarrollado en sus sistemas públicos de salud programas de atención, de una parte incentivando la desintoxicación y la rehabilitación, de otros ante el carácter resistente de las adicciones intentando evitar que los adictos tuvieran que vincularse con el submundo ilegal de los traficantes proporcionando, no sin polémica, alternativas como la metadona o abriendo narcosalas. La lucha contra el VIH, en paralelo, colaboró a impulsar esta visión asistencialista en las últimas décadas. El enfoque ligado a la salud pública ha integrado el trabajo en inserción social para luchar contra la marginalidad. Y para ello ha despenalizado el consumo. De hecho, crece la opinión de que la marihuana, droga blanda comparable al alcohol o al tabaco, debería ser despenalizada. El caso holandés ha sido excepcional en Europa, pero la comprobación de los usos terapéuticos de la droga ilegal más consumida hace que su criminalización sea visto por muchos como un craso error. Sacarla del pool de drogas ilegales, además, serviría para proteger a sus consumidores del contacto con la redes delincuenciales de distribución. Las iniciativas de sociedades de consumidores de contar con suministros ligados a plantaciones, como la propuesta que hacía el ayuntamiento de Rasquera son bloqueadas sistemáticamente en nuestro país.

En paralelo a lo anterior, se han llevado a cabo innumerables campañas de prevención que a la luz de los datos, se mantiene estable la demanda de sustancias adictivas, no han  tenido resultado. Suelen ser campañas que se centran en apelar a la libertad individual, al tú decides, a la capacidad de elección responsable que evitaría las futuras consecuencias para la salud. Nada se le dice en estas campañas voluntaristas a los consumidores de los orígenes del producto, de su procedencia, y sobre todo de la estela de horror y violencia que el narcotráfico produce en los países del sur, en concreto en Latinoamérica y Centroamérica. La ceguera, asunto que podemos extender a Estados Unidos, es la norma. Parecería que sólo los que viajamos asiduamente a países como Colombia y México logramos sensibilizarnos con la magnitud de la atrocidad desatada por un negocio tan lucrativo que corrompe las estructuras de los Estados y envilece a las sociedades que, ante la derrota del Estado social, da su apoyo a la labor “benefactora” de los capos.

La información acerca de la producción y distribución de la droga es tratada por los medios de comunicación de forma sensacionalista y como si nada tuviera que ver con la demanda de los países del Norte. No llega a plantearse que la reducción del consumo y la desactivación de la demanda tendría efectos positivos en reducir la criminalidad internacional. Frente a ésta, firmemente enquistada en la geografía europea, se activan los mecanismos policiales y la inteligencia con el fin de evitar que las redes delincuenciales – Mafias, Camorras y Dhranguetas- cobren excesiva relevancia pública. Las mafias europeas, entre ellas también la rusa o la albanokosovar, están identificadas y se conocen sus acuerdos con las redes de narcotraficantes de América Latina. Es curioso que sepamos muchísimo menos, casi nada, de que ocurre en las mafias asentadas en EEUU. Sabemos que los beneficios del narco se quedan, sobre todo, en lo que se llama “la última milla”. Los grandes beneficiarios, que son a su vez, los grandes corruptores, suelen estar bien protegidos por la tupida red de intermediarios que los blinda. La serie de ficción The Wire desvelaba, de modo magistral, la tupida red de complicidades consentidoras que acompañan al fenómeno.

El lavado de dinero, no obstante, ha sido uno de los motores de la burbuja inmobiliaria española, y en las zonas turísticas españolas se asientan capos de estas organizaciones convenientemente camuflados en hombres de negocios que son bienvenidos por sus aportes a las economías locales. No hace falta recordar el caso del alcalde de Lloret de Mar que ilustra a la perfección este supuesto. El control de los flujos financieros en general, y ligados al narcotráfico en particular, es una asignatura pendiente en Europa y en todo el globo. Los paraísos fiscales aceitan y lubrifican el blanqueo del dinero de la droga que colabora gustosamente al festín orgiástico de la especulación en que se han convertido en las últimas décadas las finanzas internacionales. La hipótesis de la deriva del capitalismo hacia las variantes mafiosas cobra fuerza.

Conexión social y responsabilidad transnacional: la trazabilidad del producto.

Thomas Pogge, un teórico de la Justicia Global, ha desarrollado la idea de la responsabilidad cosmopolita que los ciudadanos de los países del Norte tenemos frente a los problemas de desigualdad e injusticia en el Sur. Para afrontarlos plantea medidas políticas de rediseño del orden económico internacional. Creo que este enfoque tendría que ser aplicado al tema que nos ocupa, al crear la demanda de sustancias adictivas, el Norte es responsable de lo que ocurre en el Sur. Otra autora, Iris Marion Young, cuyo último libro, póstumo, ella murió aquejada de cáncer en 2006, se tradujo recientemente al español, Responsability for Justice, planteaba frente al consumo irresponsable en el Norte la idea de un modelo social de responsabilidad que necesita de una ciencia social crítica que reconstruya la trazabilidad de los productos, que desvele su origen y recorridos. En concreto, Young ponía de ejemplo la industria textil global y sus prácticas de subcontratación en las que la producción de la ropa se realiza en países del Sur en condiciones laborales esclavas. No hace falta recordar las polémicas en torno al imperio Zara y a otras multinacionales similares. La idea es la de que ropa que nos ponemos o la droga que consumimos lleva “borrados”, en un proceso social de omisiones y silencios cómplices, su origen explotador y criminal. La tarea de la ciencia social crítica y de la teoría ética y política es alumbrar las situaciones de injusticia estructural de las que los ciudadanos consumidores se benefician. Para ello el concepto de trazabilidad parece francamente útil. Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC:

“Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.” (2)

Esta idea de la trazabilidad, de perseguir la cadena de suministros, se ha aplicado, como decíamos, a los productos de la industria textil con el fin de denunciar, por ejemplo, las condiciones de explotación laboral de las maquiladoras. Pienso que este modelo puede ser aplicado al tema que nos ocupa.

Pensemos en la producción de las sustancias, por ejemplo, de la cocaína, vayamos a Colombia. Tres países latinoamericanos (Colombia, Perú y Bolivia) producen la totalidad de la oferta mundial de cocaína. Habitualmente, el narco amenaza e intimida a los campesinos a centrarse en la lucrativa producción de la coca. La migración forzada y el desplazamiento de familias enteras, combinadas con los conflictos económico-políticos en torno a la tierra y los recursos, están en el origen del producto. Los datos indican que, a pesar de las fumigaciones con el contaminante glifosato las superficies cultivadas aumentan. Los laboratorios de transformación clandestinos y los aeródromos camuflados pueblan las selvas colombianas. Además, el narco, con su enorme poder financiero, no sólo es un contrapoder, sino que infiltra a todos los actores políticos, a las guerrillas, a los paramilitares y al aparato del Estado a través de diversas prácticas corruptas. Creo que es importante, a este respecto, analizar las tramas y los sistemas que funcionan con reglas determinadas. Cada vez proliferan más los análisis de la misma corrupción, por ejemplo, los de la economía institucional, entendiéndola en su dimensión sistémica de institución a la sombra. No hace falta que pensemos en que esta intelección sirve para otros asuntos como la financiación ilegal de los partidos políticos, tema candente hoy en nuestro país.

Centroamérica, y especialmente México, juegan el papel de ruta hacia el Norte de los productos. El incremento de la violencia y los grupos criminales en toda Centroamérica no puede desligarse de esta función de corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El poder de las redes delincuenciales, y su capacidad de amedrentamiento, no se podría sostener sin el concurso de un tráfico Norte-Sur que no tiene el protagonismo debido en la esfera pública: el tráfico de armas. Curiosamente, EEUU, comandado por la poderosa Asociación del Rifle, es liberalizadora en cuanto a armas, además del mayor productor mundial de este lesivo producto, sin duda el más contraindicado para la salud, mucho más que cualquier droga. Visibilizar las sinergias de ambos tráficos ilegales, pues las fronteras son enormemente porosas a ambos productos, es una importante tarea. Las constantes masacres en los EEUU no parece que vayan a impulsar, lamentablemente, medidas decisivas respecto al control de armas a pesar de las declaraciones en caliente del presidente Obama o d brokers el vicepresidente Biden.

Todo tipo de medios se emplean en cruzar las fronteras, y la cruzan mucho más fácilmente la cocaína y las armas que los migrantes indocumentados. La imponente y millonaria militarización de las fronteras, al hilo de ingentes cantidades en policías, vallas y muros, no logran parar unos tráficos ilícitos que se mantienen al menos estables. De hecho, no hay referencia a desabastecimiento. En cada esquina de cada ciudad estadounidense, por ejemplo, Baltimore, tal como se cuenta en la imprescindible serie televisiva ya citada The Wire, el aprovisionamiento está asegurado y todas las clases sociales tienen acceso a ella, desde las personas empobrecidas de los barrios marginales a los yuppies y ejecutivos de las corporaciones y altas finanzas. Los ansiosos que veíamos retratados en Inside Job necesitaban activarse para tomar riesgos financieros con el polvo blanco.

Atendiendo al trazo geográfico, económico y político, del tráfico de drogas, a la cadena de suministro, evidenciamos que el problema es de naturaleza no sólo multifactorial sino sobre todo transnacional. Es uno de los asuntos que podemos incluir en el apartado del comercio global, de la liberalización del tráfico de mercancías promovida por el neoliberalismo imperante. Curiosamente, en la economía global los capitales son libres, y no pagan tasa ni tributo alguno, las mercancías también, pero los seres humanos son detenidos, ilegalizados y criminalizados, en las fronteras por mor de restrictivas políticas migratorias. Es una de las más flagrantes contradicciones de la globalización neoliberal. Desde el punto de vista económico no hay diferencia entre economía lícita e ilícita. Ya hemos visto que ambas se fusionan y retroalimentan en los paraísos fiscales y a través del constante lavado de dinero. De hecho, el volumen de la economía ilícita, ligada al narco, tiene en los países centroamericanos un papel más que notable.

Hace un año y medio se publicaba en el periódico El País un provocador artículo que hablaba del peso del narco en la economía mexicana (3). El texto, basándose en simulaciones y ejercicios estadísticos, asimilaba el peso de este sector ilegal al montante que proporcionan la totalidad de las remesas de los inmigrantes venidas de EEUU. Junto con los ingresos del petróleo, que ahora el gobierno de Peña Nieto quiere privatizar, y del turismo, estos cuatro sectores son los pilares de la economía mexicana. El artículo reflexionaba sobre como la inversión y el consumo que trae el narco, infiltrado y creador de tramas empresariales, crea riqueza en el país. Y ponía de manifiesto que otro modelo de desarrollo económico es necesario si de verdad se quiere erradicar esta economía criminal que está firmemente imbricada e hibridada con la economía legal.

Estrategias alternativas y cambio de rumbo.

El informe Drogas y Democracia que he citado al principio de la Comisión Latinoamericana se inicia con un capítulo titulado “Una guerra perdida.” Si desterramos los tabúes y los prejuicios, dicen los autores, hay que reconocer que la estrategia únicamente represiva de las últimas décadas, inspirada por la política estadounidense, ha sido un fracaso. La inversión en estas políticas así como sus costes humanos, en violencia y muertes, y sociales en desintegración e incremento de la corrupción, desaconsejan seguir sus indicaciones. Es necesario un cambio de rumbo:

“Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas.” (p. 7)

Los redactores de este Informe, al parecer ya olvidado, enuncian un diagnóstico realista de la situación:

“América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;

Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.

En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas.

Asistimos en las últimas décadas a: Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales; Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes; La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas; La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden.”

Ante este diagnóstico, planteaban abrir el debate sobre estrategias alternativas. Proponían transitar hacia nuevos paradigmas.  Y sobre todo, aconsejaban no obcecarse en políticas fallidas sino atender al imperativo de la responsabilidad política. Sin atender a los nudos gordianos de la economía y el entramado institucional de los Estados desde un plano de colaboración regional y transnacional no se pondrá enfrentar el reto magnífico de detener la violencia y la sangría que provoca el narcotráfico. Ya no es una patología marginal, es una amenaza al Estado y a la convivencia democrática, ya no es un asunto meramente de seguridad ciudadana, es una prioridad política y es un asunto de todos.

Quiero acabar esta reflexión recordando a las víctimas de esta peculiar e inusitada “guerra”. Sus muertes, reivindicamos, son muertes dignas de ser lloradas,  como diría la filósofa Judith Butler. Ella habla así de los muertos iraquíes en la guerra, ilegal, iniciada por EEUU en la pasada década. Me parece, en suma, que hay que decir que las víctimas mexicanas de la infausta “Guerra contra el Narco” que ha caracterizado al sexenio de Felipe Calderón, merecen memoria y reconocimiento. Se calculan cifras en torno a ciento cincuenta mil muertos. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tantas familias, ante las muertes de tantas personas, ante el maquillaje de las mismas cifras por un gobierno que ha dado luz verde a las tácticas de la guerra sucia.  Los resortes de la ciudadanía y la sociedad civil, en sus niveles nacionales y transnacionales, deben exigir un cambio de rumbo político en torno al narcotráfico y otros tráficos ilícitos entre los que se sitúa, desgraciadamente en crecimiento, el tráfico de personas para la explotación laboral y el de mujeres y niñas para la explotación sexual. Tiene que haber salidas para combatir el capitalismo mafioso y el desdibujamiento de los límites entre lo lícito y lo ilícito. Nada es peor que la resignación para enfrentar este tema. La esperanza no debe ser derrotada por la violencia y la corrupción. No lo debemos permitir.

 

Notas:

(1) Se puede leer entero en: http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/livro_espanhol_04.pdf Acceso 15 de febrero de 2013.

(2) Véase lo consignado en la voz Trazabilidad en Wikipedia.

(3) “Es muy difícil calcular el tamaño del negocio de las drogas. Se han hecho muchos ejercicios y estimaciones. En el caso de México, los cálculos van desde los 10 a 15.000 mdd (8 a 12.000 millones de euros,) un estimado que reconocen en privado algunas agencias del gobierno mexicano, elaborado a partir del flujo de dólares entre México y Estados Unidos, un dato duro, cierto, muy conservador, que nos da una evidencia empírica por lo menos del piso o del punto de partida del negocio de las drogas, hasta cálculos más amplios como la de Stratfor u otras agencias internacionales y centros académicos, que han deslizado y aventurado cifras que van de los 40 a los 50.000 mdd (de los 32.000 a 40.000 millones de euros). Para tener algún elemento de comparación, los ingresos de México por concepto de remesas en 2009 fueron de 21.181 mdd (16.945 millones euros) los ingresos por concepto de turismo fueron de 11.275 mdd (9.020 millones de euros); los ingresos por petróleo fueron en 2008 de 50.635 mdd (40.508 millones de euros); y en 2009 de 30.882 mdd (24.705 millones de euros); la inversión extranjera directa fue de 23.179 mdd (18.543 millones de euros) en 2008 y de 11.417 mdd (9.133 millones de euros) en 2009. La comparación es abrumadora. “

http://www.elpais.com/articulo/internacional/seria/Mexico/drogas/elpepuint/20100511elpepuint_10/Tes

 

María José Guerra Palmero es Profesora Titular de Filosofía Moral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna. En la actualidad, es Secretaría Académica de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP). Ha publicado, entre otros, los libros Teoría feminista contemporánea (2001), Breve introducción a la ética ecológica (2001) e Intervenciones feministas. Derechos, mujeres y sociedad (2004).

24-II-13, sinpermiso