metademocrática destitución del Fiscal General de Cataluña por parte del Fiscal General del Estado
> entrevista al Fiscal General de Cataluña, Martín Rodríguez Sol <
El fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, presentó ayer su dimisión al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que había iniciado un expediente contra él para proponer su destitución al Gobierno. La renuncia de Rodríguez Sol evita los trámites excepcionales iniciados el lunes mismo al abrirse el proceso de remoción del fiscal de Catalunya que iba a ser apartado del cargo por el Ejecutivo en cuanto el fiscal general concluyese el expediente y elevara la petición formal para destituirle.
La decisión del relevo de Rodríguez Sol estaba, en efecto, más que tomada. De hecho, fue convocado ayer de urgencia para cumplir el trámite de que fuera oído antes de que la propuesta de su destitución se sometiera al parecer no vinculante del Consejo Fiscal. Rodríguez Sol tenía que dar explicaciones sobre sus recientes declaraciones al fiscal jefe del servicio de Inspección de la Fiscalía General, Alfonso Aya.
Eso era lo previsto, pero al final el propio Eduardo TorresDulce participó en la reunión entre el jefe de la Inspección y el fiscal de Catalunya. En el curso de ese encuentro a tres, Rodríguez Sol prefirió ir al grano y puso su cargo a disposición del fiscal general, lo que hacía ya innecesarios todos los trámites imprescindibles para destituirle.
Para el Gobierno y para la Fiscalía del Estado era un alivio. La decisión de Rodríguez Sol les quita presión ante una destitución muy criticada por la mayor parte de las fuerzas políticas catalanas y por toda clase de colectivos jurídicos que estimaban que el fiscal de Catalunya se había limitado a hacer uso de su libertad de expresión al proponer en sus declaraciones que se analizaran las posibles alternativas para consultar la voluntad del pueblo catalán...
Antes de que Rodríguez Sol dimitiera, el Ejecutivo ya había dejado muy claro que no había vuelta atrás. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo durante su visita oficial a Berlín que “este Gobierno no va a inmiscuirse en la tarea de la Fiscalía y si el fiscal general del Estado considera que ese cargo ha perdido su confianza, porque la Fiscalía lo es del Estado y la Constitución le atribuye la defensa de la legalidad, pues lógicamente toma la decisión correspondiente”.
La dimisión de Rodríguez Sol permitió que fuera inmediatamente desconvocado el Consejo Fiscal, que iba a reunirse mañana para analizar la situación y pronunciarse sobre la destitución, a título consultivo. El rápido cierre de la fase aguda de la crisis no oculta, sin embargo, la grave preocupación del Gobierno por el proceso político abierto en Catalunya. A eso respondió la decisión de destituir a Rodríguez Sol. El Gobierno y la Fiscalía General no descartan que en los próximos meses la Fiscalía de Catalunya tenga que intervenir con medidas legales coercitivas si los hipotéticos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) contra la declaración soberanista del Parlament y, en su caso, contra la eventual convocatoria de una consulta no son suficientes para frenar dicho proceso. La Fiscalía General, y con ella el propio Gobierno, quieren que al frente de la Fiscalía de Catalunya haya un fiscal superior que no tenga motivos de discrepancia con las instrucciones que pueda recibir en cada circunstancia.
En el caso de Rodríguez Sol esas discrepancias se habían producido ya. El fiscal superior de Catalunya no sólo iba a ser cesado por sus declaraciones sobre alternativas posibles para la consulta popular, sino por otros desencuentros anteriores, empezando por su actuación durante la campaña catalana, al abrir diligencias sobre los borradores policiales fantasma que acusaban al president Artur Mas y a su antecesor Jordi Pujol de tener cuentas en Suiza. La Fiscalía General no quería que hubiera interferencia alguna en la campaña. Posteriormente tampoco se estimó conveniente que Rodríguez Sol participara en las reuniones para analizar posibles medidas contra la corrupción junto a otros representantes institucionales.
Es probable, en todo caso, que el fiscal general tenga que explicar los motivos de esta crisis en una comparecencia parlamentaria. Varios grupos de la oposición manifestaron ayer su voluntad de solicitarla. En las asociaciones judiciales sólo las de tipo conservador pidieron prudencia ante la anunciada destitución, hasta conocer a fondo los motivos del fiscal general. Así se expresó la Asociación de Fiscales, de la que procede Martínez Sol. La izquierda judicial y fiscal, en cambio, cargó contra Gallardón y Torres-Dulce, estimando la destitución una medida “desproporcionada”.
6-III-13, J.M. Brunet, lavanguardia