Cristina kirchneriza el Poder Judicial

Cristina Fernández dijo hace un año que iba a “por todo”, y ahora toca la justicia. La presidenta argentina envió esta semana al Parlamento su anunciado paquete de proyectos de ley para la “democratización de la justicia”, que incluye la elección por sufragio universal de la cúpula judicial. La decisión ha provocado una inédita unión de la dividida y atomizada oposición, que considera que el Gobierno busca la kirchnerización de los jueces y acabar con la separación de poderes.

“Esta reforma no es para que haya una justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad”. Esta acusación forma parte del manifiesto consensuado el jueves por las formaciones del centroderecha, incluyendo a radicales y peronistas disidentes. Sus líderes, que encabezarán el martes una protesta ante el palacio de Tribunales, promueven la recogida de firmas en las calles y en internet para sumar apoyos al manifiesto. La oposición de centroizquierda no suscribe aún el texto, pero también critica abiertamente la reforma.

El rodillo kirchnerista se ha puesto en marcha de nuevo y va a toda velocidad. Fernández, que es abogada, anunció la reforma en su discurso anual del primero de marzo ante el Parlamento. El lunes presentó los seis proyectos de ley y los facturó con urgencia: envió la mitad al Congreso y los tres más polémicos al Senado, donde tiene mayoría holgada. Sin apenas debate, y con la ausencia de la oposición, una comisión del Senado aprobó anteayer las tres propuestas introduciendo modificaciones mínimas. El jueves serán aprobadas por el pleno.

De esos tres proyectos polémicos, el más trascendental apunta a una calculada politización de la justicia, ya que la mayoría de miembros del Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial español) pasarán a ser elegidos por el voto popular entre candidatos que irán en las listas de los partidos. Ahora el Consejo cuenta con trece integrantes escogidos por cada colectivo: tres jueces, dos abogados, tres senadores, tres diputados, un académico y un representante del Gobierno. La reforma prevé ampliar los miembros a 19, añadiendo un abogado y cinco académicos más. Todos, excepto los seis legisladores –de los cuales cuatro siempre pertenecen a la mayoría oficialista– deberán someterse al sufragio universal. El Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones proponer y destituir a los jueces.

Otra propuesta polémica de la reforma pretende pasar de una a cuatro cámaras de casación, con la intención oficial de descongestionar el Tribunal Supremo, última instancia judicial argentina. Además, se limitarán a un máximo de seis meses las medidas cautelares, sólo cuando sean contrarias a una decisión del Estado. Ahora un juez puede establecer una paralización cautelar de una ley hasta que sea resuelto el recurso correspondiente.

La regulación sobre las cautelares deja en evidencia las motivaciones principales de esta politización urgente de la justicia: la ley de Medios, aprobada en el 2009 con el objetivo primordial de desguazar al grupo Clarín, está paralizada desde entonces por la cautelar de un juez, a raíz de los recursos presentados por el principal conglomerado mediático del país, enfrentado abiertamente al kirchnerismo.

No sólo la oposición se está sublevando contra la intención de kirchnerizar la justicia. Los colectivos directamente afectados también se están movilizando. El jueves los presidentes de los principales colegios de abogados convocaron una rueda de prensa para presentar un manifiesto que alerta de la “inconstitucionalidad” de la elección popular de la cúpula judicial. “Es indudable que con el proyecto elevado, lejos de garantizar la independencia del poder judicial, tendrá como efecto la directa vinculación que los consejeros van a tener con el partido político que los proponga”, apunta el documento de los abogados.

13-IV-13, R. Mur, lavanguardia