el concierto (más que) económico de las "provincias traidoras"
Cuando los procuradores en Cortes supieron que Carlos Arias Navarro consideraba la posibilidad de otorgar un régimen especial a las cuatro provincias catalanas, alertado por los sensores del régimen y por la repercusión de las dos manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona en febrero de 1976, convocadas por la Assemblea de Catalunya, con la policía española repartiendo leña en la portada de The New York Times (la célebre fotografía en blanco y negro de Manuel Armengol), hubo mucho mar de fondo en las dos Castillas.
Arias llegó a nombrar una comisión de estudio para el tema catalán. Inquietos, los procuradores castellanos decidieron constituirse en planta regional, puesto que también se hablaba de la posible devolución del fuero fiscal a las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa (hoy Bizkaia y Gipuzkoa). Nadie conocía con exactitud los planes del hermético presidente del Gobierno. El Rey tenía prisa, la difícil reconducción del proceso revolucionario en Portugal aconsejaba una cierta audacia y el siniestro Arias, ex ministro de la Gobernación –el hombre que anunció por televisión la muerte de Franco–, tenía miedo a los cambios.
Los procuradores castellanos celebraron dos reuniones preventivas, con un lema cargado de futuro: “Nosotros no vamos a ser menos”. Los de Castilla la Vieja se citan el 16 de febrero de 1976 en el hotel Molinico de Tordesillas (Valladolid). Treinta procuradores de las once provincias castellano-leonesas, incluidas entonces Santander y Logroño. Después de seis horas de reunión emiten un comunicado en el que avisan de un posible trato de favor a otras regiones y reclaman el concierto económico para las provincias castellanas. Los procuradores de Castilla la Nueva se reúnen en el mesón Don Quijote de Mota del Cuervo (Cuenca), el 26 de abril. También asisten los presidentes de cinco diputaciones provinciales. El alcalde de Madrid y el presidente de la diputación madrileña han sido invitados, pero deciden quedarse en casa. Se habla de la región Centro. Se habla del resurgir de La Mancha y se lanza una alerta sobre el concierto vasco. “Los procuradores de Castilla la Nueva se oponen a los conciertos económicos”, titula el diario Pueblo, bajo la dirección de Emilio Romero. El documento aprobado reafirma la unidad nacional, “que no debe ser debilitada por ningún separatismo ni por ninguna fórmula de Estado federal”; pide atención a las “variedades y peculiaridades regionales”; alerta contra la adopción de medidas que favorezcan a las regiones con más ingresos, y pide la generalización de los conciertos económicos si el Gobierno desea ampliar el fuero en aquel momento reservado a las provincias leales de Navarra y Álava.
La inquietud será especialmente intensa en Santander, antiguo puerto de Castilla y provincia vecina de Vizcaya. En marzo de 1976, el Manifiesto de los Cien reclama que los santanderinos también se beneficien del concierto. Entre sus promotores destaca un economista del sindicato vertical llamado Miguel Ángel Revilla, que no tardará en ser uno de los fundadores del Partido Regionalista de Cantabria, promotor, junto con el PSOE, de la autonomía uniprovincial. En la actualidad, Revilla es conocido en toda España por sus alegatos antisistema en un programa de televisión. El populismo ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma.
Cae Arias Navarro y el Rey encarga a Adolfo Suárez González, ex secretario general del Movimiento y ex director general de Radio Televisión Española, una transición acelerada. La calle se está calentando y hay inquietud en Washington por el incierto panorama en el flanco Sur de Europa: Portugal, España, Italia, Grecia... (El mismo dominó que treinta y cinco años años después volverá a tener a medio mundo en vilo). No hay tiempo que perder.
Suárez decide empezar por el País Vasco, en aquel momento la pieza más difícil. El segundo gobierno de la monarquía devuelve el concierto económico a vizcaínos y guipuzcoanos el 30 de octubre de 1976, mediante un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Suárez restablece, en toda su amplitud, la fórmula ideada por Antonio Cánovas del Castillo en 1876 para liquidar la lucha por los viejos fueros. En el preámbulo del decreto se menciona “la voluntad integradora de la Corona y su deseo de lograr la participación de todos los pueblos de España en el actual proceso político”. Las dos provincias vascas que permanecieron fieles al gobierno de la República recuperan la potestad para recaudar sus impuestos y pasar cuentas con el Estado mediante el denominado cupo.
Tres semanas después, tiene lugar el prodigioso harakiri de las Cortes franquistas. El suicidio controlado del Régimen. El 18 de noviembre de 1976, los procuradores aprueban por amplia mayoría –425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones– la ley para la Reforma Política, principal instrumento jurídico para el tránsito de la dictadura a un régimen parlamentario democrático. Sin ruptura.
16-VI-13, Enric Juliana, lavanguardia