4.000 millones de deuda: todas las autopistas radiales de Madrid, en concurso de acreedores

El juzgado mercantil número 5 de Madrid declaró ayer el concurso de acreedores de Henarsa, la sociedad concesionaria de la autopista radial R-2 Madrid-Guadalajara, con una deuda financiera de 450 millones de euros. Con el concurso de Henarsa, todas las autopistas radiales de Madrid están ya en concurso, ya que las otras tres (R-3, R-5 y R-4) se declararon insolventes a finales del pasado año, sumando conjuntamente unas deudas de cerca de 4.000 millones de euros.

El colapso de Henarsa eleva a siete el número de autopistas que han entrado en concurso (R-2, R-3, R-4, R-5, AP-41 de Madrid a Toledo; la AP-36 Ocaña-La Roda y la AP-7 entre Cartagena y Vera). También tienen graves problemas de solvencia la autopista de peaje Madrid-Barajas y la de circunvalación de Alicante.

La R-2, la primera de las radiales que entró en funcionamiento en el 2003, ejemplifica los problemas del resto de las radiales: con un trazado casi paralelo al de autovías gratuitas, el tráfico nunca ha llegado a cubrir las previsiones de los planes de negocio, y se ha ido reduciendo además año a año por la crisis, hasta ser un 80% inferior a las previsiones. La sociedad, además, asumió una enorme deuda para financiar las obras y sufrió sobrecostes por cambios de trazado y para indemnizar las expropiaciones de los terrenos que atravesaba.

Henarsa está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía (una gestora de concesiones controlada por FCC y Bankia), y atribuye su entrada en concurso al retraso del Gobierno en pagar las ayudas públicas que se había comprometido a aportar para salvar estas autopistas, que cifra en 180 millones de euros.

Abertis, con un 30% del capital social de Henarsa, participa también en Accesos de Madrid (la concesionaria de la R-3 y R-5, en la que controla un 35% del capital social), y en Ciralsa, concesionaria de la Circunvalación de Alicante. La compañía, sin embargo, destacó que tiene prácticamente provisionada su inversión en estas firmas.

La R-2 es una autopista de peaje de 62 kilómetros de longitud que une la M-40 de Madrid y la ciudad de Guadalajara. Tiene un tramo libre de peaje, la M-50, de 18 km de longitud y dos tramos de pago. La obra supuso una inversión de 563 millones de euros, que en buena parte se adeuda aún a las constructoras. El Gobierno, para ayudar a la empresa, alargó la concesión inicial, hasta el 2039. Según los datos del Ministerio de Fomento, el año pasado tuvo una media de 5.928 usuarios, lo que supone un descenso del 24% respecto al año anterior y un desplome del 46,2% respecto al máximo que tuvo en el 2007.

El futuro de las autopistas en concurso está ahora en manos del Ministerio de Fomento, que busca fórmulas para rescatar las concesionarias e integrarlas en una sociedad pública de autopistas. El departamento que dirige Ana Pastor aduce que si el concurso acaba en liquidación, la banca acreedora podría apelar a la responsabilidad patrimonial de la Administración. El rescate, además, es vital para evitar un nuevo agujero en la banca pública (los principales financiadores son Bankia y BMN, ambas ya nacionalizadas) y aún más para las constructoras, que además de ser accionistas tienen parte del importe de las obras pendiente de cobro. Grandes constructoras del país, como Acciona, ACS, Sacyr, FCC y Comsa-Emte entraron en el capital de las concesionarias para garantizarse después la ejecución de las obras.

18-IX-13, R. Salvador, lavanguardia