"El atraco", Pilar Rahola

La entrevista que Josep Cuní hizo el viernes a Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la UAM y único miembro del comité de doce expertos que votó en contra del texto base del cálculo de revalorización de las pensiones (y que encima el Gobierno ha empeorado), debería ser un fenómeno viral. En cualquier caso, aconsejo que todos los que puedan escuchen esos 13,28 minutos de bofetones a una decisión gubernamental que dañará considerablemente el débil poder adquisitivo de los jubilados. Dicho de manera coloquial, el Gobierno acaba de perpetrar un atraco a las pensiones por la vía de no revalorizarlas con el IPC. Según Ruesga, los pensionistas tardarán 35 años en recuperar la pérdida de poder adquisitivo de esta reforma, y ello, dada la edad de la franja social de la que hablamos, es un auténtico sarcasmo. Y dice más: la pérdida, para una pensión media, puede situarse en los 900 euros anuales. Tiene razón el Gobierno cuando asegura que las pensiones ni se congelan, ni se bajan, pero calculan el aumento de una manera que las sacude seriamente.

Desde luego considerar que 2,37 euros de subida permiten asumir el aumento del coste de la vida es una burla en plena cara. El PP, pues, ha hecho aquello que siempre prometió que no haría: tocar las pensiones. Y, como dice Santos Ruesga, lo ha hecho de la peor forma, porque ha cambiado la “filosofía constitucional”, que garantizaba un aumento en función del aumento de la vida.

Feo, feo, feo. Malo, malo, malo. Y es feo y es malo tanto por lo que significa para un sector tan sensible de la sociedad como son los jubilados, como feo y malo en paralelo a otras decisiones gubernamentales, inexplicables en términos comparativos. Estamos ante un gobierno que ha salvado bancos insalvables, cuyas locuras financieras tenían el beneplácito de consejos de administraciones llenitos de cargos políticos. Además, con esas locuras se pagaron obras faraónicas; un gobierno que mantiene la megalómana voluntad de hacer AVE por todas partes, incluso poniendo una estación en un pueblo que tiene 28 habitantes, pero es incapaz de resolver infraestructuras básicas para la economía; un gobierno que hace amnistías fiscales, pero es inepto en la lucha contra el gran fraude; y un gobierno cuyo partido ha tenido de tesorero a Alí Babá y sus cuarenta cuentas suizas, más las presuntas comisiones del ladrillo público. Si añadimos los recortes en materia social, dependencia, medicamentos, etcétera, el peso de la crisis económica recae de forma brutal sobre los sectores más desprotegidos, y de una manera evidente y cruel sobre nuestra gente mayor, lo cual es aún más grave que el atraco a las inversiones en Catalunya. Porque un gobierno puede defender lo difícil, incluso lo indefendible, pero no puede justificar el castigo al sector más vulnerable de la sociedad.

Eso, y perdonen la claridad, es una indecencia.

2-X-13, Pilar Rahola, lavanguardia