la peor corrupción, la de un gobierno impune y prepotentemente ineficiente
> el Proyecto Castor provoca crecientes terremotos en Vinaroz y el Delta del Ebro
Ahora, sin prisas, imagina que eres tú, y no una empresa de Florentino Pérez bien conectada con políticos de todo color, quien saca adelante un negocio sin haber previsto todos los riesgos posibles para terceros y sin haber estudiado lo que parecía obligado y de sentido común. ¿Qué crees que te pasaría? Exacto: te caería todo el peso de la ley encima antes de que pudieras empezar y te exigirían hacer las cosas bien, porque vivimos –en teoría– en un Estado de derecho donde las administraciones públicas velan –se supone– para que los intereses generales no sean vulnerados, sobre todo en lo tocante a la salud y la seguridad de la ciudadanía.
Pero vivimos bajo los poderes que vivimos y no somos precisamente suecos, ni siquiera alemanes. Y pasa lo que pasa. Ni la gente ni los alcaldes de las comarcas afectadas por los seísmos provocados para el proyecto Castor de almacenaje de gas pueden entender por qué motivo el Gobierno no hizo caso a quien pidió que se hicieran estudios geológicos completos sobre el impacto que podía tener esta obra en la actividad sísmica. El asunto es más grave de lo que parece, porque nadie sabe, por ejemplo, por qué razón el proyecto no pudo ser evaluado por el Institut Geològic de Catalunya. El Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno a la declaración sobre el impacto medioambiental de este almacén de gas a finales del 2009, en la última etapa del Gobierno del socialista Zapatero, que se llenaba la boca de grandes palabras como diálogo, transparencia y participación. Es curioso, esta declaración habla de la salud de nuestras amigas las tortugas, pero no aborda la posibilidad de impactos sísmicos. Demos gracias a los programas televisivos del gran Rodríguez de la Fuente.
Hagámonos la pregunta que se haría en un caso similar un columnista del norte de Europa o de Estados Unidos: ¿quién dimitirá por este desastre? Fíjense que doy por descontado que dimitirá alguien pronto, aunque es posible que el responsable político que permitió este proyecto ya no ocupe el cargo y corra por otros predios. ¿Y los técnicos al servicio del poder público? Se supone que el Estado siempre es responsable ante los ciudadanos, gobierne un partido u otro. ¿Serán destituidos los incompetentes y frívolos funcionarios que avalaron un informe medioambiental a medias o se dirá que todo fue hecho de acuerdo con lo que marcaban las normas y la costumbre? ¿Pedirá perdón públicamente algún alto cargo ministerial y alguien relevante de la empresa impulsora de Castor? ¿Dará la cara Florentino? ¿Qué vale la salud y la seguridad de las personas? Es una pregunta política que hoy interesa a los habitantes preocupados de Alcanar y de Vinaròs, y también a los de Tarragona y otras poblaciones. Este desbarajuste es una forma de corrupción, la peor de toda.
4-X-13, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia