la separación e independencia de los Poderes, Reforma Pendiente de la demo(partito)cracia española

Tanto el PP como el PSOE dicen estar de acuerdo en que es preciso recuperar el prestigio de las instituciones, pero luego no hay hechos que confirmen esa voluntad. Las dificultades surgidas para que populares y socialistas mantengan un diálogo mínimamente fluido han impedido hasta ahora abordar con éxito operaciones clave, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que va a cambiar no sólo de fachada sino de estructura.

El cambio en sí ya es traumático porque implica que el CGPJ va a ser sometido a un proceso de adelgazamiento que puede convertirlo en una sombra de lo que fue. A la formación de la nueva cúpula judicial se va a llegar, en suma, con una gran polémica precedente sobre el supuesto afán del Gobierno por convertirla en una mera delegación teledirigida. El PSOE, de hecho, tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma que reduce a la mínima expresión los órganos ejecutivos del CGPJ, aunque eso no le impedirá participar en su proceso de renovación, en el que, una vez más, no se han cumplido los plazos legalmente previstos.

En el CGPJ, que debería haber sido renovado en septiembre, nadie espera un acuerdo en breve. Los partidos se han concedido ya dos prórrogas. Por otra parte, tanto entre las fuerzas políticas como en el seno del órgano de gobierno de los jueces se afirma que no hay mucha prisa porque el acuerdo debería llegar tomando en consideración los plazos previsibles para la plena recuperación del Rey, con el fin de que presida, como prevé la ley, la toma de posesión del nuevo CGPJ.

Formalmente, la negociación corresponde al Congreso y al Senado. Pero también intervendrá la Moncloa. Lo más lógico es que el Ejecutivo trate de persuadir al PSOE con ofertas tentadoras. Eso desbloquearía la negociación, pero no supondría una regeneración de los métodos tradicionalmente empleados para renovar las instituciones. La dinámica partidaria amenaza, en definitiva, con imponerse de nuevo, lo que cuestiona que la preocupación principal de populares y socialistas sea fomentar la independencia del órgano de gobierno de los jueces. De nuevo, predomina el criterio del reparto de puestos, que tan en evidencia ha quedado en renovaciones anteriores, en las que los vocales se limitaron a votar para la presidencia del CGPJ al candidato previamente pactado entre los dos grandes partidos estatales.

Los jueces, a su vez, han cumplido con la parte que les corresponde para renovar su órgano de gobierno. Hay varias decenas de candidatos propuestos. Una buena parte, a título individual, dado que tres de las cuatro asociaciones judiciales de mayor arraigo han boicoteado la elección, y no han presentado directamente a sus afiliados. Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente creen que el CGPJ va a perder mucho peso y que el Gobierno se propone controlarlo. De ahí el boicot. Pero la realidad es que entre los candidatos hay tapados que responden a la filosofía de cada una de esas asociaciones. De modo que el problema del nuevo CGPJ no será tanto su falta de representatividad como el margen de maniobra de que disponga para gobernar la organización judicial.

6-X-13, J.M. Brunet, lavanguardia