¿qué hay detrás de la purga del Ministro Montoro en la Agencia Tributaria?

La crisis que se vive en el seno de la Agencia Tributaria sigue muy viva. Ayer, su director general, Santiago Menéndez, destituyó a tres delegados territoriales (Galicia, Castilla y León y Cantabria), así como al director de servicios de planificación y relaciones institucionales de Madrid. Desde la llegada de Menéndez, el pasado mes de junio, se ha sustituido a 29 inspectores en puestos directivos y los cambios seguirán las próximas semanas...

      Menéndez busca personas de su máxima confianza. Y la prueba más evidente es el nombramiento de Eduardo Córdoba, para planificación, que hasta ahora era jefe de equipo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), división de la que procede el propio director.

La actual crisis comenzó a emerger tras el cese de una inspectora por haber rechazado un recurso de la multinacional cementera mexicana Cemex de una sanción de 450 millones de euros contra el criterio de la dirección. A partir de ese capítulo, comenzaron las dimisiones y luego los nuevos ceses mencionados antes.

Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria minimizaron ayer la situación al apuntar que entre julio y diciembre del 2013 (meses que lleva en el cargo Menéndez) se ha relevado a 29 cargos de confianza, cuando en los seis primeros meses de la anterior directora, Beatriz Viana, la cifra de ceses alcanzó los 51.

    Menéndez tenía previsto montar un equipo a su medida, tanto en la delegación central, como en las 17 comunidades a principios del año 2014, pero la dimisión del director de Inspeccción Financiera y Tributaria, Luis Jones, ha precipitado la actuación.

Fuentes oficiales de Hacienda rechazan que las sustituciones tengan relación directa con expedientes concretos. Pero incluso el cese de la anterior directora, Beatriz Viana, estuvo vinculado al escándalo con los datos erróneos del DNI de la infanta Cristina.

Desde hace unos meses, tanto Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), como la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) (ésta última de forma más moderada) han lanzado críticas por la gestión de algunos casos muy polémicos como el enrevesado caso Nóos, la permisividad para legalizar dinero negro a través de la amnistía fiscal o las posibles injerencias en el caso Cemex, que ha desatado la actual crisis interna.

    Fuentes de IHE aseguran que Menéndez ya advirtió a la organización, hace unos días, que iban a producirse más “destituciones en cadena” en las delegaciones territoriales. Es decir, que puede producirse un baile de nombres en siete u ocho delegaciones más.

6-XII-13, C. Lafraya, lavanguardia

La crisis que ha estallado esta semana en la Agencia Tributaria ha puesto al descubierto la existencia de dos modelos diferentes de inspección fiscal, el que impulsa el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vigente que defiende una buena parte del cuerpo de inspectores.

La atribución por Montoro de supuestas simpatías socialistas a los altos cargos dimisionarios de la Agencia Tributaria carece de fundamentos reales, según aseguran fuentes informadas, que además destacan que los que han dejado el cargo fueron nombrados estando ya al mando el Gobierno del PP, formación política que, por otra parte, cuenta con amplias simpatías en el cuerpo. En el caso más destacado, el de Luis Jones, jefe de la inspección, varias fuentes han destacado su conocida proximidad al PP. ¿Se trata de una cortina de humo lanzada por el ministro para distraer la atención mientras avanza el proyecto de transformación de la Agencia?

El detonante formal de esta crisis ha sido un acta por 450 millones de euros contra la cementera mexicana, Cemex. Según las fuentes consultadas, altos cargos de la Agencia recibieron la petición de mirar con atención el expediente antes de su cierre definitivo, es decir antes de convertir en firme el acta de la inspección y por lo tanto presentar la liquidación reclamando el dinero al contribuyente. Una práctica, que varios inspectores reconocen que se produce en bastantes ocasiones pero que siempre despierta suspicacias, pues solo está al alcance de contribuyentes influyentes y poderosos que cuentan con asesores capaces de abrir puertas.

Como consecuencia de ello, el responsable de la Delegación de Grandes contribuyentes, Ignacio Huidobro, pidió a la Oficina Técnica de la delegación, que se encarga de fijar el criterio final y responder a las alegaciones de los inspeccionados, que esperase antes de resolver. Sin embargo, la responsable del expediente, la inspectora Dolores Linares, resolvió rechazando las alegaciones y notificándoselo a la empresa. Al tratarse de un cargo de confianza, es decir elegido por sus superiores y al que no se accede por concurso, la inspectora fue destituida.

A partir de ahí, se ha desencadenado una cadena de dimisiones y ceses que han conmocionado a la Agencia, el auténtico brazo armado de Hacienda para elevar sus ingresos y vital para acercarse a los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Como quiera que los partidos políticos se han lanzado a la batalla para denunciar la situación, el fantasma de la depuración política sobrevuela ahora esta crisis.

Pero fuentes conocedoras de la situación en la Agencia defienden que se trata de una batalla en la que lo que se juega es el papel y la capacidad de actuación de los inspectores y su pérdida de influencia o posible subordinación a las presiones de los cargos políticos, según unos, o de la homogeneización de criterios y el mejor funcionamiento de la Agencia, según otros, en este caso los responsables gubernamentales.

Subyacen dos concepciones distintas de como debe funcionar la Agencia Tributaria. El criterio que su director, Santiago Menéndez, ha ido transmitiendo desde que llegó al cargo es que la Agencia debe actuar de acuerdo con un principio jerárquico similar al de la Fiscalía, es decir aplicando los criterios que emita la cúpula. Por un lado, las interpretaciones de la normativa fiscal que resuelva la dirección general de Tributos; por otro, las orientaciones de la dirección de la Agencia.

Además, Menéndez ha explicado que es partidario de generalizar al máximo la modalidad del acuerdo entre la inspección y el contribuyente, una modalidad que existe desde el 2003 pero que prácticamente no se utiliza. En este caso, el contribuyente realiza una propuesta de pago que si el inspector jefe acepta, se convierte en firme e implica el pago inmediato. Se evita así el recurso habitual de los contribuyentes a la justicia, lo que puede prolongar los procesos hasta más allá de los 13 años si el contencioso es de más de 600.000 euros y alcanza el Tribunal Supremo.

Los defensores de esta práctica resaltan que los anuncios de Hacienda sobre los éxitos de la Agencia en la lucha contra el fraude son meras sumas de actas levantadas pero que, en el mejor de los casos, tardarán años antes de ser recaudadas y, en el peor, no se cobrarán nunca porque se perderán en los tribunales.

Menéndez ha explicado que se propone multiplicar por cuatro el valor de los acuerdos en los baremos que puntúan el cumplimiento de objetivos por parte de los inspectores.

Frente a esa opción, en el funcionamiento actual el criterio del inspector es determinante en la instrucción y resolución de los expedientes, primero elaborando el acta inicial y luego en la revisió

que efectúa el inspector jefe y su oficina técnica, que impone el contenido definitivo cuando el acta se convierte en firme y se insta al pago al contribuyente.

Para una parte importante de los inspectores el cambio implica una merma de su independencia, pues sería siempre la dirección la que establecería los criterios y la conducción de las inspecciones. La actual cúpula de la Agencia, en cambio, pone el acento en las quejas de los contribuyentes ante la subjetividad de los criterios con los que trabaja cada inspección o cada grupo de trabajo, incluso en cada zona geográfica.

En la práctica, las cosas son aún más complicadas, pues la necesidad de la Hacienda de recaudar el máximo ha incentivado la mano dura de la inspección, con el correspondiente aumento de litigios de los contribuyentes contra la Agencia. La actual crisis puede, pues, pasar factura.

8-XII-13, M. Pérez, lavanguardia

La crisis de la Agencia Tributaria saltó ayer al terreno político. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que el relevo que se ha producido en el equipo directivo de grandes contribuyentes le ha servido para conocer que esa unidad “estaba llena de socialistas”.

En una conversación informal con los periodistas en la recepción en el Congreso del día de la Constitución, Montoro insistió que los 29 ceses son “relevos” normales, como cuando en las grandes empresas se cambia a la dirección y los presidentes de las mismas nombran en los puestos claves a directivos de su confianza. El ministro, en un intento de trasmitir normalidad, insistió en que la actual crisis de la Agencia Tributaria “nada tiene que ver con el caso Cemex, ni el caso Nóos”, informa Efe.

Lo cierto es que en los dos últimos años esta institución se ha visto salpicada por una serie de polémicas, como la del caso del DNI de la infanta Cristina, la amnistía fiscal a la que se acogió Luis Bárcenas, la multa de 450 millones a la cementera Cemex o el caso Nóos relacionado con Iñaki Urdangarin y su socio.

La vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz, se manifestó en la misma línea que Montoro al decir que los cambios de los 29 funcionarios se enmarcan “dentro de la normalidad”.

Sea como sea, todo se ha acelerado desde hace dos semanas cuando estalló el caso de la multinacional Cemex. Entre los funcionarios del organismo hay rumores, no confirmados, de que se ha podido producir alguna irregularidad en la parte final de la resolución de ese expediente.

Y volviendo a los cambios en la cúpula de la entidad, Montoro no quiso opinar sobre la dimisión del ya exdirector de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, un hombre puesto por la anterior directora, Beatriz Viana. Al exjefe de dependencia de control tributario y aduanero de la delegación central de grandes contribuyentes, Ignacio Ucelay, que dimitió tras el caso Cemex, también se le conocía una buena relación personal con Menéndez en el ámbito privado, según algunas fuentes no oficiales del organismo...

Según fuentes cercanas a la Agencia Tributaria, Menéndez podría destituir a siete u ocho delegados territoriales más los próximos días. Su objetivo era hacerlo a principios del 2014, pero la dimisión de Jones precipitó los acontecimientos. El lunes, Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria estará en un foro en Madrid.

7-XII-13, C. Lafraya, lavanguardia