"Senado, ¿para qué?", Luis Izquierdo

En los pasillos del Senado, incluso los que hace más años que están allá han perdido la cuenta de las veces que los partidos políticos han mostrado una opinión sobre la conveniencia de reformar el Senado. La canción es siempre la misma: se tendría que transformar en una verdadera Cámara de representación territorial. Pero, curiosamente, la Constitución ya define el Senado de este modo. En sus escaños, la distribución territorial es mucho más escorada que en el Congreso, hasta el punto que la provincia de Barcelona tiene los mismos cuatro senadores que la de Soria o Avila. La designación de un senador por cada comunidad autónoma, al cual se añade otro por cada millón de habitantes, prueba de compensar en cierta medida la disparidad de población de las autonomías españolas. Así, 208 senadores han salido de las urnas del 20 de noviembre, mientras que unos 58 más son nombrados directamente por los parlamentos autonómicos, como José Montilla, elección controvertida para ostentar la condición de expresidente y no renunciar a la oficina que paga la Generalitat.

Pero si la composición no es suficiente, el mismo Senado modificó su reglamento el 1994 para crear la Comisión General de Comunidades Autónomas. La intención era generar un verdadero foro en que senadores, gobierno central y gobiernos autonómicos pudieran debatir abiertamente.

Pueden intervenir, además de los 50 senadores que la integran, cualquiera de los que han nombrado sus respectivas comunidades, además de los miembros del ejecutivo y de los presidentes de las autonomías –o, en su sustitución, cualquiera de los consejeros–. El órgano parece el más adecuado para los numerosos debates territoriales que no han faltado al menos ante la opinión pública en los últimos tres años y medio. Y, aun así, la comisión sólo ha hecho once sesiones en los 42 meses de esta legislatura, sin que se recuerde cabeza.

Porque el cierto es que en España los grandes debates territoriales se dirimen en el Congreso de los Diputados. Las circunscripciones electorales provinciales permiten a los partidos nacionalistas obtener una representación razonable en el Congreso del Diputados, que es, por la preeminencia sobre el Senado, donde se aprueban las leyes en un primer momento. Por eso es allá donde las fuerzas nacionalistas promueven las iniciativas que tienen que ver con las reclamaciones de sus comunidades: desde las infraestructuras para Galicia hasta más competencias para el País Vasco, pasando por las ayudas para el plátano de las Canarias y el régimen fiscal.

Al margen de sus competencias en materia territorial, le corresponde la autorización de acuerdos de cooperación entre comunidades, leyes de armonización de disposiciones normativas de las comunidades autónomas, ejercidas en casos muy puntuales; el Senado es principalmente una Cámara de segunda lectura.

No es que sea una institución especialmente cara –el presupuesto que tenía el 2011 es de 55 millones de euros, mientras que el del Congreso es cerca de los 100–, sino que son cada vez más los ciudadanos que se preguntan si es necesaria una relectura de las leyes. Y, si lo es, por qué los partidos envían allá los políticos más veteranos, los que no caben a las listas del Congreso o los que dejan un cargo o las urnas los retiran. Entre ellos, varios expresidentes autonómicos: Montilla, pero también Joan Lerma (Valencia), José Ignacio Pérez Sáez (La Rioja), Francesc Antich (Baleares), Juan José Lucas (Castilla y León) o Marcelino Iglesias (Aragón). Manuel Fraga dejó esta semana el escaño que tenía.

Los senadores se quejan que los debates que se mantienen al hemiciclo son muchos y muy enriquecedores, pero que, sencillamente, la prensa está más pendiente del Congreso y que por eso su tarea queda muy oculta. También reprochan a la prensa que sólo se haya ocupado de los senadores cuando lo encara presidente en funciones, Javier Rojo, los censuraba el comportamiento o cuando eran tomada fácil de polémicas estériles como las orelleres para la traducción simultánea del catalán, el gallego y el eusquera. Sus señorías se molestan cuando algún desinformat todavía los pregunta por la piscina que nunca existió –en realidad es una cisterna– y atribuyen a esta leyenda negra que muchos consideren la Cámara un centro de día para políticos retirados.

Pero son ellos mismos que hacen lustros que repiten la broma que si Tejero hubiera asaltado el Senado en vez del Congreso, nadie se habría enterado. Sonríen, conscientes que incluso esta broma ya no hace mucha gracia.

4-XII-11, Luis Izquierdo, lavanguardia