magia y misterio del Ministro Cristóbal Montoro con las balanzas fiscales
Como expresó el 16 de mayo del 2012 en Catalunya Ràdio Álvarez-Cascos, que fue ministro de Fomento: “A veces las verdades no se pueden explicar, cuando no pueden ser entendidas responsablemente”. ¡Es que somos unos irresponsables que usamos mal la información que nos concede el Gobierno! ¿Información abierta y transparencia? Eso es para ciudadanos más responsables de países más avanzados. Se nota que por ahí afuera triunfó la Ilustración.
Creo que la supresión de las balanzas fiscales obedece también a un motivo menos confesable. Tras tanto anuncio de inminente publicación de la balanza del 2009 sin neutralizar el déficit central, para minimizar artificialmente el déficit fiscal de Catalunya, habrá producido susto el Frankenstein engendrado por la no-neutralización. Parece que no sabremos los datos para el 2009, pero podemos simular qué habría pasado en el 2005 (para el que sí se calcularon las balanzas) si ese año el Estado hubiese tenido el mismo déficit que en el 2009.
Pues bien, con un déficit como en el 2009 y sin neutralización, en el 2005 Catalunya hubiese tenido equilibrio fiscal con el Estado y sólo Baleares habría tenido déficit. Y hubiesen proliferado los superávits fiscales (percepción de transferencias) superlativos: Extremadura (26% del PIB), Asturias (24% del PIB), Galicia (18% del PIB), Castilla y León (16% del PIB)... Imagine el malestar de tantos presidentes autonómicos, casi todos del PP, al trascender tales niveles relativos de subsidio, y las consiguientes trifulcas. Es lo que tiene especular con la no neutralización del déficit central, cuando alcanza tales dimensiones. Da para un par de columnas de prensa negando el déficit fiscal de Catalunya, y buscando esos 16.000 millones ocultos ante las narices. Pero al aplicarlo a toda España engendra un Frankenstein impresentable en público.
Esta es la explicación más plausible de la supresión de las balanzas fiscales, y de la creación de las Cuentas Públicas Territorializadas, con metodología a la carta. Lo que muestra un par de cosas. Primero, que si conviene (si no gustan los estándares internacionales) en España también se inventa. Segundo, que la ocultación de la información que no conviene es la traducción práctica del derecho a saber por el Gobierno central. En España, de ilustrado no ha habido ni el despotismo.
28-I-14, Germà Bel, lavanguardia
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está en su derecho de encargar a un grupo de expertos un balance regionalizado de las cuentas públicas españolas con objeto de conocer lo que se gastan las administraciones en servicios públicos a los individuos. Disponer de más información sobre el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y sobre su redistribución aportará más luz al debate sobre la financiación autonómica. Pero ello no justifica que el Gobierno renuncie a elaborar y hacer públicas las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, algo que se debería haber hecho ya cada año, en virtud de un acuerdo al respecto del Congreso de los Diputados del año 2004.
Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas constituyen una información básica para que los ciudadanos puedan conocer el alcance de la solidaridad interterritorial. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se había comprometido a publicarlas el pasado mes de diciembre para que sirvieran de base para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. Negar ahora su publicación, como pretende el ministro de Hacienda, va en contra de la mínima transparencia exigible en un Estado de derecho.
Cristóbal Montoro se ampara en criterios académicos, ideológicos y políticos para justificar su decisión, pero, a estas alturas del debate de financiación autonómica, no es de recibo que proponga cambiar las reglas de juego de manera unilateral. Hacerlo es algo que consolidará el diálogo de sordos actual entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya, abortando cualquier resquicio de negociación razonable.
El criterio que quiere imponer el Gobierno es que los impuestos los pagan los individuos y no los territorios, ya que eso permite negar la existencia de déficits localizados. Pero este argumento no es el único en un Estado de las autonomías, con gobiernos autonómicos que gestionan sus propios presupuestos para atender las necesidades de los ciudadanos.
Es evidente, como teme el Gobierno, que las balanzas fiscales pueden avivar los agravios comparativos y las discrepancias entre las diversas autonomías, pero no se puede hurtar esa información a los ciudadanos como si fueran menores de edad. Lo correcto es favorecer el debate, por crudo que pudiera ser, y negociar las bases de un sistema de financiación autonómica que sea mucho más equitativo que el actual. El hecho de no haberlo afrontado ha propiciado en gran parte el auge del soberanismo en Catalunya.
El Gobierno central (PSOE) sólo publicó en el 2009 las balanzas fiscales referidas al 2005, que arrojaban para Catalunya un déficit fiscal de entre 11.143 y 14.807 millones de euros anuales, en función de los dos métodos de cálculo utilizados, cantidades que reflejan el dinero que pagan en impuestos los catalanes y que no vuelven en inversiones ni en servicios. Los últimos cálculos efectuados por la Generalitat, referidos al 2010, fijan el déficit entre los 11.258 y los 16.543 millones, que son igualmente cantidades insostenibles para Catalunya.
Montoro argumenta también, para rechazar las balanzas fiscales, que los cálculos están mal hechos. Dado el nivel de desconfianza existente, sería adecuado considerar la propuesta del conseller Mas-Colell de que un organismo internacional independiente elaborara las balanzas fiscales. En cualquier caso, lo que no resulta lógico es renunciar a ellas.
28-I-14, lavanguardia