¿por qué debemos pagar, tú y yo, todos, 1.700 millones a una empresa privada que provoca terremotos?

El Gobierno se enfrenta a una posible indemnización a la empresa propietaria de Castor que podría alcanzar los 1.700 millones de euros...

El informe que el Ministerio de Industria encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tras la crisis del almacén de gas Castor confirma la relación entre los seísmos que se registraron en septiembre pasado en la zona de Castellón y Tarragona y los trabajos de inyección de gas en esta instalación submarina. El IGME coincide así con el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) —el otro organismo científico al que el Ministerio de Industria encargó que determinara la causa de los temblores— cuyo contenido se ha conocido esta semana después de que el Gobierno se lo entregara al diputado de IU Ricardo Sixto. El informe del IGME, que Industria mantiene secreto pero a parte de cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, identifica la falla que provocó los seísmos, a la que denomina “falla Castor”.

Los expertos del IGME van un paso más allá que el IGN al identificar con más detalle las estructuras geológicas de la zona del almacén. Describen que la sismicidad —más de 500 terremotos, 15 de los cuales fueron percibidos por la población— fue originada por roturas en fallas con dos direcciones: noroeste-sureste y noreste-suroeste. Mientras las primeras son de dimensiones pequeñas y abundantes, las segundas están en el borde oriental del almacén y corresponden a roturas parciales de una falla mayor, a la que bautizan como “falla Castor”. José Luis Simón, catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza cree que, por la orientación y la posición, justo debajo del almacén, podría tratarse de un trozo de la falla de Amposta, sobre la que está construida la instalación.

El informe del IGME, cuyas conclusiones ha utilizado la Fiscalía de Castellón para preparar la querella por delito medioambiental que adelantó ayer este periódico, relaciona el volumen diario de gas que se inyectó con la actividad sísmica. Describe que existieron tres periodos de inyección: del 14 al 17 de junio, del 19 al 23 de agosto y del 2 al 17 de septiembre. En cada una de las fases se duplicó el volumen promedio inyectado. La serie sísmica empezó el 5 de septiembre, coincidiendo con un fuerte incremento del volumen. “A más volumen, más presión”, explica Simón. Eso puede indicar, a su juicio, que hubo un punto en el que se rebasó la presión máxima, un umbral a partir del cual la tensión se transmitió a la falla.

Para la fiscalía, el hecho de que la empresa —Escal UGS, propiedad en un 66% del grupo español ACS— no detuviera la inyección hasta el día 17 de septiembre podría tipificarse como delito contra el medio ambiente. La empresa declinó ayer comentar las conclusiones del informe.

La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Estas instalaciones captan el gas de los gasoductos y lo almacenan hasta que, en función de la demanda, se extrae y se inyecta a la red general.

Hasta el 5 de septiembre no se registró el primer temblor. El 24 de ese mes, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El Ministerio de Industria encargó informes a dos institutos públicos, el IGN y el IGME. Ambos entregaron sus conclusiones hace meses. El diputado Sixto los pidió en enero. El del IGN llegó el 10 de abril; el del IGME aún no ha entrado en el Congreso, aseguró ayer.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma ahora estar esperando las conclusiones de un tercer informe, encargado a “expertos internacionales”. Tras mantener en secreto de quiénes se trataba, el martes aseguró que son de la Universidad de Stanford y el MIT, ambos en Estados Unidos. Industria no ha aclarado el proceso de contratación de esos informes ni ha querido hacer público el informe del IGME.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, una de las organizaciones más activas en contra del Castor, ha presentado una queja en Industria por la “falta de transparencia” que rodea al caso. El Gobierno se enfrenta a una posible indemnización a la empresa propietaria de Castor que podría alcanzar los 1.700 millones de euros.

14-V-14, M. Fabra/E. G. Sevillano, elpais