uso del Poder Legislativo para hacer legal lo ilegal (¡y olé!)

Esta práctica parlamentaria de validación legislativa no sólo supone una clara interferencia del poder legislativo en el poder judicial, contraria al principio de división de poderes, sino también un efecto llamada hacia el incumplimiento de la legislación ambiental porque las sentencias, al final, no se ejecutan y, en definitiva, se da una discriminación respecto al resto de la ciudadanía que sí cumple la ley.

Si usted comete una infracción o una ilegalidad, corre el riesgo de sufrir una sanción o una condena. Pero si la irregularidad la comete una administración, esta tiene una carta: una ley para legitimar el atropello. Es la última de las tentaciones de algunas administraciones autonómicas, que han pretendido avalar proyectos de gran impacto ecológico con leyes a la carta. La secuencia se repite. La administración promueve un proyecto que vulnera alguna normativa ambiental; los afectados recurren y ganan el pleito "pero, en el trámite de ejecución, la administración autonómica promueve una ley para que la obra pueda llevarse a cabo", denuncia Rita Rodríguez, abogado de la organización WWF.

Primer ejemplo. El proyecto más revelador es la construcción de la urbanización de lujo Marina de Isla de Valdecañas, en el Tajo (Cáceres), en un espacio protegido (Red Natura 2000 y zona especial para las aves), con 185 villas, un hotel, un golf, una base náutica...

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de febrero que la urbanización es ilegal pues la Junta extremeña recalificó como urbanizable una zona de especial protección. Por eso, ratifica que debe ser demolida para restituirse el suelo a su estado original. No obstante, durante este largo litigio (iniciado en el 2007 por Ecologistas en Acción), y para blindar su posición, la Junta extremeña aprobó en el verano del 2011 una modificación de la ley regional del Suelo, de forma que los proyectos de interés regional (PIR) permiten recalificaciones en el suelo protegido en determinadas condiciones. La reforma se hizo poco después de que la Junta recibiera un primer fallo desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La Junta alegó hace unos días ante este Tribunal que no puede materialmente echar abajo la urbanización (le costaría 34 millones), y esgrime la reforma legal como última carta. Además, sostiene que devolver la isla a su estado natural no supondría la recuperación de ningún valor natural.

Otro ejemplo son los intentos de la Junta de Castilla y León para promover una estación de esquí en San Glorio, en el parque natural de Fuentes Carrionas (Palencia, León y Cantabria). El plan de usos del parque prohibía esta instalación; por lo que, para salvar el escollo, la Junta lo modificó en el 2006. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), tras las denuncias presentadas anuló la modificación en el 2008. Así que, visto que esta vía no prosperaba, la Junta aprobó en el 2010 una modificación de la ley que creó el parque natural de Fuentes Carrionas. Ecologistas en Acción presentó recursos y más recursos, y ahora, el TSJCL ha acudido al Tribunal Constitucional porque considera que la modificación puede ser inconstitucional.

Leyes a la carta son una constante. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el pasado diciembre la ley de las Cortes de Castilla y León (2007) que aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en el Soto de Garray (Soria). La obra, hecha ya a medias -se han invertido 52 millones de dinero público-, incluía siete edificios en terreno protegido junto al Duero, para lo cual se transformó terreno "rústico protegido" en urbanizable. El proyecto se anuló porque al aprobarse por ley, no se pudo controlar la legalidad de la recalificación, ni la evaluación ambiental realizada. "No era razonable ni proporcional que el proyecto se excluyera de la legalidad ordinaria, pues se bloquea la participación ciudadana Los afectados no pueden recurrir una ley, sólo los partidos", dice Rita Rodríguez. "El Constitucional ya se ha dado cuenta de los manejos de las administraciones; ya son conscientes", añade la jurista.

Otro ejemplo: la depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera, en Suances (Cantabria). La obra fue declarada ilegal en el 2005 por el Supremo, tras la denuncia del grupo ARCA (debía ser demolida el segundo semestre del 2013). La planta se levantó en dominio público junto al mar, y la ley de Costas prohibía entonces levantar allí un equipamiento como este. El Gobierno central reformó la ley de Costas (del PP, 2013) e introdujo un artículo que venía como anillo al dedo... Con la nueva ley, se permitía que depuradoras como estas, construidas junto al mar antes de la entrada en vigor de la nueva ley, "continuarían temporalmente su/ actividad en el mismo emplazamiento". El Gobierno de Cantabria esgrimió este artículo en un último recurso, aunque el Supremo lo ha rechazado.

No hay quien pueda con El Algarrobico. Espectral y solitario, su perfil se mantiene incólume recortado sobre los acantilados del Cabo de Gata. Ni el ya exministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, que abandonó el cargo lamentando "no haber podido volar el edificio", ni Greenpeace, ni los cientos de personas que acudieron el pasado sábado a la manifestación convocada en Almería por la Plataforma Desmontando El Algarrobico para exigir el derribo del hotel. "La verdad es que tenemos los pelos de punta porque las últimas decisiones judiciales han sido catastróficas", señala Enrique Ruiz, portavoz de la Asociación de Amigos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El laberinto judicial del hotel El Algarrobico, construido en un 90% y paralizado desde el 2006, deja en mantillas los guiones más enrevesados de cualquier serie televisiva donde se mezclan odios, intrigas, intereses, favores y traiciones. Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admite a trámite los recursos contra la sentencia del 21 de marzo que declaraba urbanizable el suelo donde se asienta el hotel, y ahora será el Tribunal Supremo quien deberá pronunciarse sobre la polémica decisión.

Diez años de pleitos y cuatro ministros de Medio Ambiente han sido incapaces de alcanzar una solución. Hasta ahora, la mayoría de las actuaciones referidas al hotel eran tramitadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Fue esta sección la que dictó en el 2012 que los suelos donde se asienta el hotel estaban protegidos y no eran urbanizables. El Ayuntamiento de Carboneras presentó un recurso que, según Greenpeace, se trasladó "sin justificación alguna" de la Sección Primera a la Sección Tercera de la misma Sala, que el 21 de marzo daba un vuelco total a la situación al establecer que el suelo es urbanizable. Uno de los ponentes de la Sección Tercera es el magistrado Rafael Toledano, que también es el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA. Toledano mantiene un enfrentamiento personal con el juez Jesús Rivera, que actualmente también ejerce en la sala de lo Contencioso del TSJA, pero en la Sección Cuarta. Jesús Rivera fue el primer magistrado que declaró ilegal El Algarrobico cuando ejercía como magistrado en Almería, antes de ascender en su carrera profesional y llegar a formar parte del TSJA.

Por ello, muchos se preguntan hasta qué punto puede estar influyendo este enfrentamiento personal en las decisiones que se toman sobre El Algarrobico. Si el futuro del hotel está en manos de la Justicia con mayúscula, o depende del forcejeo personal y profesional de dos magistrados, quienes al parecer mantienen un enfrentamiento fuera de lo habitual.

Los representantes de las organizaciones ecologistas decidieron, después de conocer todas estas circunstancias, emprender acciones legales contra Toledano y los otros magistrados que componen la Sección Tercera, para los que también han pedido que sean apartados de los procedimientos que todavía quedan por decidir, como la conformidad o no a derecho de la licencia de obras municipal concedida en el 2003 a la promotora Azata del Sol para que construyera el hotel.

"Estos vaivenes levantan muchas sospechas porque no comprendemos que pleitos iniciados hace años cambien ahora de sección para, según dicen, unificar doctrina. Y más cuando la Sección Primera seguía una clara línea en favor de ilegalizar el hotel y luchar contra el urbanismo salvaje, mientras que la Sección Tercera ha consagrado el derecho a la propiedad privada, los intereses de Azata del Sol y el urbanismo salvaje", asegura Enrique Ruiz.

El jueves pasado, varias decenas de vecinos de Carboneras tacharon la letra i de la palabra ilegal que los activistas de la organización Greenpeace han pintado en la fachada del inmueble. Para ellos, el hotel significa una oportunidad de trabajo en una comarca duramente castigada por un desempleo que supera el 40% de la población activa.

20-V-14, A. Cerrillo, lavanguardia