¿por qué debemos pagar, tú y yo, todos, 1.700 millones a una empresa privada que provoca terremotos? (2)
El Congreso de los Diputados rechazó ayer gracias a la mayoría del Partido Popular (PP) la clausura definitiva del Castor y su desmantelamiento. La iniciativa, presentada por el portavoz de CiU en la comisión de Medio Ambiente del Congreso, Martí Barbarà, planteó la necesidad de cerrar el almacén de gas sobre la base del informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que concluyó la "relación directa" entre la inyección de gas en el subsuelo marino y la crisis sísmica, con más de medio millar de terremotos, 15 de ellos perceptibles para la población.
Los populares reiteraron en el Congreso la postura del ministro de Industria, José Manuel Soria, de esperar antes de tomar ninguna decisión definitiva a los informes encargados por el Gobierno a expertos internacionales. La diputada del PP María Teresa de Lara destacó la necesidad de "mantener la prudencia y la cautela" mientras no se adopte una decisión definitiva. Después, el PP acabó votando en contra de la proposición no de ley presentada por CiU para forzar el cese definitivo de actividad del Castor. 
La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, que ha liderado la oposición desde el territorio al proyecto Castor, reiteró ayer su exigencia de desmantelamiento del Castor, después de hacerse público un segundo informe oficial. El análisis del Instituto Geológico y Minero, de más de un centenar de páginas, concluye también que fue la inyección de gas la que provocó los seísmos, y alerta además de que los terremotos inducidos podrían alcanzar una magnitud máxima de 4,8 en la escala de Richter.
El seísmo mayor fue de una magnitud de 4,2 el pasado octubre, cuando se desató la crisis sísmica frente a la costa del delta del Ebro y de Castellón. Los terremotos, que provocaron una gran alarma entre la población, no llegaron a provocar daños en los edificios de la zona más cercana al epicentro.
El Ministerio de Industria mantiene que el almacén de gas seguirá cerrado sine die, aunque sin concretar ningún calendario, mientras no se demuestre que la instalación es segura. Tampoco se ha detallado cuándo está previsto que los expertos internacionales a quienes el Gobierno ha encargado el nuevo informe presentarán sus conclusiones. En paralelo se mantiene abierta en la fiscalía de Castellón la investigación por presuntas irregularidades en la autorización del Castor por parte del Gobierno español.
29-V-14, E. Giralt, lavanguardia