una monarquía de saldo en un régimen de rebajas democráticas

En relación con el proceso sucesorio de la Corona, acepto que el debate sobre la forma de Estado no era una urgencia social. También que la ecuación "república igual a más democracia" no es automática, como demuestran la historia y el mapa actual del mundo. Tampoco niego que a veces pueda ofrecer más garantías un jefe de Estado hereditario -blindado de las idas y venidas de la política de partido- que un presidente de la república elegido en condiciones precarias, por ejemplo con votaciones muy minoritarias. Y también puedo admitir que, por el bien de la estabilidad, la figura del jefe del Estado -rey o presidente- tiene que estar sobreprotegida en el ejercicio de su función; e incluyo a los antiguos jefes de Estado, para evitar que queriendo garantizar que todos seamos iguales ante la ley no acabáramos abriendo la puerta a revanchas de origen político contra los servidores públicos de más rango.

No soy intransigente en mi republicanismo y entiendo que la defensa de la monarquía puede ser perfectamente razonable. Pero empiezo a estar seriamente preocupado por la rebaja general de las exigencias democráticas en torno a este debate. Estoy dispuesto a escuchar y a dejarme convencer en una discusión en profundidad, pero no puedo aceptar la exigencia de una lealtad opaca, que puede generar más incertidumbres y más inestabilidad.

Todavía no sabemos de manera mínimamente verosímil qué ha pasado con la abdicación del Rey. No sabemos cuál es su estado de salud. No sabemos si hay nuevas perspectivas en el procedimiento judicial que afecta a miembros de su familia. No sabemos cuál es el momento exacto de las relaciones entre los miembros de la familia real. No sabemos si está en crisis la convivencia del Monarca con la Reina, ni si esta variable ha influido en la renuncia. No sabemos cuáles son los últimos datos demoscópicos que ha analizado la Zarzuela, sobre todo los que comparan la popularidad del Rey y del Príncipe en solitario y acompañados de la Reina y la Princesa.

De hecho, no sabemos nada. ¿Quién ha diseñado la operación? ¿Por qué se pone en marcha ahora? ¿Es fruto de la voluntad personal del Rey? ¿De su entorno? ¿Ha presionado el Gobierno? ¿Quién más ha participado? ¿Quién estaba en el caso? ¿Qué partidos han sido consultados? ¿Qué poderes económicos y sociales? ¿El movimiento tiene alguna cosa que ver con el debate territorial?

Se nos pide lealtad ciega, pero también opaca. ¿A quién servimos con esta lealtad? ¿Qué y quién nos garantiza que esta es una operación al servicio de los ciudadanos y sus intereses? Puedo estar a favor de la estabilidad, pero necesito muchas más garantías. Nos reclaman lealtad unas instituciones en crisis y enfangadas en toda clase de porquerías; unos partidos corruptos y endogámicos y unos poderes fácticos que hace tiempo que conspiran en defensa de sus intereses privados y contra el interés público.

¿Qué garantiza mayor estabilidad, la opacidad o la validación democrática del proceso? En condiciones normales un pacto de partidos e instituciones habría representado esta voluntad popular, pero no es el caso. Y conste que el republicanismo debería aparcar la altivez y su pretendida superioridad moral. Sobre todo mientras no demuestre su fuerza real entre la ciudadanía y exhiba un proyecto con garantías, más allá de la explotación de sentimientos históricos.

Estén seguros de que el futuro de la monarquía se acabará votando en las urnas, exactamente igual que se votará el futuro de Catalunya. Como aquí, lo hará en referéndum o en unas elecciones plebiscitarias. Y como aquí, podemos ir a votar confrontando sólo inmovilismo rancio contra democracia, o podemos poner encima de la mesa argumentos para debatir a fondo qué conviene al interés general.

13-VI-14, Rafael Nadal, lavanguardia