¿por qué debemos pagar, tú y yo, todos, 1.700 millones a una empresa privada que provoca terremotos? (3)
La crisis sísmica desatada el último otoño frente a la costa del delta del Ebro y Castellón, con más de 500 seísmos, ha acabado por enterrar el controvertido almacén submarino de gas. Escal UGS, la empresa propietaria, no explotará comercialmente el reservorio. La compañía comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de renunciar a la licencia de explotación, concedida por el Ministerio de Industria. La empresa, una filial de ACS, no quiso valorar su decisión ni el incierto escenario que se abre a partir de ahora, con la indemnización pactada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en caso de que la compañía renunciase al proyecto como cuestión más caliente.
Con el proyecto Castor tocado de muerte, el principal interrogante está ahora en saber quién acabará pagando la inversión de 1.700 millones de euros (según estimaciones del propio Ministerio de Industria) desembolsada por Escal UGS bajo el mar. El ministro de Industria, José Manel Soria, se mostró ayer prudente tras hacerse pública la decisión de la empresa propietaria del Castor y pidió esperar a la decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al resto de los inversores, que deben aceptar la renuncia de Escal UGS, después de financiar el proyecto con 500 millones de euros. Hasta que la renuncia no sea autorizada, el Gobierno no moverá pieza.
“Esperaremos a ver si la renuncia es autorizada por el BEI, si ese fuese el caso actuaremos de acuerdo al decreto de concesión”, dijo Soria. Un decreto de concesión firmado en el 2008, cuando el ejecutivo estaba en manos del PSOE, que aprobó una cláusula, según la cual la empresa tenía derecho a ser indemnizada con el valor total de la inversión en caso de renunciar a la licencia de explotación del almacén de gas. El ministro de Industria no quiso entrar a valorar ayer la cuantía de las posibles indemnizaciones, lo que dependerán también de las condiciones de la renuncia.
Pese a la cautela expresada en público hasta el momento, el Ministerio de Industria no parece estar dispuesto a acabar pagando la totalidad de una inversión que a la vista de todos los informes publicados hasta ahora plantea muy serias dudas acerca de si la obra se llevó a cabo sin cometer ninguna negligencia. Precisamente, el Gobierno español sigue a la espera del informe encargado a expertos internacionales acerca de la seguridad del proyecto y la relación de causa y efecto entre la inyección de gas y los seísmos. En caso de que este último informe avale la tesis de que la inyección de gas no es segura porque provoca movimientos sísmicos, el Gobierno español tendría suficientes argumentos como para recurrir contra la indemnización por una presunta actuación negligente de Escal UGS.
El ejecutivo central ya recurrió ante el Tribunal Supremo contra la cláusula de indemnización, y aunque el Alto Tribunal denegó la petición del Gobierno, en su respuesta se abrió un nuevo escenario. El Supremo dijo que en caso “de actuación negligente o dolosa, la empresa podría ser o no indemnizada”.
Para poder financiar el almacén de gas, Escal UGS eligió una fórmula bastante novedosa en el sector energético, la emisión de bonos, en lugar de un crédito al uso. Los inversores pagaron por la adquisición de unos bonos que garantizaron sobre el papel la recuperación del capital desembolsado más unos intereses. Los bonistas que pagaron confiando en que el Castor era un proyecto seguro querrán ahora recuperar su dinero, si finalmente se acaba por confirmar que el almacén de gas se clausura y se desmantela. También el BEI exigirá poder recuperar el dinero desembolsado.
Tras enterarse a través de los medios de la decisión de Escal UGS, Xavier Pallarès, delegado de la Generalitat en las Terres de l’Ebre, cargó contra el Gobierno y la empresa propietaria por la falta de transparencia. Pallarès pidió “garantías” de que el almacén de gas se clausurará. “Mientras el Castor continúe vivo se mantiene el peligro”, destacó. La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, la entidad que ha liderado el movimiento social contrario al reservorio, alertó que la empresa ha renunciado a la licencia de explotación pero no a la indemnización. “No se puede indemnizar por un almacén que no está operativo”, dijo Evelio Montfort, portavoz de la Plataforma. Muchos interrogantes aún por responder.
26-VI-14, E. Giralt, lavanguardia