la religión de las empresas (sexo, religión y Obamacare)

Las corporaciones también creen en Dios.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una parte colateral, pero de gran simbolismo en la reforma sanitaria auspiciada por el presidente Barack Obama, al extender el concepto de persona y aplicarlo a las empresas.

Según la decisión avalada por los cinco jueces conservadores, en contra de los cuatro liberales, las sociedades controladas por familias creyentes están en su derecho de negarse a sufragar anticonceptivos a sus empleados, como establece la norma sanitaria. Consideran que esta regulación viola su libertad religiosa.

La más alta instancia judicial provocó así lo que se calificó como la tormenta política perfecta: sexo, religión y Obamacare.

A las puertas de su edificio se congregaron partidarios de la libertad religiosa y de los que defienden el control de natalidad.Era la escenificación de la profunda división ideológica en que se halla sumido el país.

Además de instar a la guerra de la contracepción, la resolución supone un varapalo al presidente allí donde más duele, en la pieza principal de su legado.

La reforma sanitaria, u Obamacare, ha sido el fuelle de la expansión ultra del Tea Party. Su promulgación en el 2010 y la ratificación en el 2012 por este tribunal -el presidente, el conservador John Roberts, hizo un quiebro y votó con los progresistas- no fueron más que factores para incrementar el acoso reaccionario.

Hay otro plato en la balanza. No sería equitativo olvidar que esta nueva sanidad se convirtió en uno de los reclamos que propulsó a Obama a ganar con claridad su segundo mandato.

El republicano John Boehner, presidente del Congreso, insistió en que el fallo demuestra que "la ley sanitaria sigue siendo un caos y un lastre económico, debemos derogarla". Sin embargo, el profesor Timothy Jost declaró a The Washington Post que, pese al alboroto político, la ley en su conjunto no se ve afectada por la resolución. "El caso no es sobre la ley, sino sobre religión", precisó.

"Una corporación es simplemente una forma de organización utilizada por los seres humanos para alcanzar los fines deseados", escribe el ponente de la sentencia, el juez Samuel Alito, para certificar la fe de las empresas y eje central del pleito.

Que este reconocimiento vaya en perjuicio de la salud pública, en concreto de la de las mujeres, y la igualdad de género, les preocupa menos. "La manera más sencilla de conseguir esto -asegura el tribunal- sería que el Gobierno suministrase anticonceptivos a las mujeres que no puedan obtenerlos por la objeción religiosa de sus empleadores".

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, mostró respeto por la decisión, pero advirtió que "pone en peligro la salud de la mujeres". Serán ellas, remarcó, las que deberán tomar decisiones y emplazó al Congreso a intervenir para mitigar los efectos. "Continuaremos -dijo en relación al Gobierno- mejorando la salud de los americanos ayudando a que las mujeres tengan más y no menos". La resolución se debe a la reclamación de tres empresas y abre la puerta a que otras compañías desafíen las leyes al disponer del argumento del ataque a su libertad religiosa.

Así lo subrayó la magistrada Ruth Ginsberg en su voto discrepante. La resolución oficial afirma que las empresas de este asunto son sociedades que no cotizan y bajo control de una misma familia. "Nadie duda de la sinceridad de sus creencias religiosas", añade, mientras que se considera difícil que los ejecutivos de grandes corporaciones se pongan de acuerdo sobre sus creencias,

Una de las reclamantes es Hobby Lobby, cadena nacional de 500 establecimientos dedicados a la venta de artesanía y manualidades. Sus dueños -David y Barbara Green- son cristianos evangélicos. Cuentan con más de 13.000 empleados. Otra firma es Mardel, con unas 35 librerías y 400 trabajadores, a cuyo frente se halla un hijo de los Green. La tercera se llama Conestoga Wood Specialties, que fabrica armarios de cocina. Sus propietarios, los Hahn, son menonitas. Su nómina cuenta con 950 personas.

El tribunal plantea que las pequeñas empresas, los trabajadores de organizaciones religiosas, como las iglesias, o sin ánimo de lucro ya están excluidos de esa atención contraceptiva. Si se impone a las corporaciones familiares, esto sería una carga excesiva contra su credo y su economía, al exponerse a multas severas.

1-VII-14, F. Peirón, lavanguardia