El Algarrobico, símbolo de un régimen político sólo aparentemente democrático
Enésimo golpe de efecto judicial en el caso del hotel El Algarrobico, cuya construcción se encuentra paralizada desde el 2006. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ayer que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, a la promotora Azata del Sol es conforme a derecho y no viola ni la ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
La decisión abre un nuevo escenario sobre el futuro del hotel al estimar los recursos presentados por el ayuntamiento carbonero y la empresa promotora contra el fallo del juez de Almería Jesús Rivera, que en el 2008 ordenó la revisión de oficio de la licencia municipal de obras, al considerar que el edificio invadía el dominio público marítimo-terrestre que establece la ley (prohibición de edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar) y que se levantaba en suelo no urbanizable de especial protección.
El tribunal declara que la licencia fue otorgada con arreglo al planteamiento urbanístico vigente en el 2003, que había sido aprobado por la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, y que contaba con informes previos favorables de la administración del Estado, que como titular de la defensa de las costas no opuso ningún inconveniente.
Desmontando El Algarrobico, una plataforma que agrupa a 25 organizaciones que se oponen al hotel anunció ayer "una larga batalla y recursos ante todas las instancias jurídicas posibles". Varios grupos recurrirán de manera inmediata al Tribunal Constitucional y al Parlamento Europeo. Los ecologistas lamentan que la sentencia legaliza la ocupación del suelo protegido del parque y también "de manera insólita y contra múltiples sentencias del Tribunal Supremo, la ocupación del deslinde de costas". En su opinión, la sentencia abre la puerta a que se pueda construir en el mismo borde del mar.
El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, mostró su satisfacción por la sentencia e indicó que el Ayuntamiento va a luchar para que la Junta y el Gobierno "no pongan más trabas al hotel". Hernández considera que ahora es la empresa promotora "la que debe tomar las riendas del asunto para, si lo considera oportuno, terminar el hotel y ponerlo a disposición de la ciudadanía y los turistas". Si no lo hace, el futuro del inmueble (una veintena de plantas y 411 habitaciones) pasaría al Consejo Consultivo de Andalucía, que debería emitir un informe preceptivo y vinculante.
Los ecologistas habían advertido de que la sentencia se conocería en plenas vacaciones "para minimizar la respuesta de las organizaciones que se han opuesto de forma contundente a la continuidad de un hotel que es símbolo de la especulación y la destrucción del litoral español", dice Jaime del Val, de la organización Desmontando El Algarrobico.
31-VII-14, A. S. Ruiz, lavanguardia