donde la ley electoral no sirve para mejorar la democracia sino para empeorar la partitocracia
Lo importante es participar. Este eslogan del idealismo social parece tener más vigencia que nunca. Sin embargo, en la política como en el deporte lo importante en realidad es ganar. Incluso a costa de forzar el reglamento. Al fin y al cabo, y como recuerda quien fue líder del Partido Liberal canadiense, Michael Ignatieff, en su libro Fuego y cenizas, las protestas ante la falta de respeto a las reglas y la pérdida de calidad democrática sólo provocan "bostezos" entre el público. Las reacciones sancionadoras se limitan al pequeño grupo de ciudadanos que siguen con atención las jugadas. La política no es el fútbol.
La controvertida propuesta de reformar el método de elección de los alcaldes aparece, por tanto, como un claro intento de modificar el reglamento ante un partido que presenta más dificultades de las previstas para el único equipo, el PP, con capacidad en este momento, gracias a su mayoría absoluta en las Cortes, para fijar las normas en solitario. Y que puede hacerlo, además, sin riesgo de un castigo de sus votantes.
En esencia se trataría de convertir en mayorías absolutas las previsibles mayorías relativas -algunas francamente exiguas a tenor de los resultados de las recientes elecciones europeas- a las que pueden aspirar los populares en la mayor parte de las grandes ciudades y capitales de provincia en los comicios locales de la próxima primavera. Y esas taumatúrgicas mayorías absolutas asegurarían al actual partido en el Gobierno unas alcaldías que bien podrían perder si la oposición uniera sus fuerzas.
El principal argumento a favor de la reforma -dentro de un proyecto de regeneración democrática paradójico, pues va en contra de las preferencias por una mayor proporcionalidad que expresan los españoles- es impedir que una "coalición de perdedores" pueda arrebatar el consistorio al partido más votado e imponer al frente de la alcaldía a una persona que no han elegido los ciudadanos (como si se tratara de unas elecciones presidenciales cuando, en realidad, lo que votan los electores en los comicios locales es la composición del pleno municipal que, a su vez, elige al alcalde). Y de hecho, el sistema más extendido para las elecciones locales en Europa es el proporcional sin prima para el ganador. Eso sí, de entre los grandes países, Francia, Italia y Reino Unido funcionan con diversas variantes del sistema mayoritario, mientras que en Alemania depende de cada territorio federado.
En el caso español, la apocalíptica perspectiva (para quienes pueden perder el poder) de que no gobierne el partido más votado es sólo un futurible. La realidad actual no exhibe una cifra significativa de casos, en el ámbito de las grandes ciudades, en los que el partido más votado haya sido apartado del poder por una amalgama de "fuerzas negativas". Así, por ejemplo, de las 52 capitales de provincia, actualmente sólo en cinco no ostenta la alcaldía el partido más votado. Y de esas cinco, sólo en dos podría hablarse de una cierta "perversión" del resultado por efecto de una "alianza de perdedores".
De hecho, en Ourense, Segovia o Pontevedra, la distancia entre el PP y el partido que ocupa la alcaldía es en algún caso de apenas tres décimas (de modo que se registra un empate en número de concejales). Y quienes inclinan la balanza suman más de diez puntos en porcentaje de voto. Sólo en Lugo -donde la ventaja del PP sobre el PSOE es de casi seis puntos- o en Zaragoza -donde supera los 14 puntos- se registra la paradoja de que una formación con entre el 41% y el 44% de los sufragios se vea desplazada de la alcaldía (aunque los "perdedores" sumen en conjunto entre el 45% y el 50% de las papeletas).
Ciertamente, con más de 8.000 municipios en el conjunto de España es posible encontrar muchos más ejemplos en los que no gobierna la lista más votada (desde Vigo hasta Sant Vicenç dels Horts). Y si la prospección se amplía al pasado, los casos pueden adquirir mayor vistosidad y afectar al partido que ahora aspira a corregir esa "disfunción" y a neutralizar así sus propias tentaciones: en 1989 el PP se hizo con la alcaldía de Madrid pese a que el PSOE le aventajaba en siete puntos, con casi el 41% de los votos, y en 1991 el centroderecha hizo lo mismo en Valencia, a pesar de que Rita Barberá quedó doce puntos por detrás de la socialista Ródenas. Y algo similar ocurrió en Sevilla en beneficio del PA. Sin embargo, no hay que olvidar que los "perdedores" sumaban en conjunto más votos que el primer partido (entonces, el PSOE).
En cualquier caso, el proyecto de introducir una prima en beneficio del ganador se plantea ahora ante la perspectiva de un mapa político muy fragmentado, en el que la primera fuerza a duras penas suma más del 25% de los sufragios, de acuerdo con el resultado de las últimas elecciones europeas. De ese modo, aunque en 43 de las 52 capitales de provincia, el PP fue el partido más votado, sólo en Ceuta y Melilla superó el 40% de los votos. En 12 de las 52 capitales logró entre el 35% y el 39% de las papeletas, y en 14 quedó por debajo del 30% (hasta el punto de que en Vitoria fue primera fuerza con un 17% de las papeletas). Y por lo que respecta a sus preciadas capitales, en Madrid el PP obtuvo en mayo pasado un 32% de los votos; en Valencia y Alicante, un 28%; en A Coruña, un 27%, y en Málaga y Sevilla incluso perdió ante el PSOE.
El resultado de esas proyecciones sobre unas elecciones locales dibujaría un mapa territorial en el que 20 capitales contarían con una heterogénea mayoría de izquierdas (entre ellas Valencia), mientras que en las restantes (Madrid incluida) la alcaldía se decidiría a partir de pactos en los que, salvo en Euskadi, Navarra y Catalunya, UPyD actuaría como el partido bisagra que completaría la mayoría absoluta. Eso con el modelo vigente desde 1979.
¿Qué ocurriría si se implantara un sistema mayoritario de prima al ganador, en una o dos vueltas? Pues si, por ejemplo, se aplicara un modelo similar al francés, que permite a la fuerza más votada en la segunda vuelta (con o sin mayoría absoluta) hacerse con la alcaldía y al menos la mitad de los concejales, los populares podrían gobernar 43 de las 52 capitales de provincia, en algún caso habiendo obtenido menos del 20% de las papeletas.
Por supuesto, se trata de un escenario de absoluta política ficción. Primero, porque no se puede extrapolar los resultados de unas europeas a unas municipales, y, segundo, porque un sistema mayoritario (a una o dos vueltas) generaría inevitablemente coaliciones preelectorales para no quedar inexorablemente apartado del poder. Es lo que ocurre en Francia, donde la segunda vuelta suele registrar un reagrupamiento del voto en torno a las marcas mejor colocadas a izquierda y derecha (o, últimamente, para evitar que una formación extremista, como el Frente Nacional, pueda imponerse gracias a la división de las fuerzas centrales).
Sin embargo, muchos expertos coinciden en que la prima al ganador supone una pérdida de calidad democrática, pues deja a muchos ciudadanos sin representantes visibles o con capacidad de decisión en las instituciones locales. Es como si en un intento desesperado de salvar el bipartidismo se optara por ilegalizar la realidad electoral. De hecho, si los artífices de la transición optaron por un sistema electoral proporcional corregido fue, entre otras razones menos respetables, para evitar la política de bloques de la II República. Entre 1931 y 1936, el ganador en cada circunscripción se hacía con una representación muy superior a su peso en votos, lo que propició heterogéneas coaliciones preelectorales a izquierda y derecha, en las que convivían fuerzas moderadas con otras muy radicales.
Ahora, en cambio, los intereses partidistas parecen dispuestos a hacer tabula rasa de la complejidad de España en una operación que puede suponer pan para hoy y hambre para mañana.
7-IX-14, C. Castro, lavanguardia